El cementerio de las vivas: Más de 20 muertes bajo custodia del Estado se han registrado en el Cefereso 16

En México, existe una única cárcel federal exclusivamente para mujeres. Ubicado en Coatlán del Río, Morelos, lleva como nombre Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16 (Cefereso 16), pero es conocido como el “cementerio de las vivas”.

El Cefereso 16 recibe a mujeres provenientes de todo el país. Desde el exterior, puedes notar que no es un territorio transitado o que esté en buenas condiciones. La periodista Beatriz Guillén, lo describe en El País como un “campo quemado”.  

En 2015, cuando empezó a operar de manera oficial como un penal de máxima seguridad, se anunció que tendría una capacidad para 2,528 internas. Para incrementar el aforo y justificar los pagos del contrato, las autoridades federales intensificaron entre 2022 y 2023 el traslado masivo e irregular de mujeres desde diversos penales estatales del país hacia Morelos.

Denisse Rentería, Oficial de Reinserción Social de la Fundación Algaraza, explica que al tratarse de una prisión de máxima seguridad, el centro está destinado, en teoría, a personas acusadas o condenadas por delitos de alto impacto, como secuestro, delincuencia organizada o porte ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Aproximadamente el 80% de las mujeres recluidas no cumplen con el perfil para estar en una cárcel de máxima seguridad y el 40% permanece en prisión preventiva sin sentencia. 

“Esto ha dado lugar a un espacio donde conviven mujeres con trayectorias penales muy distintas”, explica a Prison Insider. Además, muchas de ellas están alejadas a miles de kilómetros de sus familias, defensas legales y hogares. Como resultado, más del 95% sufre un abandono forzado. Entre ellas, el 86% son madres. 

Un boletín informativo lanzado en 2025 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo advirtió sobre las condiciones inadecuadas del Cefereso 16, como imponer el aislamiento de hasta 23 horas al día, permitir solo una visita cada 11 días, lo cual se convierte en un obstáculo para muchas familias por la distancia, y una llamada telefónica semanal de 10 minutos. 

También se ha documentado la falta sistemática de atención médica, ginecológica y psiquiátrica especializada, llevando a las internas a enfrentarse a desabasto de medicamentos, insalubridad y mala calidad en los alimentos. Respecto a este último punto, Animal Político lanzó un reportaje sobre el caso de intoxicación masiva de 404 mujeres en 2022. No había personal médico en aquel entonces. 

El aislamiento prolongado, la incertidumbre jurídica y el manejo inadecuado de la salud mental han detonado una alta incidencia de conductas de autolesión en los últimos años. Al menos 20 mujeres privadas de la libertad han muerto, y existe un número sin precedentes de intentos de autolesión.

¿Suicidios o muertes en custodia? 

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil, han registrado hasta 20 muertes en los últimos años. Todas son registradas en condiciones de aparente suicidio.

En 2024, la CNDH determinó que de 13 casos de suicidio analizados en sus investigaciones, 6 mujeres recibieron atención psicológica o psiquiátrica ineficiente e insuficiente, mientras que las otras 7 no tuvieron ningún tipo de intervención especializada.

Por otro lado, exinternas y defensores públicos han denunciado que se administraban medicamentos controlados de forma generalizada para mantener a las reclusas sedadas para evitar brindarles un seguimiento psiquiátrico adecuado. Además, a quienes requerían tratamiento continuo se les suspendía el suministro, provocando severas crisis de abstinencia y desesperación.

Las mismas familias y organizaciones civiles cuestionan la versión oficial de suicidio en varios de estos casos. En algunos, destacan que las mujeres que estaban por obtener su libertad se mostraron optimistas en llamadas previas. En otros casos, algunas de ellas habían denunciado agresiones y amenazas dentro del penal antes de morir.

El IFDP también ha señalado que la Fiscalía General del Estado de Morelos ha omitido líneas de investigación sobre feminicidios en todos los casos. Además, se le ha restado responsabilidad administrativa al personal penitenciario. Animal Político declaró que de 97 funcionarios denunciados ante Órganos Internos de Control por omisiones en el penal, al menos 66 expedientes fueron archivados sin sanciones.

Organizaciones civiles como Documenta A.C. y CEA Justicia Social, han advertido que la pérdida de contacto familiar, las condiciones indignas y la omisión del Estado para garantizar la salud mental son los detonantes de la ola de suicidios e intentos de autolesión en el penal. Sin embargo, recuerdan que es necesario cambiar la forma en la que vemos estos aparentes suicidios y empezar a verlos por lo que son, como muertes bajo custodia del Estado.