Rubén Ibarra, rector de la UAZ, detenido por violación: así responde la Universidad

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras la detención de su rector, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, acusado de violación equiparada agravada contra una menor de edad. La captura ocurrió el 9 de mayo, apenas días antes de que se definan las nuevas autoridades universitarias, sumiendo a la institución en un escenario de incertidumbre política, institucional y ética.

Según confirmó la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la detención se realizó con base en un mandamiento judicial vigente. El sábado 10 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual la representación social detalló los cargos al imputado. A petición de su defensa, la audiencia continuará el lunes 12 de mayo. Mientras tanto, el rector permanece en prisión preventiva en el penal de Cieneguillas. Dado que la víctima es menor de edad, el proceso se realiza bajo estricta confidencialidad y a puerta cerrada.

La acusación penal, derivada de una denuncia interpuesta en noviembre de 2024, ha sido desvinculada oficialmente de la vida universitaria. Tanto la Fiscalía como la Secretaría General de la UAZ han subrayado que se trata de un procedimiento “estrictamente personal”, sin relación con su desempeño institucional. “La Universidad no se encuentra acéfala”, recalcó el secretario general Armando Flores de la Torre, quien asumió la rectoría de forma interina conforme a la Ley Orgánica.

Sin embargo, es imposible ignorar la dimensión política del caso. La detención de Ibarra Reyes ocurre a cuatro meses del término de su gestión y en plena campaña por la renovación de más de 700 cargos universitarios, incluido el de rector. Las votaciones iniciaron con el sistema semiescolarizado el 10 de mayo, y el grueso de la jornada está previsto para el 14 de mayo.

La contienda entre los candidatos Ángel Román Gutiérrez —ligado al actual rector por haber sido su secretario general— y Jenny González Arenas —exdirigente sindical y opositora declarada a la gestión de Ibarra— ha estado marcada por acusaciones mutuas. Desde filtraciones sobre la denuncia penal contra Ibarra hasta señalamientos contra González por presuntas compras irregulares, ambas campañas han intercambiado golpes que muchos han calificado como “campañas negras”.

Este contexto tensa aún más la percepción pública sobre la transparencia del proceso electoral interno y pone en entredicho la salud democrática de la UAZ. Aunque las autoridades insisten en la independencia del proceso judicial respecto a la vida institucional, los tiempos y conexiones entre actores políticos al interior de la universidad complican esta separación.

El futuro de la UAZ, al menos a corto plazo, dependerá no solo del desenlace jurídico de Rubén Ibarra, sino también de la capacidad de su comunidad para sostener un proceso electoral legítimo, libre de presiones y deslindado de escándalos que comprometan su autonomía y credibilidad.