Mientras la economía mundial sufre, la Familia Trump multiplica su fortuna con negocios inmobiliarios y criptomonedas

Durante décadas, las líneas entre el poder político y los negocios privados han sido difusas en la historia de Estados Unidos. Pero bajo el segundo mandato de Donald Trump, esa línea no sólo parece desdibujada: ha sido sustituida por una autopista de cuatro carriles hacia el enriquecimiento personal. En tan solo un año, la fortuna del presidente y su familia aumentó cerca de 3 mil millones de dólares, según una investigación destacada por The New York Times y otros medios. La clave: una combinación explosiva de bienes raíces de lujo, criptomonedas y un marketing sin precedentes de la imagen presidencial.

Desde 2021, Trump ha convertido su figura política en un activo transable. Literalmente. Criptomonedas como $Trump y $Melania, promovidas como “memecoins” y con comisiones de hasta 100 millones de dólares en solo semanas, son parte de un ecosistema financiero informal donde la lealtad política se mide en tokens. Empresas como Freight Technologies en México han comprado millones en estas monedas como una forma de “promover el libre comercio”. Lo que en otro contexto podría parecer una inversión estratégica, en este es una manera implícita —y legalmente ambigua— de comprar acceso al presidente. Una cena privada con Trump y un tour exclusivo por la Casa Blanca fue el premio para los 220 mayores inversionistas en su criptomoneda. Precio: no revelado, pero el valor de la moneda subió 60% tras el anuncio.

Las cifras marean. Un hotel en Dubái, una torre de lujo en Yeda, campos de golf en Catar, un club privado en Washington con membresía de 500 mil dólares… y eso sin contar la operación minera de Bitcoin lanzada por Donald Jr. y Eric Trump, ni las inversiones en la plataforma World Liberty Financial (WLF), que asegura haber captado más de 550 millones de dólares, en parte gracias a una inversión de 2 mil millones desde Abu Dabi. La empresa no ha hecho públicos los términos del acuerdo, pero se sabe que entidades ligadas a Trump poseen el 60% de WLF y recibirán el 75% de sus ingresos futuros.

Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca defiende la legalidad del fideicomiso donde se encuentran los bienes de Trump, administrado por sus hijos. Sin embargo, informes financieros obligatorios revelan que el presidente sigue beneficiándose de los negocios operados por su familia. La comparación histórica no favorece a Trump: mientras Jimmy Carter colocó su plantación en un fideicomiso ciego para evitar conflictos, Trump mantuvo su control patrimonial intacto. La diferencia: ahora hay criptomonedas, plataformas descentralizadas y eventos de recaudación de fondos que escapan al escrutinio público.

Las implicaciones son profundas. Legalmente, el presidente no está sujeto a la ley penal de conflicto de intereses, pero sí a la obligación de declarar activos. No obstante, la opacidad reina: muchas de sus tenencias están estructuradas a través de cientos de sociedades de responsabilidad limitada, lo que complica el rastreo del origen y destino de los fondos. Las criptomonedas, por su parte, operan en un entorno desregulado, y ni siquiera se requiere revelar quién compra o vende. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pausó investigaciones a criptoempresas tras la investidura de Trump, incluyendo el caso contra Justin Sun, inversor de World Liberty Financial.

La venta de acceso es explícita y el beneficio es directo. Como lo resume Susan Glasser, de The New Yorker, “el monto de dinero que fluye a las arcas de la familia es de una escala y un alcance alucinantes”. A diferencia de casos previos, como el de Hunter Biden o Neil Bush, aquí no sólo hay conflicto de interés: hay integración vertical entre política, imagen y rentabilidad. Eric y Donald Jr. recorren Medio Oriente y Europa cerrando acuerdos; Trump emite órdenes ejecutivas que favorecen sus activos; y la comunidad de inversores responde comprando fichas digitales del culto a la personalidad.

¿Y el impacto político? Las encuestas ya reflejan un desgaste. Aunque Trump aún conserva una base fiel que invierte más con devoción que con criterio financiero, su popularidad ha caído entre votantes independientes. La percepción de que gobierna desde una burbuja de multimillonarios y que utiliza la presidencia como trampolín económico ha empezado a erosionar su imagen. Sus decisiones políticas, sus publicaciones en redes y hasta sus silencios influyen en el valor de sus criptoactivos, generando un ecosistema donde el poder político es, literalmente, una inversión.

La pregunta que muchos analistas repiten no es si Trump está violando la ley —el marco legal estadounidense permite amplios márgenes—, sino si está deformando el concepto mismo de presidencia. Cuando el presidente actúa como CEO de una corporación que vende acceso, influencia y tokens digitales con su cara, el riesgo no es sólo económico, sino democrático. Porque si el negocio es la presidencia, ¿quién regula al empresario que la dirige?