Surge grupo de autodefensa en Chiapas: Van 14 defensores indígenas asesinados en lo que va del 2021

En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios. De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.

“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello” .- Frayba

También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia sobrevivientes, las familias y comunidades.

Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Foto de Luis Enrique Aguilar | Fuente: Avispa Midia

El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes en el municipio de Simojovel.

Chiapas, violencia desbordada

Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.

En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.

Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.

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En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de más de 10 comunidades del municipio.

Nueve días después de la denuncia Simón Pedro Pérez López fue asesinado

“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo. Tras el asesinato, la mañana de este miércoles se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó.

Ante el abandono gubernamental, que ha desestimado los ataques y el desplazamiento forzado de la población en la zona, organizaciones civiles realizan labores de apoyo para las familias afectadas.

Reportes preliminares mencionaron el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos, además de catear viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves.

Mientras, en pronunciamiento difundido la tarde del mismo día, decenas de individuos y organizaciones nacionales e internacionales mencionaron que ante el vacío del estado de derecho, grupos de defensores de pueblo de Pantelhó protegen a sus familias ante agresiones del crimen organizado.

Surge grupo de autodefensa en Pantelhó

Ante el desprecio de las autoridades, en los tres niveles de gobierno, un grupo de autodefensa en Pantelhó ha hecho su aparición pública. El grupo autodenominado “El Machete” asegura que “Desde hace varios años somos testigos de los asesinatos que han hecho de nuestros abuelos padres e hijos. Hemos visto cómo nos roban y despojan de nuestros bienes”, señalaron, sin que los gobiernos federal y estatal atiendan la situación.

Como puede leerse en el portal de Aristegui: “En el año 2019 fue detenido Austroberto, pero la violencia no se terminó”, mencionaron. En agosto de 2019, Herrera fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), por su presunta participación en el asesinato de Edgar Eleazar Herrera Trejo, de 33 años, y Carlos Trejo Hernández, de 54 años, ocurridos en el municipio.

Explicaron que, a partir de ese momento, un proceso de reflexión los llevó a tomar la decisión de formar silenciosamente el grupo de autodefensa: “Analizamos que Raquel Trujillo Morales (presidente electo de Pantelhó) traerá muchos muertos, por eso dijimos basta, ya basta, basta de tantos sufrimientos y derramamientos de sangre”. Por tal motivo, decidieron entrar al pueblo el pasado miércoles 7 de julio a las cuatro de la mañana, “no para atacar el pueblo, sino para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizados”.

Agresiones sistemáticas

La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.

Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.


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Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa “Paso de la Reina” | Fuente: MongaBay

Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.

María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.

Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.

“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.


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Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.

“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.

Con información de Desinformémonos, Avispa Midia, CDDH Frayba y Aristegui Noticias

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