Iniciativa del Verde Ecologista pone en riesgo la biodiversidad de México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en un análisis de la iniciativa que promovió la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, y que está en el Senado, consideró que se hace más flexible el régimen de protección de las áreas naturales protegidas, lo cual es un franco retroceso respecto del marco legal vigente.

La iniciativa de la Ley General de Biodiversidad plantea cambios en la conservación, como echar abajo la Ley General de Vida Silvestre y afectar la ley marco, que es la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), al sacar de ésta el capítulo de áreas naturales protegidas. Sumado a esto perjudica especies sobre las que hay vedas, como las tortugas marinas y loros, ya que promueve el aprovechamiento de la flora y fauna, señalan expertos.

Precisó que mientras la LGEEPA determina que en las áreas naturales protegidas se permite únicamente cierto tipo de actividades, en la iniciativa se plantea que se dará preferencia a esas actividades. Agrega que tampoco incluye mecanismos para garantizar la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas por el establecimiento de áreas naturales protegidas. Al eliminar la legislación de vida silvestre, omite la prohibición del aprovechamiento de tortugas marinas y de pericos o loros.

Intereses comerciales tras las banderas de conservación

Se vuelve a constatar que los intereses comerciales basados en banderas falsas de conservación son las manos que mecen la cuna de esta iniciativa de ley, consideró en entrevista María Elena Sánchez de la organización Teyeliz. Se empodera a la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y se desdibuja a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, explicó.

Ahora si se quitan las salvaguardas a tortugas marinas protegidas por convenciones internacionales, se da pauta para embargos comerciales contra el país, indicó. Se abren al mejor postor las especies y se da paso a aprovechamientos, se quitan vedas, protecciones, salvaguardas y regulaciones necesarias, sobre todo cuando hay instituciones del sector ambiental debilitadas con menor presupuesto y personal, aseveró.

El Cemda también se refirió a que en el tema de inspección y vigilancia se definen supuestos que no se ajustan a la realidad, como otorgar una copia simple para comprobar la legal procedencia de especies, las cuales pueden ser falsas. Destacó que son confusas las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que en algunos puntos se podría violar el debido proceso.

Científicos rechazan la iniciativa

Académicos y científicos agrupados en la Red Temática del Patrimonio Biocultural (CONACYT) reclamaron, en una carta fechada el 15 de noviembre del 2016, diversas fallas y exigieron que sea “suspendida de inmediato”.

Las objeciones que presenta esta Red a la Iniciativa de Ninfa Salinas son:

1.  Esta Iniciativa afectará vastos sectores de la sociedad rural y en específico a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por lo que éstos deben ser consultados y exponer el consentimiento previo libre e informado y de buena fe, según los estándares internacionales.
2.  La Iniciativa omite derechos humanos de los pueblos indígenas y en general de los ciudadanos enunciados en el artículo primero y segundo constitucionales, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3.  La Iniciativa fue elaborada sin cumplir con los mínimos cuidados que requeriría una legislación de tal envergadura. Adolece de definiciones centrales como la de sustentabilidad y da lugar a graves confusiones en términos de derechos. Tiene errores en las numeraciones de los artículos e incisos y es repetitiva en algunos de ellos.
4.  La Iniciativa se presentó a un mes de la reunión de la COPs 13 del CDB, sin tener el respaldo de un debate nacional con sectores y organizaciones indígenas, campesinos, académicos y sectores ligados a la gestión socioambiental.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en un texto firmado por Carlos Ávila Bello (Universidad Veracruzana) en colaboración con Emma Estrada Martínez (Universidad Autónoma Chapingo) y Miguel Pinkus Rendón (UNAM), también manifestó su rechazo a la iniciativa ya que representa un “instrumento legal articulado con otras iniciativas promovidas por intereses privados interesados en la riqueza natural de México”.

También exigieron una moratoria inmediata al Protocolo de Nagoya y a su proyecto de aplicación en México, que incluye la llamada “gobernanza de la biodiversidad”. Llamaron a “promover un debate nacional amplio, abierto y plural, que debe incluir la participación efectiva de pueblos originales y campesinos, y de todos los actores que se puedan ver afectados por este tipo de iniciativas”.

Además apuntaron que “es crucial asegurar el respeto a los derechos de los pueblos originales de continuar conservando la biodiversidad de sus territorios estrechamente ligada a la generación de la riqueza biocultural de los mismos. El bien común y el futuro de la biodiversidad de México deben anteponerse a los intereses privados que ambicionan esta riqueza. La biodiversidad del país es crucial para lograr la autonomía y seguridad alimentaria, así como la reproducción comunitaria de las culturas, que dan sentido a México como nación pluricultural”.