Los migrantes deben tener un lugar en el país y en la constitución


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Bertila Parada vio partir a su hijo Carlos Alberto el 17 de marzo de 2011, su destino era Estados Unidos. Nueve días después Carlos Alberto llamó para decir que se encontraba en Monterrey, esa fue la última vez que escuchó su voz.

Pasaron casi dos años para que Bertila volviera a tener noticias de su hijo, desde la Fiscalía General de la República de El Salvador, le llamaron diciendo que los restos de su hijo habían sido identificados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas; desde entonces recorre un largo y tortuoso camino para la obtención de justicia.

Al pedir documentos para comprobar la identidad de Carlos, no obtuvo respuesta. Su hijo desapareció entonces, por segunda vez. Un año después la Cancillería salvadoreña le pidió, a nombre del gobierno mexicano,  firmar la autorización para que los restos de su hijo fueran cremados y repatriados. Bertila se negó y con ayuda de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), impidieron la cremación de su hijo y otros cuerpos encontrados en las fosas de San Fernando.



Masacres de migrantes en Tamaulipas

El 25 de agosto de 2010, hallaron los cuerpos de 72 migrantes en el rancho “El Huizachal”. 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados por un grupo del crimen organizado en complicidad con la policía. Un año después en la misma localidad de San Fernando, se descubrieron en total, 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas, la mayoría de los cuerpos pertenecían a migrantes y mostraban signos evidentes de tortura.

Al igual que Bertila, familiares de los migrantes encontrados en las fosas clandestinas, siguen luchando por que el estado mexicano los reconozca como víctimas migrantes, lo cual no sólo implica un adjetivo sino el derecho al acceso a los expedientes de las investigaciones, a tener representantes legales, a la asistencia y a la reparación integral de los daños.

El día de ayer familiares de los migrantes asesinados provenientes de Guatemala, Honduras, Brasil y El Salvador, se reunieron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir justicia y una resolución favorable para el caso de Bertila, ya que esta marcara un precedente para todos los casos que se encuentran en espera de su reconocimiento como víctimas migrantes. Además de la clasificación de los crímenes como graves violaciones a los derechos humanos para que de esta forma se puedan hacer públicos los expedientes de las investigaciones.

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Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Después de un largo litigio, se solicitó que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su importancia y trascendencia. La petición fue aceptada y en unas horas, la SCJN decidirá sobre el amparo, el proyecto de resolución estuvo a cargo del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Lo positivo:


-El proyecto reconoce a Bertila parcialmente como víctima y determina que como tal tiene derecho a tener copias íntegras del expediente.

-Habla del derecho a la verdad como un derecho de los familiares de víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, el derecho a que se conduzca una investigación y se esclarezcan los hechos.

Lo que preocupa:

-No clasifica los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos.

-No se reconoce a la víctima directa ni a sus familiares como víctimas de desaparición y no reconoce el trato cruel que recibieron por parte de las autoridades en el camino para lograr la identificación de los restos.

-No se toma en cuenta la vulnerabilidad adicional de las víctimas por ser migrantes.

-No busca dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el estado.

Para Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD y para los comités de migrantes DSC03841centroamericanos desaparecidos, esta es una oportunidad para complementar el proyecto presentado por el Ministro Pardo Rebolledo y para que desde el poder judicial se reconozca la extrema vulnerabilidad que enfrenta la población migrante.

“Los migrantes deben tener un lugar en el país, deben tener un lugar en la constitución”, dijo Ana Lorena al salir de una reunión con los secretarios de los magistrados un día antes de la resolución.

 


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