Medios públicos: entre lo analógico y lo digital

Desde hace varios años en materia de telecomunicaciones vivimos un debate permanente que refiriéndose a un tema técnico como lo es transitar de lo analógico a lo digital, en realidad encierra aristas concernientes a la comunicación pública del Estado mexicano. Es decir, durante meses, diferentes actores han señalado, no sin falta de razones, que retrasar el llamado apagón analógico para transitar a la era digital en las telecomunicaciones es un hecho Legislativo que beneficiaría necesariamente a uno o algunas de las empresas dedicadas a este sector en el ámbito de lo privado y por tanto a la televisión o radio comerciales, empero, también es preciso asentar que en nuestro país existe una red de medios públicos que no están preparados para realizar este cambio debido a falta de políticas especializadas y a la carencia de recursos.

En México el modelo de telecomunicaciones se definió o decantó por lo privado, de ese modo, lo que priva en los contenidos de los medios obedece fundamentalmente a un modelo de mercado donde los contenidos se definen en función de las audiencias, de la rentabilidad y el beneficio. Ante esta evidencia, el Estado mexicano desde hace varias décadas previó la construcción de una red pública de radiodifusoras y televisoras con una función social, esto es, con la función de servir a la ciudadanía desde otros ángulos, visiones, y sobre todo contenidos. Aquí se ubican las radiodifusoras indígenas que a lo largo de nuestra República transmiten en lenguas indígenas, que prestan servicios concretos a las comunidades y que son un vehículo sustancial para dar vitalidad a las lenguas maternas de millones de personas.

En los países democráticos modernos donde privan los medios públicos de comunicación y aún los privados, las políticas para promover y estimular los medios públicos se traducen en sistemas de comunicación eficientes y competitivos en términos de calidad de la programación que difunden; debido a su capacidad de cobertura e impacto colectivo, promueven valores culturales, impulsan conocimiento locales y universales, estimulan la educación y refuerzan identidades específicas de pueblos, localidades, regiones y diversas adscripciones culturales en acción correlativa al fortalecimiento de un nosotros nacional, esto es, de la identidad nacional que en su eficacia es un factor fundamental para la convivencia social, la soberanía y la autodeterminación de cada país.

La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C (Red México) señala que más de la mitad de las 438 estaciones repetidoras que cubren el 70 por ciento del territorio nacional, con una audiencia potencial de más de 78 millones de personas, no han migrado a las transmisiones digitales. Además 29 de las 39 televisoras de Red México requieren recursos económicos para poder transmitir señales digitales, para darse una idea de esta necesidad baste señalar que cuentan con alrededor de 400 estaciones repetidoras.

Aquí es necesario abrir un paréntesis para asentar que la forma en que el Estado mexicano ha situado en materia de telecomunicaciones las coordenadas de lo público y lo privado no es la mejor, que prevalece un modelo de mercado y que los contenidos que se transmiten por los medios en manos de permisionarios privados son en su mayor parte de baja calidad, al mismo tiempo habría de advertirse que una televisora o una radiodifusora no por depender de los recursos públicos es necesariamente rica en contenidos, cultural o capaz de generar información valiosa y plural para el desarrollo democrático; lo que sí es preocupante es que se coloque a televisoras que no operan bajo modelos de mercado, que dependen de recursos públicos, que carecen de equipos y presupuestos de inversión ante esta disyuntiva.

Por ello, se ha propuesto que los medios que aún no cambian o modifican sus equipos tengan la posibilidad de dar continuidad al servicio, ya que de acuerdo al artículo 303, fracción XIV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corren el riesgo de perder su concesión. No es dable siquiera imaginar que pudieran desaparecer por un asunto técnico las experiencias comunicacionales en radio y televisión que por décadas han trabajado en materia cultural, servicio comunitario, orientación social, y defensa de los derechos humanos. Es paradójico que a los medios públicos no se les provea de medios suficientes para realizar los cambios que precisan para constituirse en una opción competitiva en el nuevo marco global de la comunicación en la era digital y que por otro lado pudieran perder la concesión por no realizar estos cambios.

De lo anterior se derivan los argumentos para estar a favor de que los permisionarios de uso público o social, incluyendo a las comunitarias e indígenas que no dispongan de condiciones para iniciar transmisiones el último día de diciembre de 2015 avisen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) para que se les autorice la suspensión temporal o en su caso, reduzcan su potencia radiada, y con ello les sea aplicable el programa de continuidad. En ningún caso se podrá autorizar plazos que excedan el 31 de diciembre de 2016.

Como puede apreciarse, en el fondo del debate Legislativo para encontrar las vías para que por una parte los permisionarios públicos y sociales reciban apoyo a fin de realizar procesos de cambio tecnológico y a la par para que puedan continuar sin perder la concesión hasta el 31 de diciembre de 2016, es una propuesta que nace de reconocer circunstancias y propósitos distintos. La función social de los medios públicos no se mide por su rentabilidad económica sino por las capacidades para proporcionar servicios a la ciudadanía en especial en las zonas alejadas, a las comunidades indígenas y a una diversidad de actores que pueden recibir materiales culturales  distintos a los que ofrece la televisión y radio comerciales.

Las experiencias y aportaciones de miles de personas abocadas a la defensa de los derechos humanos desde estos espacios alternativos son fundamentales porque dan voz a quienes no la tienen, porque generan equilibrios en el espacio público y porque permiten que otros relatos sobre el mundo tengan vigencia y legitimidad.

A veces, es difícil imaginar desde ciudades saturadas de señales y opciones comunicacionales en la era de la revolución informática la importancia que tiene para una comunidad alejada el tener acceso a la radio, la trascendencia que estos medios pueden tener ante situaciones de desastre, o bien los servicios que prestan ante situaciones de emergencia. Nuestro país tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados y existen decenas de miles de pequeñas comunidades para las cuales estos medios de comunicación son importantes en su vida cotidiana,  por ello, es necesario abrir el debate y pensar desde una visión ampliada los alcances de una decisión Legislativa para la vida concreta de personas y familias.    

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