Anclar el bienestar en el agua embotellada

Verhonica Zamudio Santos*

La canasta básica está comprendida por 40 productos, de los cuales 17 son de origen animal, vegetal, además de agua purificada. Agregar “agua purificada para leche en polvo” a la canasta básica implica institucionalizar su mercantilización para consumo humano esto es, el agua se convierte en un producto que el gobierno garantizará a través de ¿botellas?, ¿garrafones? No lo sabemos porque no se ha descrito la estrategia de distribución.

Lo que si sabemos es que las mediciones de la línea de bienestar basada en la canasta básica por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) consideran, desde hace tiempo, el gasto de agua embotellada por persona. Lo que nos pone de cara a una realidad: los gobiernos no han sabido afrontar el reto del derecho humano al agua y saneamiento.

Tres de cuatro hogares prefieren agua embotellada o de garrafón por sobre el agua del grifo, además que los hogares dirigen en promedio 52 pesos cada semana en su compra, según el Módulo de Hogares y Medio Ambiente del INEGI 2017.

La nueva canasta básica parece que no pretende revertir dicha predilección, a menos que el agua purificada esté disociada del agua embotellada. Sería un error que el bienestar en México tirara un ancla en el consumo de agua embotellada.

En general, la razón del alto consumo de este tipo de agua es la desconfianza de la calidad del agua potable, situación que no se resolverá acercando agua purificada a un bajo precio a la población más rezagada del país a través del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Según WHO-UNICEF, alrededor de 68 millones de mexicanos no contaban con agua libre de contaminantes en 2015, para darnos una idea, la cifra rebasa la población de los estados que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México y del Bajío.

No olvidemos que las grandes compañías como Danone, Coca-Cola y Pepsico han sabido hacer el negocio del agua con concesiones de explotación de acuíferos, que ha sido bastante documentado por organizaciones de la sociedad civil, para muestra el Informe sobre violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento en México, 2017. Tengamos en cuenta que el consumo de agua embotellada es social y ambientalmente insostenible. Una vez más se erige la necesidad de que el país cuente con una Ley General de Aguas vinculante al derecho humano al agua y saneamiento.

*Investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS, Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México, cuenta con una maestría en Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte, es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus intereses de investigación son la gestión del agua desde los mecanismos de participación social y su diversificación en América Latina. Es Monitor Comunitario del Agua por Global Water Watch. Ha trabajado en México con organizaciones no gubernamentales en materia de contraloría social en el sector hídrico, así como la desigualdad social entorno a la industria extractiva minera y el acceso al agua en las comunidades. Ha sido profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de Nayarit en la Unidad Académica de Economía. Contacto: verhonica.zamudio@ciss.net


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