Pese a prohibición siguen sembrando transgénicos en Campeche

La indolencia del gobierno mexicano para hacer cumplir los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó en evidencia una vez más, luego que la Misión de Observación Ciudad de México-Campeche denunció que no se ha frenado la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche.

En conferencia de prensa, dicho organismo dijo que pese a que en noviembre de 2015 la Segunda Sala de la Corte emitió la sentencia SCJN 499/19/, con la que decretaba la suspensión de los permisos de siembra y compra-venta de soya transgénica -que distribuía principalmente Monsanto en Campeche-, esa resolución no se ha ejecutado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), institución encargada de velar que se acate el fallo de la Corte, no tiene control sobre el monitoreo de las siembras.

Según la Misión de Observación, el Senasica constantemente cambia los datos de los cultivos, la información que ofrece es imprecisa e inaccesible -por uso de tecnicismos y sin traducción a lengua maya- y no hay un castigo a los infractores.



Estos datos son imprescindibles para la toma de decisiones de los mayas, dijo la antropóloga Margarita Rosales. Además, añadió que dicho servicio ha incumplido con los acuerdos pactados con las 34 comunidades.

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Por ello, la organización conformada por al menos 27 instituciones académicas y de derechos humanos, advirtió que la primera consulta en México a las comunidades mayas para decidir el cultivo o no de la soya transgénica en tierras peninsulares estaría en peligro.

La Misión hizo un llamado a las autoridades para que cumplan con la sentencia de la Corte y garanticen los derechos de las comunidades mayas en el proceso de consulta.

La resolución de la SCJN fue el resultado del amparo que 34 comunidades mayas interpusieron en 2012 para impedir el uso de estas semillas genéticamente modificadas al no ser consultadas y la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) no lo aprobó.

En noviembre del 2015, la SCJN resolvió la suspensión y consulta a las comunidades mayas, misma que inició en marzo de 2016.

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