Legislar con Evidencia: ¿Nuestros legisladores saben lo que votan? Parece que no

En Tercera Vía hemos abordado el tema de la Ley de Seguridad Interior (también conocida como #LeyGolpista) desde diversos ángulos. Primero, explicamos sus riesgos y realidades; luego, dimos a conocer la historia de Alejandro Madrazo y la base de datos que expone el fracaso de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, acaso la mayor evidencia en contra de la ley que busca entregar funciones de seguridad pública al Ejército. Publicamos también sobre el chantaje de las fuerzas armadas al presidente y la visión de las ONG ante esta propuesta de ley. 

Un enfoque que sin embargo no puede dejarse de lado es la insistencia de César Camacho Quiroz (en la Cámara de Diputados) y Roberto Gil Zuarth (Senado) para justificar la Ley de Seguridad Interior, además de la poca conversación pública sobre el tema, tanto en calidad como cantidad. ¿Los legisladores del PRI y PAN saben lo que están proponiendo? ¿Les importan si quiera los datos duros?

“Es aterrador cuándo legislan a las carreras”

Durante nuestra conversación con Alejandro Madrazo Lajous acerca de la historia de la base de datos y la memoria USB filtrada que expone el fracaso de la guerra contra el narco, el académico del CIDE remarcó la urgencia de legislar con evidencia.

Sobre trabajar los datos “crudos” y generar información útil para la toma de decisiones

“El análisis es importante, tan importante como la información de base. ¿De qué nos sirve tener la información si no la analizamos correctamente?

Es aterrador cuando legislan a las carreras como con La Ley de Seguridad Interior. Ni siquiera se toman la molestia de leer el análisis ya hecho. El Congreso debería pedir informes de lo que ha pasado los últimos diez años antes de legislar. No lo hace, nosotros sí lo hicimos, ahí están los análisis y no se toman la molestia de leerlo. Hay que cambiar  la cultura de nuestro clase política para que construyan políticas públicas con base en evidencia y no en base en ocurrencias.”

Madrazo Lajous insistió en la relevancia del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) justo a la hora de debatir la Ley de Seguridad Interior, ya que la base de datos trabajada por académicos, junto a los consecuentes análisis e informes, haría posible a los legisladores tomar una decisión informada. Con apenas siete años, el PPD sería punta de lanza para retomar la labor académica como parte de la vida pública, incidiendo en la toma de decisiones que afectan a todos los mexicanos.

No puedo creer que no había una institución académica que abordara la política de drogas como política pública. Existían los institutos que ven a las drogas desde la patología y la visión psiquiátrica como la adicción, pero hay que tomar en cuenta que un número pequeño de usuarios son adictos y si tienes a la academia viéndolos siempre como adictos, siempre estará la patología antes que otra cosa. No había un espacio académico que lo viera desde las ciencias sociales. Ahora la Academia ya asumió su responsabilidad, aunque nos tardamos. Hemos tardado siete años en construir lo que hoy tenemos, ofreciendo información y análisis con las mejores mentes que han trabajado este tema y aún así los legisladores no lo toman en cuenta”. 

¿En verdad los diputados y senadores hacen caso omiso a la evidencia  al momento de legislar?

Primero, algo de contexto. En teoría, se gastan fuertes cantidades para que nuestros legisladores estén bien informados para legislar por los mexicanos. Desde la contratación de asesores, hasta el gasto que se realiza de manera institucional. Aún así, hay una duplicidad de responsabilidades. De acuerdo a información de Animal Político y Reforma, al menos 209 personas laboran para generar información valiosa para los diputados y eso sin tomar en cuenta al staff particular de cada legislador o grupo parlamentario en cuestiones de investigación y comunicación”.

Son cinco los centros de estudios, solamente en la Cámara de Diputados: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG),Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEPF),Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP), Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

A pesar de la mencionada contratación de personal y la existencia de dichos organismos, en 2013 se reportó que la Cámara de Diputados gastaba 115 millones de pesos “en servicios que ya tienen”.  ¿A dónde va esa información?

“Algunos académicos entregaron la base de datos en la Cámara de Diputados y César Camacho declaró que el estudio del CIDE corrobora la necesidad de que se aprobara su ley. Sin embargo, no se entregó un estudio, sino una base de datos con 36 mil y pico registros, ¿A poco el señor en 24 horas leyó los 36 y mil pico registros? Que no sea cínico ni caradura, no se tomó la molestia de enterarse qué se había entregado. No hay informe: es una base de datos y hay investigaciones publicadas. El señor seguro no se ha enterado y por eso digo que no se han tomado la molestia de leer, ya que veo a uno de los proponentes (César Camacho) diciendo una burrada”.

Específicamente, una nota de Reforma recupera las declaraciones de Cámacho Quiroz que refiere el titular del Programa de Política de Drogas en el CIDE. El priísta afirmó que las violaciones a derechos humanos por parte de militares suceden por la ausencia de una ley específica. ¿Su justificación? El mismo “estudio” del CIDE que, de acuerdo a su principal motor (Madrazo Lajous), comprueba justamente lo contrario: que la presencia del Ejército en las calles provoca más asesinatos que las drogas que buscan erradicar.

En la nota de Reforma “Estudio CIDE justifica ley” (título que tampoco abona a la claridad de la información) se apunta luego de las declaraciones del diputado del PRI que “la base de datos que da cuenta de la letalidad de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen, y exigieron que esa información sea usada en el análisis de la Ley de Seguridad Interior”.

¿Por qué funciona así el legislativo?

“Mi impresión de conocer ahora los procesos legislativos es que la mayor parte de los legisladores no se toman la molestia en enterarse lo que están votando, confían en que alguien más hizo ese trabajo, que el especialista de su partido o comisión hizo el análisis exhaustivo. Los coordinadores traen demasiados temas como para verlos a fondo y los miembros de comisiones raramente los estudian.

Yo veo una falta de profesionalización  en nuestros legisladores y una renuncia a ejercer su función de investigar y deliberar antes de decidir, una cultura del chambismo y patrimonialismo en la cual se construyen políticamente en ser especialistas de agarrar la siguiente chamba, no se vuelven buenos legisladores o administradores. Son buenos cambistas: lo que importa es amarrar la chamba.”

La Cámara y sus centros de estudios

Retomando el tema de la duplicidad de servicios, en 2013 incluso hubo una petición en Change.org para que se cancelara el gasto de 115 millones de pesos en inteligencia legislativa y demás proveedores de información que supuestamente está presupuestada en los seis Centros de Estudios que financiamos con nuestros impuestos. Dicho gasto adicional finalmente fue cancelado por la Cámara de Diputados, reafirmando así la idea de que los Centros de Estudios internos generarían la información suficiente para legislar con evidencia.

En la Cámara de Senadores es destacado el papel del Instituto Belisario Domínguez, que si bien se constituyó en formación actual desde 2008, su historia tiene antecedentes hasta 1984, en un camino de consolidación y conformación administrativa. La misión de dicho instituto es la siguiente: realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas.

El Belisario Domínguez entregó durante la segunda quincena de enero de 2017 un dossier legislativo acerca de Seguridad Interior, con el subtítulo Elementos para el debate. La primera gráfica es esta:

Como se puede observar, el promedio los homicidios aumentó junto con la presencia de Fuerzas Armadas, tal y como apunta Alejandro Madrazo en la base a los datos del PPD. Más adelante, el reporte generado desde el órgano de inteligencia del Senado señala lo siguiente: otros indicadores muestran un drástico aumento de la violencia en México después del despliegue de los operativos en 2006.

Igual que lo señala Alejandro Madrazo a partir de la base de datos, la evidencia apunta a un aumento de violencia desde el inicio de la guerra contra las drogas:

Desde finales del siglo pasado los homicidios en México seguían una tendencia descendente, llegando a niveles mínimos históricos en la década pasada. Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006 pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su nivel (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes.

La gráfica habla por si misma:

¿Y las violaciones a derechos humanos? Según César Camacho Quiroz, fueron por la ausencia de ley. Y, según el priísta, los datos del CIDE lo respaldan, cosa que desmiente el titular del PPD. ¿Y el aumento en homicidios? Más de lo mismo. Salió más caro el caldo que las albóndigas. 

¿Es intencional que el auge mediático de la base de datos del PPD sea en medio de la discusión por la Ley de Seguridad Interior?

“Hubiera querido que saliera mucho antes. Estamos justo a tiempo si los legisladores son serios para abordar la discusión. Ni la academia ni la sociedad civil están avalando la Ley de Seguridad Interior, y los que estamos metidos en estudiar este tema estamos diciendo que es problemático constitucionalmente y que es una mala política pública. El detalle de la ley es catastrófico, pues va a permitir la represión social.

No puedo creer que para legislar en seguridad interior, luego de militarizar el país diez años, ni siquiera se tomen la molestia de conocer la base de datos donde se documenta la información más completa hasta ahora publicada de la catástrofe que ha sido la política de militarización de los últimos diez años.”

Para redondear el tema, Madrazo Lajous indicó que tal como en el caso de la base de datos o los informes (como el del Instituto Belisario Domínguez) “una cosa es que exista y otra que los pelen”.

¿Hay necesidad de un servicio profesional de asesores, independientes de los partidos, en la Cámara? Madrazo puntualiza que no sería descabellado, para que los legisladores estén bien informados al momento de deliberar, además de que debe haber voluntad para saber qué están votando. “Ese trabajo apenas se está volviendo profesional y serio: lo del Belisario Domínguez es un ejemplo de lo que se tiene que hacer”, expresó el académico del CIDE.

Mientras tanto y ante la evidencia de que los proponentes a la Ley de Seguridad Interior (Camacho y Gil Zuarth) están haciendo caso omiso al dato duro, en enero el Senado infló su nómina por 151.6 millones de pesos por designación discrecional de asesores, duplicando así el esfuerzo que ya realiza el Belisario Domínguez, donde los asesores consiguen su puesto por medio de un concurso de oposición.1Se gastan en total 746.65 millones de pesos en asesores del Senado, mientras que en la Cámara de Diputados se gastan mil 339 millones 128 mil 939 pesos en pago de honorarios de asesores. Datos de finales 2016

Con el gasto extra, el informe externo del PPD y el mencionado exceso de asesores: ¿Qué esperan nuestros diputados y senadores para legislar con evidencia?

CRÉDITOS

Edición: César Alan Ruiz Galicia

Ilustración original: Jonathan Gil

Entrevista: Edilberto Aldán, Francisco Aguirre y Francisco Trejo

Referencias   [ + ]

1. Se gastan en total 746.65 millones de pesos en asesores del Senado, mientras que en la Cámara de Diputados se gastan mil 339 millones 128 mil 939 pesos en pago de honorarios de asesores. Datos de finales 2016
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