El sambenito de la “ley mordaza”, ¿otra vez?

El autor es presidente del Capítulo Jalisco de la Amedi

Uno de los mayores problemas de los consorcios de la televisión y la radio mexicanas, por los que en los últimos años han perdido estrepitosamente sus niveles de rating, es la falta de creatividad. Dinero no les falta para contratar guionistas creativos; para usar propositivamente las nuevas tecnologías; para desarrollar plataformas audaces y para revolucionar sus narrativas predecibles, tanto en sus telenovelas como en sus noticieros; en los partidos de futbol como en los programas de revista. Sin embargo llevan décadas reciclando fórmulas choteadas; reutilizando argumentos anacrónicos y exigiendo a sus audiencias que las consumamos aun si no nos interpelan.

Estas empresas se aglutinan en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que históricamente ha tenido en Televisa y en el dueño de esta una especie de liderazgo moral. La CIRT es una de las asociaciones de interés privado más influyentes en México. No se limita a hacer negocios, sino que también incurre en la política. Las llamadas “telebancadas” – los grupos de diputados y senadores que responden a los intereses de esta cámara incluso por encima de los de sus partidos y ni se diga los de sus representados – han llegado a tener más de veinte miembros tan solo en la cámara baja.



Aludir a la CIRT es importante toda vez que en días recientes desempolvó una etiqueta que ya había utilizado hace veinte años. Volvió a poner la expresión ‘ley mordaza’ en la boca de periodistas y conductores de noticieros que descalificaron con vehemencia los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Hace veinte años utilizó exactamente la misma etiqueta. En 1997 algunos diputados de la LVII Legislatura encabezados por Javier Corral presentaron una iniciativa de ley que contenía varios de los aspectos que recogen estos lineamientos. Los concesionarios la atacaron con ferocidad. Llamaron “mordaza” al intento de que los medios fueran más honestos con sus audiencias y evitaran la publicidad encubierta en sus programas de ficción. Dijeron que era “censura” pedir a sus conductores que diferenciaran entre la presentación de una noticia y la opinión personal que ella les valiera. Ojo: nadie les prohibía seguir opinando. Solo se les pedía que anticiparan a la audiencia que lo que decían era a título personal, como lo han hecho siempre los buenos periodistas.

En aquella ocasión los concesionarios se salieron con la suya. Lograron postergar por veinte años el establecimiento de un piso de calidad y buenas prácticas del ejercicio periodístico. Evitaron la regulación que impediría cosificar a la mujer como ocurre hoy en día, pues no es necesario mostrar las piernas ni el escote pronunciado de nadie cuando en teoría nos están ofreciendo el estado del tiempo en un noticiero televisivo. Las telenovelas se han llenado de un nivel de violencia que no siempre es necesario para justificar el flujo de sus tramas; el volumen de muchas estaciones aumenta durante los cortes comerciales; se denigra impunemente a los indígenas y a las minorías sexuales en los programas de ficción, y un etcétera en el que quepan las cosas que usted está recordando mientras lee esto.

Por ello los lineamientos no son una mordaza sino una referencia que pretende coadyuvar para tener mejores hábitos en la industria. Identifican y explicitan veintiún derechos que tenemos las audiencias, incluyendo aquellos específicos para los menores de edad, para los hablantes de lenguas nacionales distintas al castellano y para quienes padecen discapacidades auditivas. Exhortan a las estaciones a establecer maneras creativas para decirle a sus televidentes o a sus radioescuchas que lo que ven o escuchan es una inserción pagada por un anunciante; o información; o la opinión de quien está haciendo uso de la palabra. No se trata de nada que no se esté haciendo ya en muchos lugares del mundo, incluidos algunos medios mexicanos.

Otra gran aportación de los lineamientos es la explicitación del rol que ejercerá el defensor de las audiencias. Cada consorcio deberá tener el suyo, si bien es válido que sea compartido entre varios. De funcionar como se prevé, esta figura estrechará la relación entre el medio y sus audiencias. Estas podrán verter sugerencias y quejas a las estaciones, de manera que se generará un círculo virtuoso en términos de retroalimentación. El defensor podrá emitir recomendaciones no vinculantes al medio a partir de sus evaluaciones de oficio o de las que deriven de las inquietudes de las audiencias. Lejos de ser un ente fiscalizador, el defensor puede ser una herramienta potentísima para mejorar los contenidos de un consorcio y mantenerse atractivo para su público.

Es común que las instituciones definan por motu proprio una serie de valores vertidas en lo que se conoce como su misión y su visión. En este sentido lo que logran los lineamientos es poner a los medios a pensar en ellos cuando ya los haya; a actualizarlos si se estima pertinente; o a crearlos si fuera el caso. A partir de ahora toda estación de televisión o radio debe contar con un código de ética que oriente su trabajo y sirva de referencia para que sus audiencias sepan lo que pueden esperar de ellas. ¿Esto constituye un acto de control o de censura de parte del Estado? A mí más bien me parece un mecanismo oportuno que diluirá la ambigüedad deontológica de los medios de comunicación. Su puesta en marcha debería traducirse en mejores contenidos en los medios mexicanos. Muy pronto sabremos si se logrará el propósito.

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