Tenemos que hablar de la violencia obstétrica en México. Un enfoque punitivista no es suficiente.

¿Qué es? 

La violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. 

Estos son algunos actos que constituyen este tipo de violencia: 

• Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
• Obligar a parir acostada y/o inmovilizada.
• Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer.
• No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

Otros ejemplos:

• Maltrato verbal y discriminación: “¿así gritaba cuando lo hizo?”, “la gorda”, “la adicta”, “la que huele mal”.
• Falta de confidencialidad: pacientes descubiertas durante revisiones.
• Amenaza o coerción: “hasta que no lo acepte (método anticonceptivo) no se puede ir del hospital”.

El caso mexicano 

En México, 29 estados reconocen la violencia obstétrica en sus leyes. Sin embargo, que esté en la Ley no significa que sea considerada como un delito, ni que su incidencia haya disminuido. 

Solo Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Aguascalientes catalogan a este tipo de violencia como un delito castigado con cárcel o multas. 

Aguascalientes la sanciona bajo “conductas delictivas reproductivas específicas”, sin utilizar el término “violencia obstétrica”. Jalisco, Michoacán y Sinaloa no reconocen en sus leyes este tipo de violencia, de manera explícita. 

Los datos

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 reportó haber experimentado al menos una manifestación de violencia obstétrica.

Esta violencia fue mayor entre mujeres con discapacidad. Experimentaron violencia obstétrica en 43.9% de los casos frente a 30.4% entre mujeres sin discapacidad. Otro dato es la estadística entre adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, que llegó a 55.4%. Entre las mujeres que dieron a luz en el IMSS, 39.8% reportó algún tipo de violencia obstétrica, mientras que en el sector privado la incidencia fue de 15.1%.

Los enfoques

“Abordar el problema desde un enfoque punitivo es insuficiente e individualiza un problema que es estructural, pues la penalización genera resistencias en el personal de salud y fomenta prácticas defensivas por temor a ser denunciados y enfrentar un proceso penal”, aseguró Rebeca Ramos, abogada y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

Para combatir la violencia obstétrica no basta con implementar leyes, se necesitan más estudios, una mejor capacitación al personal médico junto a mejores condiciones laborales, cambios en la organización de los servicios, la infraestructura y los mecanismos de rendición de cuentas.