La activista que lucha contra las desapariciones forzadas en Pakistán ahora se enfrenta a cadena perpetua por la defensa de derechos humanos

Cuando Mahrang Baloch comenzó a protestar contra las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de los derechos humanos en la región de Baluchistán, donde creció, solo tenía 16 años. 

Años después, ya como líder y organizadora central del Baloch Yakjehti Committee (BYC), además de ser una destacada médica, se convirtió en uno de los rostros más visibles de la resistencia civil en Pakistán, llegando ser nominada al Premio Nobel de la Paz en 2025, al ser incluida en la lista TIME100 Next de líderes influyentes y en las 100 Mujeres de la BBC. 

Hoy enfrenta una condena a cadena perpetua solo por alzar la voz. 

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Antiterrorista (ATC) en Quetta, Pakistán condenó a cadena perpetua a los defensores de derechos humanos Mahrang Baloch, y al líder Sibghatullah Shahji.

El caso está vinculado a la muerte de un oficial de los Frontier Corps (FC), identificado como Shabbir Baloch, durante las protestas del encuentro nacional BYC, un movimiento de derechos humanos indígena establecido para defender a la población de Baluchistán frente a los abusos estatales, en Gwadar en julio de 2024. 

Son acusados ​​de incitar a la violencia mediante un discurso “provocador” durante una protesta, lo que derivó en un ataque con piedras y palos que causó heridas fatales al soldado, resultando su muerte. 

Además de la cadena perpetua, el tribunal les impuso una multa de 200,000 rupias a cada uno (equivalente a $36,666 pesos mexicanos), destinada a los herederos del soldado fallecido, y fueron declarados culpables de terrorismo, sedición y asesinato intencional bajo las secciones 302-B, 147 y 148 del Código Penal de Pakistán y la Ley Antiterrorista de 1997. 

Sin embargo, expertos de la ONU, abogados y organizaciones de derechos humanos han señalado irregularidades en el proceso judicial. 

Como primera instancia, señalan que el proceso no se llevó a cabo en un tribunal abierto, sino dentro de la prisión de Hudda en Quetta, impidiendo que los acusados participaran efectivamente en su defensa. Además, se prohibió la entrada a la prensa, familiares de los acusados y observadores independientes. En lugar de presencia física, se utilizó la mediación por video, lo que abogados denuncian como una forma de aislar a los procesados.

Otro punto clave es el caso en el que se basa la sentencia. A pesar de que se habla de un “discurso provocador”, no existe ninguna evidencia física de que en realidad haya existido tal discurso. Los abogados defensores revelaron que ni el texto ni ninguna grabación de dicho discurso fueron incluidos en el expediente judicial. Además, el Consejo de Abogados de Baluchistán denunció que la fiscalía alteró la fecha del incidente del 29 al 27 de julio mediante una declaración suplementaria para ajustar la narrativa. 

La muerte del agente de seguridad en realidad sigue sin resolverse. Previamente, habían identificado a un hombre como el autor principal del asesinato, pero fue absuelto por falta de pruebas y fue a partir de ahí que empezaron a apuntar a los activistas. Muchos cuestionan bajo qué base legal les condena por incitación, si ni siquiera cuentan con evidencia del supuesto ejecutor.

Desde un comunicado de prensa de la ONU, afirmaron que a Mahrang Baloch se le negó el derecho de nombrar al asesor legal de su elección, imponiéndole en su lugar una representación designada por el Estado. Aunque Baloch solicitó formalmente el reemplazo del juez Muhammad Ali Mubeen por sospechas de parcialidad, la petición fue ignorada mientras el juicio continuaba.

Durante el proceso, Mahrang fue mantenida en confinamiento solitario, se restringieron las visitas de familiares y activistas, e inicialmente se le prohibió el acceso a libros de su biblioteca personal.

Organizaciones como Front Line Defenders y Amnistía Internacional, han denunciado el uso abusivo y criminalización del activismo, destacando que se “usaron como armas” la Ley Antiterrorista (ATA) y los cargos de sedición para castigar el trabajo legítimo de derechos humanos y la libre asociación.

Mahrang Baloch y Sibghatullah Shahji no son los únicos que se han atrevido a alzar la voz. Activistas como Beebow Baloch, Gulzadi Baloch, Bebarg Zehri, Shah Jee Sibghat Ullah y Sammi Deen Baloch también han sido detenidas, procesadas o perseguidas por exigir verdad y justicia. Muchas siguen detenidas sin sentencia.