Caso Edith, ¿por qué esperar 72 horas?

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar muestra una vez más una falla estructural por parte del Estado mexicano y sus fiscalías en algo básico: actuar a tiempo.  

Las denuncias de la familia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, admitió que hubo un retraso de 15 horas en la investigación del feminicidio de Edith Valdés. Sin embargo, la familia de Edith denuncia que la policía tardó 24 horas en registrar el inmueble, a pesar de que ellos entregaron la ubicación exacta donde se le vio por última vez desde el momento de la denuncia. 

La familia de Valdés Zaldívar tuvo que contratar a un detective privado para que consiguiera el metraje en donde se le ve a Edith entrar en la Torre Murano, en la calle Revolución. Además, denunciaron que los policías les dijeron que había que “esperar 72 horas” para empezar la búsqueda. 

¿72 horas? 

Actualmente en México no existe ninguna norma que obligue a esperar 72 horas para denunciar la separación de una persona.  Al contrario, la ley establece la inmediatez como un principio. 

Según la familia, los policías les dijeron que si querían que buscaran a su hija antes de las 72 horas les debían dar dinero. Alcalde Luján señaló que tres servidores públicos fueron separados de su cargo por omisión y posibles actos de corrupción: una agente del Ministerio Público y dos policías de investigación. 

Magdalena, tía de Edith, declaró ante los medios que la Fiscalía “no hizo nada”. “Nosotros todo lo hicimos, fue con nuestros medios, que la Fiscalía no se pare el cuello, siempre quiso 72 horas, por eso investigamos nosotros y llegamos a donde llegamos”, agregó. 

Crisis 

El caso de Edith expone una vez más la crisis de las Fiscalías, de cómo su burocracia y corrupción enraizada cuestan vidas. Y en el debate se propone la capacitación como LA solución. Pero la capacitación sin mecanismos de verificación y supervisión independientes es pura simulación. Cursos tomados para la foto. Mientras no existan controles externos independientes que auditen la actuación de los servidores públicos la impunidad seguirá. 

“Ya iniciamos una revisión exhaustiva. Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas (…) La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable”, informó Alcalde Luján. 

No bastan los discursos de “responsabilidades administrativas”. Debe haber procedimientos rápidos que, ante una omisión importante, generen consecuencias inmediatas. Si no, las malas prácticas solo se repiten. Las 72 horas no existen en la ley, pero, desafortunadamente, existen en la realidad. Y, en ese tiempo, se pierde todo.