El asesinato de la defensora de la tierra Nazaret Cortés evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres en ejidos y comunidades

Nazaret Cortés Velasco era una destacada defensora del territorio y una referente de los derechos agrarios de las mujeres en Oaxaca. Al momento de su muerte, tenía 38 años y era presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, además lideraba la actividad agraria en un municipio que, al momento, enfrenta tensiones vinculadas al surgimiento de megaproyectos.

El pasado 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el hallazgo del cuerpo de Nazaret Cortés en Tlacolula mientras se dirigía a su domicilio. Viajaba en una camioneta oficial gris con la leyenda “Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam” junto con su hija, la cual resultó herida y hasta el momento, permanece en un hospital.

En el lugar del ataque, las autoridades identificaron lesiones infligidas con disparos de arma de fuego en la víctima. Además, 12 orificios de bala en el parabrisas del vehículo, 29 casquillos percutidos calibre 9 mm y además de un cartucho útil. 

Cortés se desempeñaba como presidenta del Comisariado Ejidal, un órgano ejecutivo y representante legal de un ejido o comunidad agraria que se encarga de gestionar los bienes comunes y realizar los acuerdos a los que llega la asamblea ejidal. Hace tan solo unos días, había encabezado una jornada de Ordenamiento Territorial Comunitario para el monitoreo de fauna silvestre mediante cámaras trampa en el paraje Barranca Escarbada, con el apoyo de la organización Tierra de Agaves.

Como resultado, Nazaret protagonizó un video en el que se mostraba las especies que aún habitan en sus parajes y explicaba el trabajo de conservación en su comunidad, resaltando la importancia del cuidado, la conservación y la defensa de sus tierras. En él, mencionaba que en ese momento intentaban frenar la cacería de venado y otras especies de la vida silvestre.

Además, la labor de Cortés se veía amenazada por la llegada de dos megaproyectos que desde su llegada habían causado polémica y descontento por los habitantes de Totopálam:

• La minera “El Águila”: A unos 40 kilómetros de la región, se ubica la minera El Águila, una empresa filial de la estadounidense. Desde su llegada,  comunidades locales han denunciado daños ambientales y enfermedades derivados de la actividad minera. Además, el control de los recursos económicos que el ejido recibe por esta actividad ha generado pugnas internas y disputas entre sindicatos de la CTM. 
• Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU): Desde 2024, el gobierno estatal construye en Totolápam el CIRRSU, un proyecto de 600 millones de pesos diseñado para recibir 850 toneladas diarias de desechos de la zona metropolitana de Oaxaca. Desde su anuncio, el proyecto ya había generado rechazo por parte de las comunidades, pues la ubicación ocupa un área de alta biodiversidad, como fauna silvestre y otros recursos naturales, que la comisaría buscaba proteger.

El asesinato de Nazaret Cortés ocurre en un momento crítico para los defensores de la tierra y ambientalistas, en donde han sido desaparecidos y asesinados solo por hacer su labor, y encontrarse en zonas ocupadas por grupos criminales. Tan solo hace una semana, el director de la organización Alianza Jaguar, Erik Saracho, fue víctima de un intento de asesinato después de reunirse con autoridades y empresarios inmobiliarios.

Hasta el momento, la Fiscalía ya activó el Protocolo de Investigación por el Delito de Feminicidio, ya que es necesario integrar una investigación con perspectiva de género y enfoque comunitario para que se pueda llegar a dar con los responsables.

La Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras del Estado de Oaxaca se pronunciaron tras el asesinato de la defensora y demandaron medidas de protección inmediatas para mujeres que ocupan cargos ejidales en San Pedro Totolápam, así como en el estado de Oaxaca. También exigen garantías para que la defensa del territorio no sea motivo de persecución o muerte.

En México, ser defensor de la tierra es una profesión de alto riesgo. Junto con Colombia y Guatemala, se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor. La organización de mujeres denuncia que el asesinato de Cortés es el resultado de un Estado con falta de compromiso y autoridad: “Su muerte es un recordatorio del peligro constante que vivimos.”