Detienen a Renato Romero, defensor del agua en Puebla; organizaciones denuncian criminalización

Renato Romero Camacho, defensor del agua en la Cuenca Libres-Oriental y opositor a megaproyectos como los de Granjas Carroll, fue detenido la mañana del 1 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. La aprehensión ocurrió en la colonia Granjas Puebla cuando el activista se dirigía a una asamblea comunitaria en Nealtican. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Romero fue puesto a disposición del juez local en la Agencia Estatal de Investigación y enfrenta cargos por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado.

La FGE informó que la orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de investigación en cumplimiento de un mandato judicial. Los hechos que dieron origen a la acusación ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando, según la autoridad ministerial, Renato Romero y un grupo de aproximadamente 30 personas participaron en una manifestación en San Miguel Xoxtla. Durante la protesta —donde se realizaban obras para la instalación de tubería para el suministro de agua potable— se habrían lanzado piedras y otros objetos, provocando “cuantiosos daños materiales”.

La Fiscalía asegura que la detención se realizó con apego a la legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

En contraste con la versión institucional, colectivos, organizaciones de derechos humanos, radios comunitarias y defensoras del territorio calificaron la detención como una criminalización de la defensa ambiental. Más de medio centenar de agrupaciones firmaron un pronunciamiento público exigiendo la inmediata liberación del activista y denunciando un patrón sistemático de persecución contra quienes se oponen a proyectos extractivos en Puebla y Veracruz.

Las organizaciones recordaron que Romero ha sido una figura destacada en la denuncia contra el saqueo de recursos hídricos por parte de Granjas Carroll, empresa transnacional que ha sido señalada por extraer grandes volúmenes de agua y devolverla contaminada. El activista también participó en movilizaciones en Xoxtla y Nealtican contra acuerdos entre autoridades locales y la empresa Agua de Puebla, que buscan integrar acuíferos comunitarios al sistema de distribución metropolitano.

La trayectoria de Romero en defensa del agua ha estado marcada por episodios de hostigamiento. En junio de 2024, durante una protesta en Totalco, Veracruz, policías estatales reprimieron con violencia a campesinos que bloqueaban el acceso a Granjas Carroll. En ese operativo murieron dos personas y varios líderes sociales fueron perseguidos, entre ellos Romero, quien logró evadir la detención en aquel momento.

En agosto del mismo año, el activista denunció públicamente haber recibido citatorios de la Fiscalía poblana por una denuncia interpuesta por Granjas Carroll. En dichos documentos, la empresa solicitaba un “acuerdo reparatorio” contra nueve campesinos para evitar judicializar el conflicto. La detención del primero de julio podría estar relacionada con la reactivación de dicho proceso.

Colectivos como el Consejo Tiyat Tlali, el CESDER y la Unión de Cooperativas Tosepan señalaron que la detención de Romero ocurre en un contexto de impulso a megaproyectos como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), que contemplan participación militar (SEMAR) e inversión privada en regiones ambientalmente sensibles. Para las organizaciones, este tipo de proyectos ponen en riesgo los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales, al mismo tiempo que refuerzan la criminalización de la protesta social.

Las agrupaciones firmantes advirtieron que el encarcelamiento de Romero manda un mensaje preocupante: en Puebla, protestar por el agua puede llevar a la cárcel. Acusaron al gobierno estatal de Alejandro Armenta Mier y al gobierno federal de omitir su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y ambientales, privilegiando los intereses empresariales.

La detención de Renato Romero no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia documentada en distintas regiones del país: el uso del aparato judicial como herramienta para neutralizar liderazgos sociales incómodos. La disputa por el agua en la Cuenca Libres-Oriental ilustra la tensión entre la lógica extractiva del capital privado y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.

En este contexto, la exigencia de los colectivos va más allá de la liberación de un solo activista: busca visibilizar el riesgo que enfrentan quienes defienden bienes comunes y denunciar un modelo de desarrollo que, en nombre del progreso, criminaliza la organización social.