Jesuitas condenan monitoreo militar a religiosos tras asesinato de sus sacerdotes

Las filtraciones por el supuesto hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), han confirmado prácticas de espionaje e intervención militar a grupos de activistas, defensores de derechos humanos e incluso religiosos.

Al respecto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad.

«Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.

Sobre este mismo tema, la Compañía de Jesús en México condenó la clasificación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) como un grupo «grupo de presión» en los documentos filtrados de la Sedena, así como el monitoreo militar a religiosos tras los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora en Cerocahui, Chihuahua.

Foto: Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en las instalaciones del Centro Prodh | Fuente: Desinformémonos

Enlace al comunicado completo

«Respaldamos el trabajo que por casi 34 años ha realizado el Centro Prodh. Rechazamos que, en documentos castrenses, se le clasifique como ‘grupo de presión’. Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan», señalaron los jesuitas en un comunicado.

La Compañía de Jesús añadió que «indigna» el contenido de los documentos filtrados del ejército relacionados con los asesinatos de los sacerdotes en Cerocahui, perpetrados el pasado 20 de junio, pues indican que el Estado mexicano identificó con antelación las actividades delictivas en la Sierra Tarahumara «de quien a la postre perpetraría el homicidio», hasta la fecha impune.

«De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado», indicaron los jesuitas.

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Añadieron que resulta preocupante el monitoreo a autoridades eclesiásticas luego de los asesinatos, «con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno».

Finalmente, aseguraron que continuarán con la exigencia de justicia y paz en todo el país y con el respaldo de la labor de defensa de derechos humanos por parte de las organizaciones como el Centro Prodh.

Con información de Jesuitas México y Desinformémonos

 

 

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