Rechazan proyecto minero en Valle de Ocotlán: Consulta de SEMARNAT es simulación

Las comunidades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir de Ocotlán, en Oaxaca, rechazaron la consulta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende realizar para aprobar el proyecto minero San José, de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Las comunidades señalaron que a través de la consulta la Semarnat decide «poner en bandeja de plata» el futuro del valle de Ocotlán «en las manos de la criminal empresa Cuzcatlán, una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos».

Recordaron que en sus territorios ya realizaron un proceso consultivo conforme a su derecho a la autonomía y la libre determinación, el cual resolvió negar cualquier proyecto minero por las amenazas al ambiente y el tejido comunitario.

«Este gobierno de la 4T a través de la Semarnat violenta la autonomía de nuestros pueblos, hace oídos sordos a nuestra decisión de no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero»

Las comunidades exigieron a las autoridades federales que no impongan una consulta que atente contra la autodeterminación de los pueblos y que «busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II».

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La lucha contra la minería es común en todo el territorio nacional. En el Ejido Cruz de Ocote, en Puebla, también se han movilizado en contra de la minería. Foto: Víctor Abreu/CCMSS.

Consentidas del poder

La minería, en cualquiera de sus formas, es una de las actividades más contaminantes y ecocidas. En un punto de no retorno frente a la crisis ambiental y climática, que se siga privilegiando a las empresas mineras, solo ilustra el desprecio de las autoridades en torno a los problemas de la población en general y el interés por sostener los beneficios de una élite empresarial.

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Si se piensa que esto es exagerado, solo hace falta mirar los recursos legales con los que cuenta esta industria para operar de manera impune en territorio mexicano. El artículo sexto de la Ley Minera establece que ésta es una actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del territorio, incluido el forestal.

El artículo 19 de esa misma ley, aprobada en 1992 (en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos), otorga a los titulares de las concesiones el derecho de expropiar, ocupar temporalmente o recurrir a la servidumbre de los terrenos (que obliga a los dueños a permitir el uso de su tierra) más allá de los derechos de propiedad previos.

También les brinda derechos preferentes sobre las concesiones de agua que existan en la zona y los bienes comunes, entre ellos los bosques.

También se ha reconocido el vínculo de esta industria con problemas de narcoviolencia y desplazamientos forzados en diversas comunidades originarias. Una estrategia común que se vive en toda la región de América Latina y que permite reconocer los vínculos entre gobiernos, empresas transnacionales y grupos criminales; una triada que desde hace mucho mantiene el control

Con información de Desinformémonos y Mongabay Latam


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