Declaraciones de Claudia Sheinbaum y acciones de la policía son violatorias de derechos


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Las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red Rompe el Miedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) rechazamos las declaraciones realizadas el día de ayer por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en contra de activistas, defensoras y protestas de colectivas feministas.

Reconocemos que al inicio de la gestión de la actual Jefa de Gobierno hubo un cambio en el enfoque de atención a la protesta social en comparación con administraciones anteriores. No obstante, las descalificaciones estigmatizantes y criminalizantes por parte de distintos funcionarios, incluyendo a la misma Jefa de Gobierno, reflejan una falta de voluntad política para atender las causas que llevaron a la apropiación del espacio cívico.

De la misma forma condenamos las malas actuaciones de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como de los cuerpos policiales en otros estados de la república, en el marco de las movilizaciones del #28S. Dichas actuaciones contravinieron los estándares internacionales de derechos humanos y muestran un grave desconocimiento sobre los ordenamientos legales que reglamentan el actuar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta y manifestación.


Estigmatización de la protesta y contra activistas

El día de ayer, en conferencia de prensa virtual, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso públicamente y señaló a dos personas que supuestamente aportaron financiamiento para la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). También criminalizó a las mujeres que efectuaron dicha acción de protesta. Según lo dicho por la titular de la Ciudad de México esos supuestos apoyos implican vínculos con administraciones pasadas, por lo que cuestionó la toma de la CNDH:

“La causa es justa… pero lo ponemos a consideración de la opinión pública, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, ¿será una casualidad o por qué hay un vínculo directo de apoyo a esta toma de la CNDH…?”1

Resulta grave y condenable que las autoridades empleen el doxing2 para señalar y poner en riesgo la integridad de activistas, quienes al ser expuestas al escrutinio público, pueden convertirse en blancos de ataques. En este sentido las organizaciones recordamos que las mujeres pueden cubrir sus rostros en contextos de riesgo como son las protestas por razones legítimas y no delictivas3, como el miedo a las represalias4.

Es más delicado aún que la Jefa de Gobierno terminara su discurso convocando a los medios de comunicación a seguir investigando los supuestos vínculos entre estas personas y las mujeres quienes se han apropiado del espacio cívico. Estas declaraciones conllevan un mensaje amedrentador e inhibidor de la libertad de expresión y de protesta, lo que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas.

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CDMX: Incumplimiento de Instrumentos legales y malas prácticas policiales

En el marco de las movilizaciones por la despenalización del aborto #28S, la policía de la Ciudad de México incumplió con los instrumentos legales que rigen su actuación en contexto de protestas y manifestaciones. El FLEPS, CIMAC y la RRM documentaron el encapsulamiento arbitrario y prolongado5 de manifestantes, la presencia de policías hombres y el uso indebido e indiscriminado de extinguidores. De acuerdo a los protocolos de actuación policial y estándares internacionales, el polvo de extintor sólo debe usarse para apagar llamas y fuego. Sin embargo, en diversas ocasiones se registró su uso directo y a corta distancia sobre quienes se manifestaron.

Según testimonios de integrantes de la RRM y el FLEPS, así como videos y fotos difundidas en plataformas sociales, la policía también roció de gas lacrimógeno o pimienta a manifestantes. Además, se detectó que la presencia policial se ubicó de forma indebida pues ésta debe estar a una distancia suficiente para intervenir en caso de que esté en peligro la vida e integridad de las personas y lo suficientemente lejos para no ser intimidatoria.

Adicionalmente, las fuerzas de seguridad registraron, sin sustento jurídico, las mochilas de manifestantes como condición para ser liberadas del cerco policial. Esto representa un acto de criminalización que atenta contra la integridad de las manifestantes. Aunado a esta conducta, integrantes de diferentes colectivos de mujeres denunciaron acoso y tocamientos por parte de los elementos policíacos masculinos durante el cateo.

Violencia en Veracuz y Baja California en el marco del #28s

En Xalapa, Veracruz, periodistas reportaron uso arbitrario de gases lacrimógenos o pimienta en contra de las mujeres manifestantes. Según lo relatado por una periodista presente en la movilización, aproximadamente a las 15:00 horas un grupo de manifestantes intentó dialogar con las autoridades para obtener información sobre una compañera que aparentemente había sido detenida y cuyo paradero se desconocía. La reacción violenta de los cuerpos policíacos fue empujar y forcejear con las mujeres, incluida la periodista a quien se le obligó a avanzar y se bloqueó la posibilidad de seguir documentando. En ese momento se usaron gases que provocaron reacciones físicas como tos, lagrimeo y vómitos.

En Tijuana, Baja California, la reportera del medio digital Linotipia, Jacqueline Hernández Hernández fue jaloneada por policías municipales al terminar la manifestación cuando intentaba grabar la detención de una de las manifestantes. Una mujer policía manoteó para impedir que grabara y segundos después, otra la jaló por la espalda hasta separarla del lugar donde se llevaba a cabo en ese momento la detención.

También en Tijuana la RRM tuvo contacto con dos periodistas quienes reportaron ser agredidos por manifestantes. Según los testimonios de los periodistas, fueron rociados con gas pimienta y con una sustancia desconocida que provocó ardor en los ojos y en la piel por más de 4 horas.

El FLEPS, CIMAC y la RRM recordamos a las autoridades que las protestas se realizan en un contexto nacional de violencia generalizada contra las mujeres en donde se asesinan alrededor de 11 mujeres al día6. A este grave panorama de violencia estructural se suma la inacción y omisión de las autoridades por frenarla. Esto ha impulsado la diversificación de las formas de expresión de cientos de mujeres que ante un Estado que no las escucha, se apropian del espacio cívico como única forma de exigir justicia.

En virtud de lo anteriormente señalado, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades:

• A la Jefa de Gobierno, así como a cualquier persona funcionaria pública abstenerse de criminalizar y deslegitimar el derecho a la protesta, las diversas formas de expresión y a quienes ejercen este derecho.

• Publicar un informe policial que establezca los criterios que guiaron el encapsulamiento de la manifestación, la cantidad de personal movilizado y los contextos donde se usaron los extinguidores.

• Una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno o gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. libertadyprotesta.org

• A las autoridades de la Ciudad de México apegarse a los instrumentos legales correspondientes que son el Protocolo de actuación policial de la secretaría de seguridad pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, Protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México así como los acuerdos que los complementan.

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)

Red Rompe el Miedo (RRM)

 


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