La industria minera aprovecha el Covid-19 para atacar a los pueblos

El 1ro de junio, la Minera San Cristóbal, reportó que por dos casos COVID-19 en sus trabajadores, toda una unidad de la industria entraba en cuarentena. Esa información dejó en explícito que las operaciones están imparables. Al día siguiente, siete Organizaciones No Gubernamentales del mundo, dieron a conocer que en 18 países entre ellas siete de América Latina, donde está vigente la cuarentena sanitaria, las operaciones mineras ya habían registrado al menos 3.000 personas contagiadas con coronavirus, pero con el agravante de poner en riesgo pueblos íntegros, entre comunidades campesinas y naciones indígenas.

El informe denuncia que, desde marzo, cuando en países como Brasil, Ecuador, México, Honduras, Panamá, Colombia, Chile, entre otros países del mundo, donde se declaró la cuarentena sanitaria, paradójicamente la industria minera ha sido declarada “esencial”, permitiéndoles seguir operando en medio de las medidas de paralización, con resultados devastadores.

“En 61 centros mineros o minas de 18 países del mundo, han surgido brotes de coronavirus. En este momento el país afectado, considerado como uno de los brotes más emblemáticos, es Perú. Esta semana ha superado 800 casos positivos con COVID-19. Una de esas minas es Antamina”, sostiene en contacto con El Día, Kirsten Francescone, coordinadora del programa para América Latina, MiningWatch Canadá.


Un informe dado a conocer el 2 de junio acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y gobiernos.

El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales.

Según declaró a Efe Kirsten Francescone, una de las autoras del informe y responsable de Latinoamérica en la ONG MiningWatch Canada, se estima que unas 4.000 personas que trabajan en cerca de un centenar de explotaciones mineras, y 300 residentes de comunidades cercanas, han contraído COVID-19.

De esta cifra, alrededor de una decena de mineros y cuatro residentes han muerto a consecuencia de la enfermedad.

Pero Francescone alertó que «estas cifras son las constatadas a través de los medios de comunicación pero nos tememos que las cifras reales son mucho más elevadas».

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Francescone destacó el caso de Cobre Panamá, en Panamá, «donde han muerto 5 trabajadores y donde 150 trabajadores han dado positivo a COVID-19».

«Esa empresa, cuando empezaron a salir las noticias de que había trabajadores infectados, mantuvo sus operaciones funcionando con normalidad. Sólo tras la muerte del primer trabajador, el Ministerio de Salud ordenó el cese de sus operaciones y la cuarentena de 900 trabajadores», afirmó Francescone.

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Cobre Panamá no es el único caso de explotaciones mineras con brotes epidémicos masivos, según el informe. Esto también se ha producido en las minas Olimpiada (Rusia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú).

El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones.

El informe, en el que han participado las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies-Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want y Yes to Life No to Mining, cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador.

Por ejemplo en Filipinas, en abril «manifestantes que protestaban contra la mina Oceana Gold de la empresa Didipio fueron violentamente expulsados por las fuerzas policiales».

«Defensores también están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México, de acuerdo con fuentes locales», señalan los grupos que han elaborado el informe.

El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia «como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental».

«Están continuando sus actividades a pesar de los riesgos a los trabajadores y las comunidades, mientras avanzan proyectos rechazados contra los deseos de los pueblos afectados y presionando para que se produzcan cambios en las regulaciones que mejoren sus beneficios en el largo plazo», concluye el informe.

Con información de MiningWatch Canada


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