Desaparición forzada en México: la historia oculta de un Estado asesino

ACTUALIZACIÓN al 26 de septiembre de 2016. Consulta nuestra cobertura.

“Madres de todo el país: sus hijos e hijas están en peligro.
Madres del mundo entero: ayúdenos a parar esta barbarie.”

Discurso de FUNDEM, IV marcha de la Dignidad

10 de mayo de 2015

Estamos dos años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. A pesar del tiempo transcurrido, el Estado mexicano no ha podido presentar una respuesta creíble sobre el paradero de los estudiantes, pues la “verdad histórica” de la PGR se desmoronó cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) dio a conocer las primeras conclusiones de su investigación, en un informe que puntualiza contradicciones y falencias importantes de la versión oficial. Dicho documento aporta, entre muchas otras cosas, tres observaciones cruciales:

• La imposibilidad científica de que los cuerpos hayan sido incinerados en Cocula.
• La incorporación del testimonio de uno de los conductores de los autobuses tomados por los normalistas, del que se infiere que existió una acción coordinada por un mando central desde Chilpancingo.
• La evidencia de que existió un camión que no mencionó la PGR, el autobús Estrella de Oro 1531, que fue abordado por entre diez y quince estudiantes, quienes no pasaron por “La Comandancia”. Esto abre la posibilidad de que este grupo tuviera un destino distinto y supone la colaboración de policías de municipios vecinos a Iguala.

Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg. El diagnóstico del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas es contundente: “En México, la desaparición forzada es un fenómeno generalizado”. También el Director Ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivianco, ha declarado que “México está viviendo la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968, no sólo por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sino por el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en el proceso de su búsqueda”. Por su parte, el comité “Los Otros desaparecidos de Iguala” ha localizado en el último año más de cien cuerpos, tan solo en ese municipio.

Pero entonces, ¿Qué es la desaparición forzada? En acuerdo a la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se trata de “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

México está viviendo la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968

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La desaparición forzada surgió en América Latina en la década de los sesentas, cuando países gobernados por dictaduras militares comenzaron a utilizarla como medida de represión social. En México fue una práctica de represión implementada para combatir a grupos disidentes, volviéndose recurrente durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia” en los años setenta. Sin embargo, fue hasta noviembre de 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos durante ese periodo, asentando el primer antecedente de desaparición de personas que contó con la participación del Estado.

En el caso mexicano, agrupaciones de la sociedad civil y de familiares de víctimas han luchado también desde hace varias décadas por conocer el paradero de las personas desaparecidas. El “Comité ¡Eureka!” e “H.I.J.O.S México” son ejemplos notorios de procesos que se remontan a los años de la “guerra sucia”. Por su parte, organizaciones jóvenes como “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México” (FUNDEM) se constituyeron por familiares de desaparecid@s durante el sexenio de Felipe Calderón, si bien se han sumado también las víctimas del actual sexenio. Finalmente, los padres y las madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han comenzado a transitar por el camino sinuoso de la exigencia de justicia ante un Estado sordo y omiso, cuando no cómplice.

La desaparición forzada, lejos de ser un fenómeno del pasado, es una constante en todo el país, además de que sigue patrones de criminalidad que no se han investigado. Por todo ello, existe una gran deuda en materia de justicia y reparación con las víctimas, así como un vacío en materia de justicia y verdad.

La Femospp, un gran fracaso

El 27 de noviembre de 2001, al no poder evadir su promesa de campaña, Vicente Fox decretó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probables Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). La fiscalía representaba la oportunidad para que el Estado mexicano demostrara que el castigo a responsables de crímenes del pasado era parte de la transición democrática.   

El debate al interior del gabinete planteó dos opciones: si debía existir una Comisión de la Verdad o una Fiscalía Especializada. La primera fue descartada por no coincidir con las atribuciones legales con las que cuenta el poder Ejecutivo y por que la Comisión de la Verdad implicaría la intervención directa de la sociedad civil organizada para esclarecer los hechos del pasado. Una fiscalía, en cambio, se antojaba más controlable.

En sus cinco años de vida institucional, la Femospp estuvo encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, quien despertó dudas desde el principio por su nula experiencia en los temas que tendría que abordar esta institución, así como por su designación directa por el entonces Procurador General de la República, General Macedo de la Concha.

La Femospp costó a los mexicanos 300 millones de pesos del erario público, reportando como resultado un “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”, hoy disponible en línea solamente en el portal de The George Washington University. Además, ninguno de los servidores públicos señalados por la sociedad civil como responsables de los delitos de desaparición forzada cumplió sentencia en la cárcel. Luis Echeverría, ex presidente acusado de la muerte de entre ciento cincuenta y trescientas personas, recibió como único castigo la prisión domiciliaria. Por su parte, personajes como Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, ex titulares de la DFS, murieron en libertad, aún cuando eran acusados de genocidio, homicidio y desaparición forzada.   

¿Qué se necesita entonces para alcanzar justicia?

Samuel Kenny: “Faltan palabras contundentes para describir la desaparición en México”

El problema es que hay una mezcla de actores en estos grupos, pues además de delicuentes, también pueden participar policías

Samuel Kenny es coordinador de Incidencia y Comunicación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En su opinión, “La desaparición en México es la historia nunca cerrada de la Guerra Sucia. Aunque existió una fiscalía especial, no se alcanzó justicia transicional. Como práctica de terror, viene de la Escuela de las Américas, pero ahora se privatizó al interior de grupos de crimen organizado. El problema es que hay una mezcla de actores en estos grupos, pues además de delicuentes, también pueden participar policías, funcionarios corruptos o el Ejército. Un caso emblemático de lo anterior es el de Jethro Sánchez”.

En mayo de 2011, Jethro Ramssés Sánchez Santana resultó involucrado en una pelea de una feria de Cuernavaca y fue detenido por policías municipales. Posteriormente, fue “pasado” a policías federales, que lo entregarían al Ejército. Jethro fue torturado hasta la muerte en la 24 zona militar, mientras que su cuerpo fue deteriorado con ácido y enterrado en el estado de Puebla. Tenía 27 años.  

“La desaparición es un crimen de lesa humanidad. Las víctimas viven el dolor permanente de no saber dónde está su familiar, si va a volver, si tienen que dejarlo ir. Por eso el relator de la ONU sobre tortura dice que el dolor por la desaparición es tan fuerte que equivale a tortura”, puntualiza Kenny.

En su opinión, el problema es no alcanzar a leer la realidad correctamente: “¿Vivimos en un Estado de guerra o no? ¿Vivimos un momento normal en que hay simples delitos o en un momento especial? El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nunca calificó la situación de México como de guerra, y eso te habla de que no hay reconocimiento de la realidad. Ayotzinapa ayudó a la aceptación de la crisis que vivimos. Es indispensable considerar la excepcionalidad de la situación. En todo esto, el punto clave es la desaparición”.

Respecto a los cambios más urgentes para acceder a la justicia, señala: “No hay un registro certero de los desaparecidos, no se está buscando castigar a altos mandos, no existen servicios forenses autónomos y la PGR tiene entre seis y doce antropólogos forenses para todo el país. En los registros hay sólo siete extranjeros reportados como desaparecidos, cuando son cientos los casos. Tiene que existir además un mecanismo trasnacional de acceso a la justicia, que suponga coordinación para el tema de desaparecidos migrantes. Toda la incapacidad institucional actual crea una máquina para crear desaparecidos”.

Omar García: “La desaparición forzada es una práctica cotidiana”

Sobreviviente de la masacre de Iguala, Omar explica: “La desaparición forzada es una práctica cotidiana que le había venido funcionando bien al Estado. Ayotzinapa ha sido un punto de no retorno, aún cuando incluso han existido desapariciones después, pero lo que cambió es que ahora nuestra lucha es el grito de que se levanten las familias, de que luchemos juntos”, explica.  

Nos han querido doblar, y no nos pueden doblar

Respecto a las implicaciones de la desaparición forzada, considera: “Cuando llevan a la cárcel a un dirigente o incluso si lo asesinan, eso duele mucho, pero sabes donde está. Si lo desaparecen, es de las cosas que más daño hacen, porque afecta mucho a las familias, pues provoca incertidumbre total y dolor permanente. Uno siempre se está preguntando donde está, y no sabe si debe dejar ir o buscar hasta el final”.

Cuando se le pregunta por el paradero de sus 43 compañeros, apunta con firmeza: “Hoy sabemos que se trató de una operación conjunta y coordinada del Ejército, de policías y de funcionarios. Por otro lado, las autoridades federales realmente actuaron hasta el décimo día después, y mientras, tuvieron todo el tiempo para actuar. Que no se hagan pendejos, que nos los devuelvan”.

El próximo 23 de septiembre, padres, familiares y personas solidarias realizarán un ayuno de 43 horas como protesta. Posterior a ello, el 26 de septiembre, conducirán una marcha que partirá de Los Pinos y llegará al Zócalo. En opinión de Omar “Claro que nos movilizaremos esos días, pero el movimiento es permanente. Lo que hacen los padres o los compañeros es realizar actividades siempre, que no son tan visibles, pero que son las que permiten sumar a muchas personas a las movilizaciones”. 
Para Omar García es necesario repensar el camino por delante, pero se mantendrán en su lucha: “Vean en los padres de familia, que trataron de arrodillarlos y no pudieron, trataron de dividirlos y no pudieron. Ellos ahí están. Lo que hoy tenemos que entender que para cambiar este país hay que alterarlo todo: para cambiar de manera profunda necesitamos ir más allá de marchar y llevar flores. Hay que replantearnos todo para saber a donde vamos y que es lo que nos conviene a todos. Nos han querido doblar, y no nos pueden doblar”.