DE LA VERDAD HISTÓRICA A LA REALIDAD HISTÉRICA

Varios periodistas rechazamos la investigación y la “verdad histórica” que anunció el 7 de noviembre de 2014 el entonces procurador, Jesús Murillo Karam. Como siempre, un grupo cercano al oficialismo dio por válido lo que las autoridades supuestamente habían “desvelado”, sobre todo con testimonios de algunos detenidos, los cuales “cantan” lo que los policías necesitan presumir.

Del 2 de octubre de 1968 al asesinato de Manuel Buendía, pasando por el 10 de junio de 1971 y los terremotos de 1985 (se conmemorarán los 20 años de aquel acontecimiento), sabemos que las versiones oficiales son parciales, falsas o simplemente una representación de lo que ocurrió. Nada, entonces ha cambiado, aunque hayamos tenido administraciones federales panistas y ahora una más del siempre engañoso PRI.

En el caso de los acontecimientos de Iguala, donde estuvieron los muchachos de Ayotzinapa, las pesquisas fueron más de lo mismo: limitadas, sin poner el acento en las fuerzas armadas mexicana, ni tratando de castigar a los responsables, más bien intentado encubrir la verdad.

Hubo antes de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios testimonios de que la realidad no era como las presentó el “cansado” Procurador.

Por ejemplo, la reportera Marcela Turati alertó que el periodista John Gibler había señalado: existió un quinto camión y no solamente los cuatro que se decía en la averiguación oficial. Algo que corrobora el quinteto de expertos y que ahora señala la Procuraduría de Guerrero.

También los especialistas de la UNAM y la UAM, Jorge Antonio Montemayor y Pablo Ugalde Vélez, respectivamente, habían apuntado: era imposible que los 43 hubieran sido quemados en una pira en Cocula (Julio Hernández, La Jornada, 7 de septiembre). Algo que ahora se dice por parte de José Torero (ole), ya que para llevar a cabo tal acción se necesitarían 30 toneladas de madera, 13 toneladas de neumáticos y 60 horas de combustión. Además, los árboles cercanos a la quemazón durarían 10 años con lesiones.

Antes que los del GIEI nos dieran la noticia, Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso, número 2027), en un reportaje basado en documentos oficiales, señalan que en las acciones del 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero, estuvo al tanto de lo ocurrido y seguramente varios soldados participaron en determinadas acciones. (Tlatelolco en el recuerdo).

Aparte de la policía local y los verdes, también intervino la Policía Federal, dicen los expertos internacionales. Hubo, asimismo, grabaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que no aparecen (Animal Político, 7 de septiembre). Algo común si recordamos los acontecimientos pasados que han cimbrado a la nación.

En la PGR hay divergencias. La siempre titubeante Arely Gómez dice: que hacerse nuevas investigaciones con otros analistas calificados. Tomás Zerón de Lucio, de la Agencia de Investigación Criminal, afirma que la indagación de Murillo Karam es certera y que en ella colaboraron investigadores de Biología de la UNAM (¿dirá algo el Rector, José Narro?) y Felipe Muñoz de la SEIDO, aclara que si supieron del quinto camión, luego desaparecido, el cual, quizá, traía escondida droga que iba a Estados Unidos.

Para el investigador de las fuerzas armadas, Jorge Alejandro Medellín (La Silla Rota, 7 de septiembre), las omisiones del ejército y la Marina, son lo frecuente.

Mientas que en el diario español, El País (7 de septiembre), el articulista Santiago A. Cantón, señala que hay una constante de Tlatelolco a Ayotzinapa y en todos casos la responsabilidad es del Presidente de la República (en turno).

Que en los medios internacionales el documento del Grupo de Expertos contratado fue una bomba, lo demuestra una gran cantidad de críticas a Peña Nieto. Entre otros:

The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Financial Times, BBC, Reuters, The Guardian (Sin Embargo, 7 de septiembre).

Seguramente por ello, Enrique señaló que recibiría los padres de los normalistas, junto con el GIEI. Los que buscan con desesperación a sus hijos, afirmaron: “teníamos razón” en no aceptar las conclusiones de la PGR. Aunque esperan que en esta nueva ocasión, no ocurra como el 29 de octubre de 2014, que se les prometa un nuevo decálogo y no se cumpla.

Para Héctor de Mauleón (El Universal, 7 de septiembre) y Denise Maerker (mismo periódico, aunque un día después), en el quinto camión subieron 14 normalistas. ¿Qué ocurrió con los otros 29?

Ricardo Alemán (El Universal, 7 de septiembre), denunció a “los pillos de la CIDH (que) quieren más millones de dólares” para seguir investigando. Y Carlos Marín dice que los peritos que fueron condecorados por los familiares de los normalistas “son patito” (Milenio, 8 de septiembre). Dos.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, avaló el estudio de los expertos de la CIDH, ya que el mismo evita la impunidad.

Javier Flores (La Jornada, 8 de septiembre), apunta que hay coincidencias entre la GIEI, los forenses argentinos y la CNDH en que las investigaciones de la PGR tuvieron fallas en varios puntos nodales.

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