Juez niega amparo a Diego Jiménez Labora: podría ser detenido por muertes en festival AXE Ceremonia

El telón se está cerrando para Diego Jiménez Labora, fundador del festival Axe Ceremonia y empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO. Un juez federal le negó la suspensión definitiva que había solicitado para evitar ser detenido por su presunta responsabilidad en el accidente del pasado 5 de abril, cuando la caída de una estructura metálica durante el evento causó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Parque Bicentenario.

Tras semanas de especulaciones y un sospechoso silencio mediático, Jiménez Labora enfrenta un panorama legal cada vez más complicado. El empresario había conseguido una suspensión provisional el 23 de abril, lo que le permitió, momentáneamente, sortear cualquier orden de aprehensión. Sin embargo, este 8 de mayo, el juez José Alberto Rodríguez Rivera retiró esa protección legal, abriendo la puerta a una posible detención si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) así lo solicita.

Este giro ocurre mientras la fiscalía investiga a al menos cuatro empresas vinculadas con la tragedia. Entre ellas, Grupo ECO —fundada por Jiménez Labora— responsable del montaje de la estructura que colapsó, así como de la organización del festival. La investigación también apunta a la concesionaria del Parque Bicentenario y a la empresa encargada del plan de Protección Civil. Un detalle particularmente alarmante es que las grúas utilizadas ese día no estaban contempladas en el plan autorizado, y fueron colocadas sin aval institucional, según confirmó la propia Fiscalía.

La conexión de Jiménez Labora con “Los amigos de Andy” ha sido otro punto de presión pública. Investigaciones periodísticas previas revelaron cómo miembros de este círculo han sido beneficiados con contratos públicos y proyectos gubernamentales, entre ellos su primo Alejandro Castro Jiménez Labora. Esta red de influencias ha extendido su dominio al mundo de los espectáculos, donde Grupo ECO también ha organizado festivales como Trópico y Bravo, y trabajado con recintos como el Auditorio Blackberry.

En medio del escándalo, la respuesta del empresario ha sido errática. Tras borrar sus redes sociales en los días posteriores al accidente —una estrategia clásica de desaparición digital— reapareció brevemente el 8 de abril para declarar que estaba “colaborando con las autoridades” y actuando “de manera respetuosa y profesional”. Palabras que, según las familias de las víctimas y colectivos como Periodistas Unidos, no han sido respaldadas por acciones concretas.

Desde la sociedad civil, la indignación no se ha hecho esperar. Veladas, manifestaciones, flores y cámaras en alto han sido parte del homenaje a Bere y Miguel. Pero también han servido como recordatorio incómodo de la precariedad con la que trabajan los periodistas en México, sobre todo en coberturas de espectáculos. La consigna “Nadie debería morir haciendo lo que ama” ha sintetizado el reclamo por justicia, por garantías laborales y por una revisión urgente a la regulación de eventos masivos.

Mientras el juicio de amparo sigue su curso —la próxima audiencia será el 9 de junio—, lo cierto es que el caso ya trascendió lo legal para convertirse en un símbolo de impunidad, tráfico de influencias y negligencia empresarial. Y aunque el escenario todavía está montado, el público exige que los reflectores esta vez no se apaguen sin consecuencias.