Gobierno de Kuri reprime y detiene a ciudadanos que protestan contra ley que privatiza el agua en Querétaro 

Decenas de integrantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y ciudadanas fueron violentamente reprimidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Querétaro, el pasado viernes 10 de junio, luego de una jornada de protestas que tuvo lugar en las afueras de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Desde hace poco más de un mes, la capital queretana ha sido testigo de diversas acciones ciudadanas convocadas por la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) -integrada por cerca de 40 organizaciones y colectivos ciudadanos, además de académicos, estudiantes, ambientalistas y defensores de derechos humanos- quienes buscan evidenciar y comunicar a la población queretana los efectos privatizantes de la llamada “Ley de aguas”, que entra en vigor el siguiente 1 de julio. Dicha ley, legaliza la prestación y el cobro de servicios públicos por consumo de agua a empresas privadas, a través de concesiones que pueden durar hasta 20 años y con posibilidad de renovación por otros 20 años.

Durante la jornada de protesta del pasado viernes, cerca de 150 manifestantes solicitaron la presencia de autoridades estatales para el establecimiento de mesas de diálogo y para la entrega de un pliego petitorio, en el que destaca la derogación de la ley, debido a su vulneración del derecho humano al acceso al agua y a la promoción de su mercantilización, tal como lo han alertado organizaciones locales como Bajo Tierra Museo, la asamblea general del Festival el Agua que Corre, el Consejo por la defensa del territorio ñöñho de Santiago Mexquititlan, y organizaciones de carácter nacional e internacional, como La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el derecho al Agua.

Debido a la falta de respuesta, el contingente decidió bloquear la circulación de la avenida 5 de febrero. Frente a estos hechos, la respuesta oficial del estado fue el envío de poco más de 100 policías antimotines, equipados con toletes, cascos y escudos, quienes con uso desmedido de la fuerza desarticularon el cierre de la calle.

Entre los hechos violentos registrados por numerosas fotografías y vídeos que circulan en redes sociales, destacan el encapsulamiento de manifestantes por parte de la policía, uso de los escudos para golpear a los ciudadanos, golpes en contra de personas que documentaban las agresiones, agresiones contra mujeres indígenas, además de intimidaciones y amenazas en contra de los ciudadanos:

“ya cuando estaban formados los granaderos, yo les estaba grabando la cara, uno de ellos se enojó y me golpeó con su escudo… yo no me di cuenta del golpe al principio, pero ahorita si siento el cuerpo golpeado …lo que pasa es que como todo fue tan rápido que no te das cuenta si te pegan o jalonean” (joven integrante de colectiva feminista).

Igualmente, quedó documentado en vídeo el momento en el que tres policías patean y golpean en el rostro a un adulto mayor, quien resultó con traumatismo en la cabeza, luego de que fuera derribado al piso por efecto de los golpes.

Adicionalmente, la portación de armas de fuego entre algunos elementos de seguridad – documentadas en foto después de la manifestación- aún no han sido aclaradas por la SSP ni por la secretaría de gobernación del estado.

El saldo de la represión fueron decenas de manifestantes con traumatismos en el cuerpo y con episodios de crisis nerviosas, además de 3 personas detenidas, quienes fueron arrastrados varios metros por el cemento antes de ser subidos a las patrullas, sin ninguna imputación previa de delitos.

Hasta el momento, el gobernador de la entidad -el empresario veracruzano Mauricio Kuri- no ha emitido ningún mensaje público sobre las agresiones cometidas por parte de la policía en contra de ciudadanos que protestaban pacíficamente.

Detenciones ilegales, tortura y desaparición administrativa por parte de autoridades estatales

Luego de la manifestación, las tres personas detenidas, Pawó Wrobel (activista social), Roberto Garrido (estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante de colectivos ambientalistas), y José Armando Isidro Eduardo (originario de Santiago Mexquititlan y residente en la Ciudad de México), fueron vistos en diferentes puntos de la ciudad arriba de patrullas de la SSC.

No obstante, durante un lapso de cinco horas, las autoridades omitieron información a familiares y abogados sobre su paradero.

Así lo expresaba una de las familiares de los detenidos en las afueras de la Fiscalía no. 5:

“hace unas horas nos dijeron que estaban aquí en la fiscalía, pero aquí no están, ahora nos acaban de decir extraoficialmente que están en la fiscalía general, pero ahí ya preguntamos y nos dicen que no tienen registro de ellos ahí. En este momento no tenemos información sobre su paradero” (familiar de detenido).

Horas previas a su liberación, familiares y personas cercanas a los detenidos, y organizaciones integrantes de la REDAVI, arribaron a la fiscalía general del estado Querétaro no. 5, en donde supuestamente habían sido trasladados.
Ahí continuaron las manifestaciones durante otras 4 horas, aunque con la consigna de exigir la presentación y liberación inmediata de los tres detenidos.

Cabe resaltar, que durante las nuevas acciones de protesta, cerca de 20 patrullas y unos 50 elementos de la SSC arribaron a las cercanías de la fiscalía, quienes se concentraron en el estacionamiento de una plaza comercial. Adicionalmente, hubo presencia de elementos del Grupo de Rescate y Operaciones Especiales (GROE), un cuerpo policial especializado en operativos contra células del crimen organizado y narcotraficantes. 

Debido a las irregularidades en las detenciones y al trato ilegal de los activistas sociales por parte de elementos de la SSP (aislamiento, incomunicación con familiares, intimidación, agresión física, impedimento de representación legal, amedrentamiento psicológico, coerción), sumados a su no presentación por parte de la Fiscalía del estado, diversas organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la situación de desaparición administrativa en la que se encontraban los tres ciudadanos, esto de acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada por parte de elementos del Estado, tal como ha sido expresado en un comunicado del Festival el Agua que corre [1].

Cerca de las 9:00 pm, las tres personas privadas ilegalmente de su libertad salieron de las instalaciones de la fiscalía, luego de la fuerte presión social que se ejercicio contra el gobierno estatal.

Previo a su traslado a otra zona de la ciudad para una revisión médica, las tres personas recién puestas en libertad ofrecieron un testimonio sobre la serie de irregularidades de las que fueron objeto por elementos de la policía estatal, entre las que describieron intimidaciones verbales, amenazas, traslados no explicados en las patrullas, humillación, estigmatización de su derecho a la libre manifestación.

De acuerdo con la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, a la que se encuentra adscrito el Estado mexicano, este tipo de acciones implican actos de tortura.

Asimismo, uno de los detenidos mostró las señales de las agresiones físicas que se presentaban en varias partes de sus brazos y torso, lo que engrosa el argumento de la ilegalidad y brutalidad con la que actuaron los elementos de la policía.

Según algunos medios locales, dicho uso de la fuerza policial habría sido una medida adecuada. No obstante, el descontento general de la población ha sido expresado por redes sociales, en las que se reprueba de forma generalizada el actuar del gobierno panista en turno.

Asimismo, las muestras de apoyo mostradas por la ciudadanía en las inmediaciones de la fiscalía, luego de la liberación de los detenidos, dan prueba del incremento del descontento social sobre la ley que abre a privados el cobro por tarifa de consumo de agua en la entidad queretana.

A pesar de que las tres personas fueron puestas en libertad, continúa su proceso mediante carpetas abiertas de investigación.

Sus representaciones legales presentaron desde el 10 de junio, quejas formales ante el Juzgado de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por detención/forzada y tortura por parte de los elementos de la policía.

Las organizaciones sociales y ciudadanas que convocaron a las acciones de esta jornada han hecho públicos posicionamientos sobre el actuar de la SSC y el gobierno estatal de Querétaro, reprobando su actuar violento y coercitivo del derecho constitucional a la libre expresión. Expresaron que habrán nuevas jornadas de protesta para continuar con la labor de alertar sobre el riesgo privatizador de la nueva ley de aguas.

Texto de Alejandro Mira | Edición del Colectivo Alterius