Texto: Alejandro Mira
Fotografías: Nadia Bernal

En semanas pasadas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro cumplimentó órdenes de aprehensión contra 5 mujeres que participaron en las protestas del 8 de marzo del 2021 en la capital Queretana, por delitos de motín y daños dolosos.

El costo que exige la fiscalía por la reparación de daños asciende a 2 millones de pesos, además de una pena de 9 años de prisión que se les imputa a 4 mujeres vinculadas a proceso.

A pesar de que las órdenes fueron liberadas en el mes de abril, hasta pasadas las recientes elecciones para elegir a gobernador y presidente municipal Querétaro, dichas órdenes fueron ejecutadas.

Mientras tanto, las detenciones de las mujeres ya cuentan el expediente 189/2021 en la Defensoría de Derechos Humanos (DDH), por presuntas irregularidades y violaciones de los derechos de las mujeres, debido a que los agentes de la FGE recurrieron a engaños para llevarlas de sus domicilios a la fiscalía.

Crédito: Nadia Bernal

De acuerdo a diversas activistas e integrantes de organizaciones feministas en el estado, estas acciones jurídicas instrumentadas por el gobierno estatal a través de la FGE, y por el gobierno municipal de Querétaro, buscan criminalizar las protestas feministas en la entidad, y enviar un mensaje intimidatorio a las mujeres organizadas.

“Lo que quieren demostrar para las chavas que están empezando o participan en las protestas es una llamada de atención, las quieren intimidar […] Es una estrategia delicada, es una estrategia legal, jurídica, de Estado, implica la utilización de recursos… es una estrategia de terror, de pánico”

La principal preocupación de activistas como Deni y Elisa (cuyos nombres fueron cambiados por protección), radica en el tinte político y en el uso del aparato estatal para criminalizar a mujeres que exigen justicia, pues frente a la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades locales para frenar la grave situación de violencia de género, de desapariciones y feminicidios que ocurren en esta entidad, la gestión que aún encabeza el panista Francisco Domínguez Servién, ha priorizado vincular a proceso a mujeres que se manifiestan colectivamente por estas situaciones.

“Está siendo utilizando el aparato del estado como tal, de manera jurídica, formal, para reprimir, para criminalizar, para intimidar y estigmatizar al movimiento feminista”

Incremento de la violencia contra las mujeres en el estado

Según datos de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2011 el 42 por ciento de las mujeres casadas o unidas en el estado de Querétaro habían experimentado algún tipo de violencia por parte de sus parejas, y el 62 por ciento de ellas manifestó haber vivido algún hecho de violencia cometido por sus ex parejas (ambas cifras por encima de la media nacional).

La misma encuesta efectuada en el año 2016, reporta que el 71.2 por ciento de las mujeres en la entidad, habían experimentado algún tipo de violencia emocional, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de sus vidas.

Para el caso de la violencia experimentada en el ámbito público (calles, parques, transporte público, mercados, plazas, etc.) el 33.6 reportó haber sido objeto de algún tipo violencia, principalmente violencia sexual, ubicándose Querétaro en este rubro el en el quinto lugar a nivel nacional. A ello habría que agregar que Querétaro se convirtió, durante el primer semestre del 2021, en el primer lugar a nivel nacional en lesiones dolosas contra mujeres por cada 100 mil habitantes, año en el que también se acumulan 283 denuncias por violación sexual y 1,538 por violencia doméstica.

Crédito: Nadia Bernal

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil de la capital queretana, este panorama de violencia generalizada contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años, escalando también el caso de mujeres desaparecidas y asesinadas por motivos de género, ya que entre 2015 y el 2020 las propias organizaciones documentaron 31 casos de mujeres desaparecidas (15 de ellas menores de edad) y 72 feminicidios en la entidad.

Cabe señalar que el gobierno estatal reconoció sólo 34 de los 72 feminicidios documentados por las organizaciones, por lo que se han suscitado fricciones entre ambas partes en torno al reconocimiento oficial sobre el número real de cuántas mujeres han sido desparecidas y asesinadas por motivos de género en Querétaro. De acuerdo a Elisa, esta negativa por parte del gobierno del estado, se asocia directamente con los fuertes intereses económicos que existen sobre la entidad y a los grupos de ultraderecha que se benefician de inversiones extranjeras.

Frente al incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad, la capital queretana también ha experimentado un aumento bastante significativo de la presencia de mujeres de diversos sectores y edades en protestas públicas en las calles queretanas, convocadas explícitamente para exigir el cese de la violencia de género, además de otras demandas asociadas a los efectos estructurales del patriarcado.

Por ejemplo, durante la jornada del 8M del 2020, según cifras oficiales de protección civil, se registró una participación de 10 mil mujeres en la ciudad de Querétaro, además de otras acciones de protesta que tuvieron lugar en diversos municipios de la entidad.

Especialmente durante la jornada de protesta del 8M del 2021, sectores de manifestantes realizaron acciones de protesta en la FGE Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, en donde se registraron daños físicos al inmueble (razón por la cual fueron levantados cargos contra 4 mujeres). De acuerdo a algunas versiones de colectivas locales, uno de los móviles por las cuales el contingente se dirigió a las instalaciones de esta fiscalía, se asocia a los casos de re victimización o inacción a los que se han visto expuestas numerosas mujeres en el estado. Cabe recordar el emblemático caso de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, quien dirigiera una carta al gobernador Francisco Domínguez en mayo del 2019, señalando la delicada situación en la que se encontraba su vida, una vez que fuera violentamente hostigada y amenazada por su ex pareja. Tan sólo semanas después de enviada la misiva, Nancy fue asesinada por dicha persona.

Persecución política contra activistas en Querétaro

En el transcurso del 2021, previo a las detenciones de las 5 mujeres, el estado de Querétaro presencio dos casos de represión política contra integrantes de organizaciones sociales y ciudadanas.

El primero de ellos en mayo, luego de que tres defensores del agua provenientes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, acudieran a la FGE ubicada en la cabecera municipal de Amealco, para denunciar agresiones de las que fueron objeto por parte de representantes y candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en ese municipio. Luego de que las autoridades los retuvieran sin orden de aprehensión y fueran trasladados a prisiones estatales (en San Juan del Río y en la capital del estado), fueron liberados al día siguiente, debido a las fuertes movilizaciones de organizaciones indígenas estatales y nacionales, incluyendo un comunicado emitido por el Congreso Nacional Indígena (CNI).

El segundo caso se suscitó tan sólo semanas después de las detenciones, luego de que fueran detenidas 5 personas arbitrariamente en la capital del estado, durante una concentración y clase pública entre artesanos indígenas e integrantes de organizaciones sociales sobre derechos humanos frente al palacio de gobierno. Entre los detenidos se encontraba el profesor Sergio Jerónimo Sánchez, quien ya fuera preso injustamente junto con otros dos activistas sociales pertenecientes al Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), en 1997. Sobre ambos episodios, el gobierno del estado de Querétaro ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil locales debido al carácter represivo y a las violaciones de derechos humanos detrás de las detenciones, señalamientos que han acompañado diversos episodios de la gestión de Francisco Domínguez.

Crédito: Nadia Bernal

En relación al hostigamiento en contra de activistas y redes de organizaciones feministas, Deni, integrante de una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, comenta que la actual detención de las 5 jóvenes corresponde una nueva escalada de violencia política en contra de las mujeres, pero también evidencia la vigilancia de la que vienen siendo objeto desde hace tiempo, principalmente en redes sociales:

“Hace un poco más visible esta persecución, este registro que hay en contra de las chavas, entre las mujeres que son activistas, lo hace más evidente….sabemos que nos tienen registradas, ellos saben quiénes son y en qué momentos nos movemos, en qué momentos participamos y desde dónde participamos … Han estado buscando siempre de alguna manera hacer algo en contra de nosotras, en detrimento de nuestra libertad, de la libertad de nuestro cuerpo, nuestra libertad de expresión…siempre hemos estado perseguidas, pero ahora ya no es solamente una persecución simbólica, sino es hasta jurídica, llevarnos hasta la cárcel, estar en un proceso legal, es un reflejo de que nos quieren callar”

Por su parte, Elisa, también integrante de una organización de defensoría de derechos humanos, sostiene que el hostigamiento del que han sido objeto no es nuevo. Un punto de tensión importante ocurrió cuando comenzó a hablarse públicamente sobre el tema de desapariciones en el estado en 2012:

“En el estado de Querétaro tenemos una historia de muchos años de deslegitimación, de persecución hacia integrantes del movimiento feminista …en mi caso y en el de otras feministas en el 2012, que pusimos sobre la mesa el tema de las desapariciones de niñas y mujeres en Querétaro, y realizamos varios eventos públicos en donde se invitó a familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez …recibimos llamadas de gente del gobierno del estado pidiendo que no se llevaran a cabo los eventos para evitar alarmar a la población”

En el mismo sentido, durante el 2015, ocurrieron hechos similares cuando diversas organizaciones presionaron a las autoridades locales para que se emitiera la alerta de género a nivel estatal:

“Esto se hizo más fuerte cuando se promovió la alerta de género para el estado en 2015, fuimos cuatro organizaciones las promoventes pero participaron 18 organizaciones en total. En ese momento la violencia se hizo muchísimo mayor, hubo campañas contra el movimiento, diciendo que estábamos alarmando, ellos minimizaron las desapariciones, y al minimizarlas ponían en entredicho nuestro trabajo de documentación sobre desaparecidas, feminicidios y trata…ha habido una fuerte de criminalización hacía varias compañeras en particular”

Por otra parte, el crecimiento de muestras de odio e intolerancia por parte de la sociedad queretana en contra mujeres feministas, de acuerdo a Julieta, integrante de una colectiva, radica en el hecho de que, al no haber una respuesta eficaz por parte del estado para frenar los feminicidios y la violencia contra las mujeres, las manifestaciones públicas se radicalizan, generando una fuerte polarización social entre población y manifestantes.

 

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La persecución ha sido encabezada por el panista Francisco Domínguez Servién. La presión ahora debe ser para el gobierno entrante, a cargo de Kuri González, y que con ello se detenga el clima de represión en el Estado de Querétaro | Crédito de la imagen: Periódico La Fuente

La misma joven confiesa que no imaginaba que comenzaran a haber detenciones contra activistas mujeres en el estado:

“Esto lo comenzamos a ver el año pasado en León me parece, y en la Ciudad de México que se empezaron a llevar chicas en las manifestaciones, fue cuando algo nos hizo ruido, y dijimos tenemos que estar listas para cuando eso ocurra aquí, incluso no sé, por si nos mandan algo así como la Ateneas, las mujeres policía, para confrontamientos, tenemos que estar listas para eso, para la verdad es que sí lo veíamos bien lejano”

A pesar del claro objetivo político de buscar intimidar y propagar miedo entre mujeres que se identifican como feministas, las activistas coinciden en el hecho de que los procesos legales abiertos en contra de las 5 jóvenes, invitan a fortalecer aún más sus procesos organizativos, así como las medidas de seguridad al interior de sus redes de trabajo, apoyo y activismo.

“Justamente el pasado viernes 16 de Julio, diversas agrupaciones feministas realizaron un acto de protesta pública en la alameda Hidalgo, en la capital queretana, en el que denunciaron el hostigamiento político del que están siendo objeto -inluyendo llamadas de hostigamiento- y señalaron la identificación de mujeres infiltradas trabajadoras del poder del estado en las protestas feministas.”

La precaria situación democrática y de garantía a la libertad de expresión que se vive en el estado de Querétaro, corresponde a uno de los retos centrales que hereda la saliente administración de Francisco Domínguez Servién al empresario y recién electo gobernador de la entidad, Kuri González. A ello se le suma la urgente necesidad de detener la ola de violencia que azota a las mujeres de esta entidad.

 

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