Continuidad e impunidad en la desaparición forzada en México
La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.
En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.
Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.
Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación proporcionada en 2020, han ubicado 873 fosas clandestinas y 147,033 personas desaparecidas desde 1964 al 2019. De los cuales, 85,396 se reportaron como localizadas, mientras que 61,637 personas aún se encuentran en calidad de desaparecidas. De este número de personas desaparecidas 15,835 son mujeres y 45,612 hombres, 190 aparecen como indeterminados. Durante la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas, el Secretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas proporcionó una nueva cifra el 16 julio de 2020, en la que refiere que hay 73,224 personas desaparecidas.
El Estado mexicano es el principal responsable por acción y omisión frente a las desapariciones forzadas y por los lentos o nulos avances en materia de verdad y de justicia. Además durante la Emergencia Sanitaria por COVID 19, no han parado las desapariciones forzadas: “el reporte del primer semestre de 2020, arroja un resultado de dos mil 332 personas” por su parte las instancias de gobierno han detenido las búsquedas excusándose en la situación de pandemia. Son las familias quienes persisten en caminar hasta encontrarles, exigiendo el respeto a la dignidad, la atención integral y principalmente el acceso a la información.
La estigmatización y discriminación hacia las personas desaparecidas y sus familias, la falta de coordinación de las capacidades institucionales y con ello, la falta de una voluntad de Estado para atender y cesar esta grave violación de derechos humanos son fallas que se profundizan dentro del sistema mexicano.
Por ello es necesario que en México se implementen de manera urgente las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, así como reparar integralmente a las víctimas. Además la búsqueda de las personas desaparecidas debe partir de la premisa de la plena participación de las familias para encontrarlas, así como identificar y sancionar a quienes son responsables intelectuales y materiales. Tal y como es la exigencia del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México: “que dejen de existir las desapariciones, que se busquen a todas las personas y que se ayude a regresar a casa a las miles de personas sin identificar”.
Reiteramos el llamamiento de la Organización de Las Naciones Unidas: “En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora”.
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