Así se acabó la “Verdad Histórica”

Existen acontecimientos tan aberrantes e inhumanos en la historia de un país, que hacen un llamado a la indignación colectiva. Se trata de hechos irresueltos, plagados de irregularidades, impunidad, intromisión e inconformidad capaces de llevar a una deuda histórica, una herida social que solamente sanará con la verdad. 

“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan […] esta es la verdad histórica de los hechos”. 

Declaró un 28 de enero de 2015 el Procurador Murillo Karam. Hoy la opinión pública y los padres de los normalistas, tienen la certeza absoluta de que la “verdad histórica”, es la mentira histórica, de un crimen de Estado. 


La desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, es el caso más indignante y referente de la administración de Enrique Peña Nieto. 

El crimen de Estado más reciente de la historia de México, se señala como un acto de tal magnitud pues cuenta con todas las características. 

Durante la madrugada del 26 de septiembre y hasta el termino del Gobierno de Peña Nieto, se tiene documentada y registrada la desaparición de los estudiantes a manos del Batallón 27 de Infantería, la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y, por supuesto, la Presidencia de la República; El aparato político, de inteligencia, jurídico, policial y castrense contra 43 normalistas.

El Estado dio carpetazo con la verdad histórica, la cual afirma que los jóvenes fueron entregados por policía municipal de Iguala al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron en el basurero de Cocula para, posteriormente, arrojar los restos al río San Juan. 

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero solicitó 46 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, principalmente, funcionarios del gobierno de Peña Nieto, entre ellos Tomás Zerón, acusado de desaparición forzada y manipulación de pruebas.

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La INTERPOL ya giró una ficha roja para su búsqueda; Tomás Zerón siendo director de la AIC, habría sembrado las pruebas en el río San Juan para la recolección de los restos del único estudiante identificado, Alexander Mora. 

Aprehender a los responsables, que permitieron a través de sus cargos utilizar el aparato estatal para dar falsas respuestas sobre el crimen es comenzar a sanar una deuda histórica, realmente investigar la noche de Iguala permitiría acceder a la verdadera historia de los hechos y conocer el paradero de los 43 normalistas. 

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