FRAYBA lanza campaña para denunciar tortura y abusos de autoridad en Chiapas

Romper el silencio, en el país donde se erradico la Tortura

Distantes, sin la geometría de la música,
Hechos substancia de número y frío,
Fijos en la constelación de la soledad,
De polvo y fracaso empezaron
A crecer planetas de deseo y lumbre.

José Antonio Reyes Matamoros

El informe que hoy presentamos le titulamos Romper el silencio (Análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas), sostenemos que la tortura es un delito criminal que se diluye en las trampas de las instituciones que deberían investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado a las víctimas y sobrevivientes, estos hechos constituyen una práctica institucionalizada que es parte del funcionamiento del sistema de justicia en México perpetrado por los operadores de justicia quienes de manera directa actúan e involucran a agentes vinculados a los gobiernos, quienes son cómplices de este método de investigación que constituye una fábrica de culpables, esto se profundiza y es más cruel cuando se trata de personas indígenas. En este informe hacemos énfasis en los impactos de estas violaciones graves a los derechos humanos.

Romper el miedo aborda el fenómeno de la tortura en Chiapas la desarrollamos en nueve capítulos, de manera puntual en el marco de un contexto donde la violencia desbordada, la corrupción, impunidad y discriminación son elementos que marcan los casos hacia los pueblos originarios, del cual se derivan violaciones al debido proceso legal en cada uno de los momentos de su juicio, además de que impacta no solo a la persona torturada, también a la vida comunitaria que tiene una repercusión comunitaria que configurando una matriz de dominación hacia los pueblos originarios a partir del ejercicio autoritario, discriminatorio de los gobiernos.

En el capítulo I La tortura en México, práctica constante y el capítulo II Laberintos de la Ley, argumentamos sustancialmente que la tortura es sistemática, desde la fundación del Frayba, ha sido un tema recurrente de documentación, y a pesar de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que hemos denunciado, que estos actos criminales vienen de los gobiernos federal y estatal, es un crimen que persiste, este ha sido una denuncia constante que ha ido cambiando de parte del estado cada vez se ha instalado con una sofisticación que consolida su método de investigación criminal a través de pruebas ilícitas, pruebas elementales como autoinculpación. En el transcurso de las décadas está instalada en el sistema mismo de su actuación, por esta razón sostenemos que es sistémica, los operadores de justicia tienen introyectado esta acción que marca un pacto de impunidad en el país, todo esto a pesar de los cambios legislativos son letra muerta.

En una segunda parte sostenemos que la tortura cuando se trata de pueblos indígenas es un patrón recurrente la discriminación, es un signo de manera exponencial esto lo tratamos en el capítulo III Tortura y Pueblos indígenas y en el capítulo IV Discriminación a personas indígenas en el sistema judicial. Aquí describimos algunos métodos de tortura y los mecanismos de exclusión y marginación cuando una persona por su origen étnico es víctima de estos actos criminales, por lo que resalto los siguientes datos referidos en el informe:

3.1 Datos del informe.

Este informe abarca todo el año 2018 y el primer semestre de 2019, durante este período, el Frayba registró 98 eventos de tortura distribuidos en los municipios de Arriaga, Catazajá, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Chiapa de Corzo, Chamula, Chanal, Ixtacomitán, Las Margaritas, Motozintla, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Ostuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, Teopisca, Tila, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón; así como los municipios de Centro (Villahermosa) y Huimanguillo en el estado de Tabasco.

Durante este período los perpetradores identificados son: Ejército mexicano, policías municipales, autoridades comunitarias y municipales, policías ministeriales, fiscales del ministerio público de la FGE, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; así como particulares con anuencia de autoridades.

De los 98 casos, 95 son hombres y tres mujeres; 48 indicaron pertenecer a un pueblo indígena y 50 ser mestizos. De los eventos registrados pertenecientes a un pueblo indígena 25 indicaron ser tseltales, 20 tsotsiles, un tojolabal, un ch’ol y uno perteneciente al pueblo zoque.¹

Soy indígena tsotsil, […] en noviembre de 2018, fui trasladado al CEFERESO de Villa Comaltitlan, cuando llegué me desnudaron, fui revisado por los custodios y me dijeron que tenía que acostumbrarme a la reglas, me empezaron a golpear, me dieron patadas en el estómago, en las costillas y me dieron cachetadas en a cara y en los oídos, me dolía mucho el cuerpo, me subieron a un carro para llevarme a mi celda, en el camino sin ninguna explicación, ya que no hice nada que les molestará, porque estaba yo totalmente sometido, me rociaron gas pimienta en la cara y me golpeaban nuevamente, eran entre 4 y 5 custodios. Al llegar a mi celda me volvieron a golpear, el jefe del área de celdas me recibe con más golpes y me amenaza que si digo algo de esa cárcel no voy a salir en toda mi vida, en total este sufrimiento duró como una hora, ese mismo día les hicieron lo mismo a los detenidos que trasladaron junto conmigo, Durante el tiempo que estuve ahí, me dijeron los mismos presos que a los nuevos que llegan al CEFERESO 15, los golpean para castigarnos y hacernos sufrir sin ninguna razón. Ahora ya estoy libre y estoy en proceso de denunciar a los torturadores […]²

De los eventos registrados, el 95% se encontraban privados de libertad en los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) ubicados en Tapachula (CERSS No. 03), San Cristóbal de Las Casas (CERSS No. 05), Villaflores (CERSS No. 08), Pichucalco (CERRS No, 11), Tonalá (CERRS No. 13), Cintalapa (CERRS No. 14 El Amate), Copainalá (CERSS No. 15), Catazajá (CERSS No. 17) y en el Centro Federal de Readaptación Social No. 15 de Villa Comaltitlán.”

Los métodos de tortura identificados en este periodo son: asfixia, aislamiento, agresiones verbales, amenazas de muerte, amenazas a familiares, agresiones verbales, electrochoques, golpes en general, golpes en los oídos, golpes en las plantas de los pies, humillaciones, privación sensorial, de sueño, de servicios sanitarios, de alimentos y violencia sexual.

Según la documentación, 12 personas indicaron haber sufrido tortura sexual durante la detención; ocho de ellas indígenas tsotsiles, tres de las cuales son mujeres. Los métodos utilizados por los perpetradores son: amenazas sexuales, desnudes, tocamientos, burlas sexuales y violación con objetos.

Respecto a la tortura psicológica, está íntimamente ligada a la tortura física y/o a la recreación de escenas causantes de terror, por eso la tortura se convierte en un recuerdo corporal imborrable. El daño que provoca es para toda la vida y aunque, a veces, no se expresa en palabras, sí puede hacerse a través del cuerpo.³

En una tercera sección sumamos a lo dicho, y desglosamos en el capítulo V Tortura y violencia hacia las mujeres indígenas, ya que se encuentran en una situación de absoluta adversidad porque se enfrentan a una discriminación por género, etnia, lengua y clase, por lo que acceder a la justicia se convierte en una situación imposible, otro factor es que muchas veces no cuentan con respaldo familiar u organizativo y esto aumenta su vulnerabilidad en un contexto de otro sistema de opresión que es el patriarcal, lo que eleva exponencialmente la injusticia y por consecuencia la impunidad. Para ilustrar refiero del informe el testimonio de una compañera victima de tortura:

Soy indígena tsotsil, me detuvieron el 22 de agosto de 2018, cuando estaba en casa de mi hermana, varios hombres armados y encapuchados entraron a la casa, tiraron la puerta, cuando quise defender a mi sobrino, los hombres me tiraron al suelo y luego arrastrándome me subieron a un vehículo. Me llevaron a San Cristóbal de Las Casas, esposada, en la parte de atrás de vehículo, ahí me pisaban, durante el traslado me insultaban, me golpearon, me tocaron los pechos y metieron sus manos debajo de mi falda, se burlaban de mí, pude reconocer la voz de mi expareja de quien me separé porque me golpeaba. Un licenciado de la fiscalía me dijo que me declarara culpable de homicidio de mi sobrino, que si no, me iban a entregar otra vez con los hombres para que me golpearan y quemaran. Me obligaron a poner mi huella en un documento. Ese mismo día me llevaron a Tuxtla Gutiérrez y el día 24 de agosto me llevaron a la cárcel en San Cristóbal de Las Casas […]⁴

En el capítulo VI Tortura y desplazamiento forzado, aunado al capítulo VII Uso de la fuerza y militarización en comunidades indígenas abordamos el contexto de Chiapas siendo un estado militarizado desde los 90’s a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la situación de los desplazamiento forzados y las fuerzas de seguridad en complicidad con estructuras paramilitares creados por el Estado mexicano, a partir del Plan de Campaña Chiapas 94’ es un patrón, que ha mantenido un escenario de violencia generalizada en varios de los territorios indígenas, esto derivado de los años ante la falta de justicia por los hechos relacionado a crímenes de lesa humanidad, y la permanencia de estructuras de corte paramilitar, han continuado en nuevos desplazamientos forzados que se suman a la situación crítica de violencia lo cual genera impactos psicosociales que son equiparables a actos de tortura que vive la población, estos impactos se potencia si agregamos la presencia del crimen organizado que están generando también nuevos desplazamientos. La respuesta del Estado ha sido insuficiente porque no se enfoca en las raíces de la violencia, sino que se empecina en mantener las estrategias que han fracasado de otros gobiernos, como es mantener la lógica militarista de ocupación territorial en los pueblos y comunidades indígenas, que como lo hemos documentado ha tenido impactos sumamente negativos de ruptura comunitaria y cultural. Tal y como lo sostenemos en el informe: “el desplazamiento interno de las comunidades indígenas tsotsiles y tseltales de Chiapas, sus causas y consecuencias, tienen la intención de generar miedo y terror, por lo que generan sufrimiento físico y mental, constituyéndose en tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.”

Por último, en el Capítulo VIII Consecuencias de la tortura desde la perspectiva comunitaria y el capítulo IX Romper el miedo, la comunidad como apoyo de lucha, es a partir de aquí donde impacta al individuo y su colectividad, es donde el miedo se apodera y entra el terror, el pánico, genera impactos psicosociales que marcan a la persona víctima de tortura, a su familia, a su organización y comunidad. En este escenario obscuro desde el Frayba somos testigos como emerge la resistencia de los pueblos, se establecen formas de lucha y mecanismos de afrontamiento que permiten fortalecer la dignidad de las victimas convirtiéndoles en sobrevivientes de una serie de actos que buscaban anular y destruirlos, esta construcción no solo es individual sino colectiva, a partir de que los sobrevivientes de tortura junto con sus familias y redes naturales van construyendo un proceso social de defensa que los convierte en protagonistas de su propia lucha, tomando de nueva cuenta confianza a la vida, por lo que se perfilan en defensores y defensoras de derechos humanos en la búsqueda y exigencia de justicia, en generar mecanismos de no repetición, en compartir los dolores y la rabia, aprender de las esperanzas que iluminan su caminar, sanan sus heridas, habitan la resistencia e intercambian experiencias de vida que fortalecen a otros proceso que han pasado por lo mismo o a para prevenir que no les suceda, es aquí donde se rompe el miedo y se desafía a los sistemas de opresión.

Los desafíos actuales ente contexto de la pandemia COVID-19

En este contexto de la pandemia la tortura sigue siendo de manera sistémica el control de población, el mecanismo de infundir miedo a la población en general y sobre todo a quienes por sus circunstancia de vida son excluidos y marginados, que como hemos hecho patente la población indígena es uno de los grupos vulnerables, ya que el gobierno mexicano es profundamente discriminador, hay que asomarse a las instituciones de Estado y las leyes que se han generado para la inclusión de los pueblos originarios en nuestro país, para verificar que a pesar de que existe una serie de legislación nacional e internacional, que manifiestan los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica son tratados bajo la lógica de un colonialismo interno, donde son sujetos de interés público y no sujetos de derecho como es la demanda desde hace décadas y en el sistema de justicia mexicano es donde sigue siendo extremadamente evidente la exclusión y marginación, siendo los pueblos originarios quienes en este país no tiene acceso a la justicia. A pesar de que, el sistema judicial actual no funciona. A pesar de que hay nuevas reglas apegadas en teoría a los derechos humanos, de respeto al debido proceso legal, pero la lógica de actuaciones y procedimientos viciados, están enquistados en el ADN del sistema de justicia mexicano.

La pandemia profundiza estas marginalidades, hace mas transparente las situaciones de vulnerabilidad, en todos los ámbitos de la vida, también hace traslucida el sistema capitalista que profundiza las grandes desigualdades en nuestro país donde la corrupción y la impunidad desde hace décadas ha reinado y hoy no es la excepción para los pueblos originarios.

Ante el contexto donde todo ésta detenido, como los procedimientos legales, la no actuación de los gobiernos de Chiapas y federal, ante la conflictividad social que mantienen violaciones a los derechos humanos, es una situación crítica que están causando una especie de parálisis que es necesario fracturar, por lo que este informe Romper el miedo pretende abrir el debate y devolver la información a quien, desde su persistencia de justicia sigue empujando y resistiendo y a la edificando alternativas al sistema que los segrega.

Desde la documentación insistimos que es posible verdaderamente terminar con la tortura y con los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, es por ello que hoy también lanzamos la campaña En el país donde se erradicó la tortura, esto con el afán de evidenciar y profundizar esta otra pandemia que esta lacerando a las personas, sus familias y sus comunidades.

Desde el Frayba vemos necesario romper el miedo y los cercos que pretenden acallar a la sociedad civil, por lo que creemos firmemente que no sería posible sin el testimonio de las y los sobrevivientes, familias y comunidades que levantan la voz con su digna rabia para la exigencia de justicia. Gracias por su entereza, por sacar de sus entrañas su gigante dignidad, por su sed de justicia, por su caminar que nos enseña a no claudicar, que, aunque los caminos sean lúgubres, la esperanza es la semilla para cambiar este sistema, donde la verdad y la justicia siempre saldrán a flote.

Por último, solo me queda agradecer a las personas sobrevivientes de la tortura, su familia y sus comunidades; así también con las organizaciones con quienes caminamos juntos y fue posible el informe Romper el miedo. Gracias por su confianza que fortalece la mirada en alto, por su esperanza que trasciende el desconsuelo, y alimenta la resonancia de la palabra, de estos símbolos que se convierte en testimonio de lucha, que vibra en el silencio y que persisten como lampara en plena penumbra, hasta romper al alba.

 Descargar el Informe Romper el Miedo

Pedro Faro
Director del Frayba
Jobel, Chiapas, México
29 de junio de 2020