Matar a un periodista es como matar a nadie: Reporteras en Guardia

Los hechos no mienten: en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido asesinados 13 periodistas, 5 de ellos considerados comunicadores indígenas; 12 de ellos trabajaban en el ámbito municipal y el mismo número cuenta a los periodistas asesinados con arma de fuego. Respecto al último año de la administración de Enrique Peña Nieto y en el cual, en el mismo periodo, fueron asesinados 9 periodistas, la tendencia es alarmante.

Los hechos no mienten: el gobierno federal no reconoce la actividad periodística de los comunicadores indígenas asesinados y con ello viola la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012, donde claramente se define a un periodista de la siguiente manera:

«Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen».



Este 27 de mayo de 2019, el colectivo Reporteras en Guardia, presentó, en conferencia de prensa, un conteo de los periodistas asesinados en el gobierno de AMLO al mismo tiempo que señaló una serie de problemáticas que ponen en riesgo a las y los miembros del gremio en un país como México.

Se exigió explícitamente al ejecutivo que reconociera la labor periodística de los nahuas Samir Flores Soberanes, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, del chinanteco Gustavo Cruz Mendoza y del zapoteco Telésforo Santiago Enríquez, miembros todos del Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes fueron asesinados este primer semestre de gobierno. Su papel como comunicadores indígenas no sólo se ve truncado en lo personal sino en lo colectivo.

 

Transmitir la palabra en la comunidad

Vale la pena detenerse un poco en lo que implica un comunicador indígena y su importancia adentro y afuera de las comunidades, en la transmisión de información pero también en la preservación de la identidad que se ve atacada constantemente a través del racismo y en el caso de las mujeres comunicadoras, con la violencia que caracteriza a esta sociedad.

Cuando se asesina a un comunicador o comunicadora indígena se afecta a la comunidad y el golpe se multiplica.
Una persona que asume un rol de comunicación, al interior de la comunidad no realiza su trabajo en soledad, está constantemente siendo apoyado por la gente que integra el lugar donde vive, es decir, cuenta con una base social a partir de lazos familiares y culturales. Cuando se asesina a un comunicador o comunicadora indígena se afecta a la comunidad y el golpe se multiplica.

Tanto Samir Flores como el resto de comunicadores asesinados en el gobierno de AMLO, conocían el contexto y los actores de la información que daban a conocer, que compartían o que analizaban, por lo que su actividad periodística se convertía también en un mecanismo de concientización que sustentaba una lucha social.

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La preservación de la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas pasa también por las voces de los radialistas de las radios comunitarias, en sus lenguas y en la lengua franca, el español. Con esta promoción de la lengua náhuatl y de la identidad de este pueblo José Lucio y Modesto se acercaron a compartir su palabra y sus preocupaciones en el violento contexto del municipio de Chilapa, Guerrero. Las y los comunicadores indígenas son fuente de conocimiento y puente de transmisión para otras identidades.

Que el gobierno federal no reconozca a estas personas como periodistas y ni siquiera los mencione en su conteo parcial muestra el carácter racista que tiene el gabinete de la 4 Transformación.

 

De los buenos y malos a una nueva narrativa

Para Reporteras en Guardia, la situación de los ataques a la prensa pasa por una revisión de los factores que los permiten, entre ellos la desacreditación pública que ha hecho el presidente y algunos otros funcionarios de alto rango y la poca eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 2 de los periodistas asesinados en el periodo mencionado, Rafael Murúa Manríquez y Francisco Romero Díaz contaban con este mecanismo.

Sin embargo ha algo más cuando se busca explicar la violencia que aqueja al país, pero particularmente a las mujeres, a los pueblos indígenas y a las y los periodistas. Existe un nivel de análisis muy importante que descarta la visión maniquea de buenos y malos que durante muchas décadas ha fortalecido el Estado mexicano y que desde 2006 se ha instaurado como explicación de la guerra que vivimos.

Tomando el concepto de violencia organizada, acuñado por el periodista y académico Sergio Rodríguez Blanco, el análisis de la realidad mexicana cobra un sentido distinto, mucho más cercano a lo que hemos padecido en los últimos 13 años. Nunca se ha tratado de un sector bueno compuesto de instituciones de seguridad que combaten a un sector malo compuesto de criminales. No hay bandos. Hay una violencia creada y generalizada por el Estado para lograr fines diversos, como por ejemplo, la imposición de proyectos de infraestructura en donde comunidades indígenas se oponen. Un complejo entramado de intereses y actores, públicos y privados que juegan juntos.

No tomar en cuenta al Estado como un actor protagonista en la violencia es dejar de lado una gran fuente de información, es ver con un ojo cuando se tienen los dos. Por algo, en un conteo hecho por Artículo 19, de los casos de periodistas agredidos y asesinados entre el año 2012 y el 2018, el 42% de los perpetradores son agentes del Estado.

En esta nueva narrativa, propuesta por Reporteras en Guardia, para analizar la violencia contra la prensa también podemos encontrar un hilo que nos lleve a analizar de manera distinta la violencia contra la población en general. Más que una historia de vaqueros y apaches, llena de personajes míticos, nuestro país sobrevive y enfrenta el poder de fuego y acallamiento que el Estado ostenta. En el violento conflicto que vivimos, los representantes estatales son juez y parte.

«La violencia organizada ha desgarrado al país en los últimos sexenios y que con el discurso de la guerra contra el narcotráfico lo que se hizo fue generar violencia desde el Estado, que nos dejó a nosotras en más vulnerabilidad. Quienes cubríamos derechos humanos fuimos arrojadas a cubrir temas que tenían que ver con seguridad o con las mafias delincuenciales y lo que vemos ahora es que están emergiendo una serie de comunicadores que están en mayor vulnerabilidad por cubrir temas de defensa del territorio» afirmó Laura Castellanos, periodista independiente integrante de Reportera en Guardia.

 

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