El empoderamiento de un pueblo mè’phàà: ejercicios de inclusión en la ‘Cuarta Transformación’

Por

Iván Oropeza Bruno¹Lingüista del Centro de Estudios Ecuménicos – Universidad Intercultural del Estado de Guerrero.

Ma. Cristina Hernández Bernal²Doctorante en Ciencias Antropológicas de la UAM-I.

Una de las prácticas menos corrompidas de los pueblos y comunidades originarias, al menos al interior del pueblo mè’phàà, es el proceso de elección de sus autoridades: los comisarios municipales. Cada comunidad tiene un proceso interno apegado la mayoría de las veces, a los usos y costumbres, aunque es preciso señalar que, en algunas, el sistema de partidos políticos ya influye de manera determinante en las decisiones comunitarias.

La elección de las autoridades es un asunto prioritario para el bienestar y convivencia de una comunidad. Estos cargos son formas de otorgar un servicio ya que por un año se tiene que dar una ‘fuerza de trabajo’ a la comunidad. Las personas electas dejan de sembrar su maíz, frijol, café, entre otros productos, dejan el campo para dedicarse casi de manera exclusiva a conducir la vida comunitaria: resolver problemas internos, velar por el pueblo, brindar su mejor empeño para organizar las fiestas, recibir las ‘correspondencias’ de los pueblos vecinos, en fin. Para poder elegirlos se hacía una consulta a los ‘principales’ del pueblo para ver las cualidades de los candidatos; los rezanderos acudían a los lugares sagrados para preguntar a las deidades sobre quién sería la mejor opción para dirigir y encausar las necesidades del pueblo. Posteriormente se nombraban a las personas electas, quienes tenían que guardar ayunos y purificarse por el tiempo que cada comunidad determinara. Lo que se ha ido perdiendo de manera gradual.

Anteriormente, las personas elegidas dudaban en ocupar el cargo porque implicaba obligaciones, esfuerzos y mucha responsabilidad; por un año tenían que sacrificar a sus hijos, esposa y toda la familia racionalizando el alimento, no comprando calzado, limitándolos en muchos aspectos, pese a ello ser electos representa un prestigio y honor para toda la familia por el servicio que se otorga al pueblo. En la actualidad, imitando a los sistemas de elección mestizos las personas que buscan ser autoridades tienen intereses distintos, por ello convencen a sus conocidos para ser favorecidos o buscan a personas para contar con más votos; en fin, prácticas todas dañinas de la vida comunitaria.

El ejercicio del autoritarismo y la búsqueda de un poder centralizado en un grupo o familia en las localidades originarias contravienen tanto los derechos colectivos como los usos y costumbres que los protegen y les dan vida. Un ejemplo de ello puede observarse de manera clara en una localidad de la región de la Montaña del estado de Guerrero: Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec.

En los últimos seis años, la conducción de los destinos de la comunidad ha estado centralizado de manera intercalada por solo dos familias. En el pasado diciembre de 2018 la autoridad en turno omitió lanzar una convocatoria para el cambio de autoridades civiles, en vez de ello mando un citatorio cuyo objetivo era una reunión general y que fue expedido con cuatro días de anticipación y entregado a los vecinos con dos y hasta un día antes de la reunión. Anteriormente, y de acuerdo a los usos y costumbres, el proceso de cambio de autoridades se realizaba en el primer domingo de la semana de vacaciones de diciembre o un domingo antes de navidad. No obstante, el pueblo asistió de manera masiva a la reunión esperando que se llevara a cabo el cambio de autoridad porque este ya estaba retrasado. Retomando el testimonio de algunos participantes de la Asamblea, se buscaba contrarrestar los abusos y atropellos que se han agudizado en la gestión de las dos familias en poder de la comisaría, como ejemplo citan los beneficios exclusivos para personas allegadas, prioridad en ciertos tramites, etc.; reclamaban también ser considerados en los apoyos y beneficios que llegan al pueblo. Citan que en días pasados hubo un rastreo de caminos y no fueron considerados para tal beneficio, lejos de eso fueron perjudicados porque acumularon toda la tierra que salió de dicho trabajo hacia sus lugares de tránsito. Otros más, mencionaron en la Asamblea que han solicitado la gestión del alumbrado público y se les ha negado, expresan que es “grosero observar” como cada una de las casas de la colonia ‘Andrés Manuel López Obrador’, fundada por la familia del actual presidente municipal, cuenta con alumbrado público.

El domingo 30 de diciembre de 2018, la Asamblea comenzó con la propuesta de orden de día por parte de las autoridades de la comunidad, aprobándose. Contrario a lo especificado en el citatorio, el orden del día incluía el cambio de autoridades. Con el desahogo del primer punto, referido al pase de lista, inicia lo que sería una larga de irregularidades que afectarían las decisiones de la máxima autoridad de un pueblo originario: la Asamblea. La autoridad civil en turno, de manera autónoma, hizo un uso preferente de una lista de beneficiarios de vivienda y maíz que fueron afectados por el fenómeno natural de “Ingrid” y “Manuel” en 2013, para decidir quien tendría voz y voto en la Asamblea. Con este acto se violentó el derecho de algunos vecinos de la comunidad ya que quedaban excluidos de manera automática por un mecanismo que se de acuerdo con su testimonio no había sido utilizado y con ello se vulnera también el derecho a la participación femenina que históricamente ha sido más castigada.

Al observar una presencia masiva de vecinos, las familias que han gobernado decidieron abandonar la Asamblea, argumentando la presencia de niños, jóvenes y personas que para ellos eran desconocidas, haciendo énfasis en las mujeres, las cuales pudieran incidir en la votación. Es preciso señalar que en toda asamblea comunitaria existe la presencia de niños, las mamás no pueden dejarlos solos en casa. Uno de los vecinos comento que no eran ‘mujeres desconocidas’, ellos las reconocían como esposas de sus familiares, primos o tíos que participan en la vida comunitaria; por ejemplo, realizar las aportaciones que se solicitan para el engrandecimiento del pueblo.

Pese a la salida de un sector de vecinos, la Asamblea solicito a la Mesa de Autoridades dar continuidad al orden del día. La autoridad en desacato a quien debe obediencia, se pronunció a favor de suspender la asamblea, con la justificante de esperar a otras familias; a lo que la Asamblea ahí reunida respondió que eso nunca se había hecho y se escucharon voces pronunciándose: “a nosotros el año pasado no nos esperaron”, “nunca se ha esperado a determinada familia”, “cuál es el temor de la comisario”, “si no se somete a votación la postergación de la asamblea se nombrará la mesa de los debates”, “comisario someta a votación la cancelación de la asamblea”, etc.

Aunque existen lineamientos de conducta que deben seguir las autoridades civiles y un código normativo no escrito en los usos y costumbres, la comisario abandonó constantemente la sesión de Asamblea, siendo que es de su competencia velar y proteger la integridad de la misma. En su última salida ya no regresó. Ante este hecho, y llevando a la práctica los derechos colectivos de los pueblos originarios, la Asamblea conformada mayoritariamente por campesinos decidió ejercer su autoridad nombrando una mesa de debates que condujera sus decisiones. Con la finalidad de no conflictuarse con las autoridades civiles, la Asamblea también determinó en base a sus usos y costumbres, proseguir su reunión en uno de los lugares considerados como sagrado: ‘el cerro de la deidad Rayo – Júbà táta Bègò’; donde, de acuerdo al orden del día, la mesa de los debates decidió poner a consideración la elección de las nuevas autoridades cuyo resultado fue un Acta de Asamblea que se ha entregado a la Sindicatura del Municipio de Malinaltepec para su reconocimiento. En este proceso se han realizado dos reuniones con las autoridades municipales, donde se ha dejado entrever una postura que podría afectar la decisión ya establecida de la Asamblea con la posible realización de una segunda convocatoria para la elección de autoridades.

El ejercicio de los derechos colectivos nunca debe caer en intereses particulares, familiares, sectarios o de grupo. Debido a la constitución lingüística y culturalmente diversa del país es imprescindible contar con autoridades civiles que empoderen las decisiones comunitarias y su representación máxima, la Asamblea. Ello es imperante debido a que existe una deuda histórica sobre reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios, es así que, en el augurado cambio de política pública denominada como Cuarta Transformación, ejercida por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), debe prevalecer una postura clara respecto a los derechos colectivos de los pueblos originarios reconocidos legalmente en el Segundo Constitucional y también en el acuerdo internacional denominado Convenio 169 de la OIT.