¿Por qué hacer un Encuentro Nacional para Recuperar Nuestro Territorio?

En lo últimos años, México se ha perfilado como un país rentable en el marco de las economías basadas en la explotación de sus recursos naturales. A lo largo y ancho del país existen zonas en las que se concentran grandes cantidades de combustibles, materiales y recursos para la producción de energía y la transformación de materias primas que hasta hoy no han sido explotadas ya sea por el desconocimiento de su existencia, por la falta de infraestructura o por la negativa de quienes habitan los territorios en donde se encuentran. Sumado a esto, México entra al mercado de la naturaleza figurando entre los 12 países considerados como de megadiversidad biológica.

Estas características hacen de México un territorio atractivo para las inversiones tanto públicas por medio de empresas paraestatales como Pemex y CFE y privadas mayoritariamente de empresas de extracción de minerales, generación de energía y desarrollo de infraestructura para el transporte y la urbanización.

Con estos antecedentes y en medio de la crisis del patrón civilizatorio del sistema capitalista, en México estos proyectos se han intensificado por la velocidad y urgencia con la que se desarrolla un nuevo ciclo de acumulación en el que las grandes empresas se disputan “lo que queda” de los recursos naturales.

Para favorecer lo anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se han impulsado una serie de reformas “Estructurales” ancladas al modelo neoliberal que promueve la competencia, el libre mercado y la inversión en sectores estratégicos del país. Entre estas reformas destacan la Hacendaria y la Energética, la primera, en palabras de la presidencia de la República: “…Tiene por objetivo incrementar de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población como son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Además, genera nuevos mecanismos para incentivar la inversión extranjera en áreas prioritarias de desarrollo” y la segunda: “…Tiene por objetivo garantizar  el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos”.

Como menciona la presidencia de la República, con estas reformas se busca incentivar a capitales internacionales para que inviertan en el sector energético, definido como un sector prioritario para el desarrollo económico. Para lograr esto, las reformas incluyen mecanismos que de facto privatizan la tierra y los bienes comunes naturales y les permiten ocupar territorios por la fuerza.

De esta manera, el desarrollo económico mexicano está anclado cada vez más en políticas extractivistas que generan por un lado, acaparamiento de los bienes comunes, y por el otro, contaminación y agotamiento de los mismos.  Se trata de un anclaje estructural e interconectado. Vale la pena mencionar que en los últimos años la minería ha sido un sector que ha decrecido, las empresas que antes invertían en extracción de minerales, ahora están invirtiendo en otros campos como la infraestructura de comunicaciones y producción energética, la agroindustria basada en monocultivos, agrotóxicos y organismos transgénicos e incluso en desarrollos inmobiliarios.

En este marco, los territorios más susceptibles de ser explotados en el campo son aquellos habitados por indígenas y campesinos y en la ciudades colonias y barrios que históricamente han sido abandonados por gobiernos locales.

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A lo anterior hay que sumar la creciente precarización del trabajo y las distintas violencias derivadas del crecimiento de organizaciones del crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico las cuales se han asentado en los mismos territorios en los que se llevan a cabo proyectos, algunas veces como agentes que controlan el territorio y otras en clara disputa por los recursos.

Este es el origen de innumerables oleadas de despojo de tierras, territorios y bienes naturales comunes y al mismo tiempo el origen de alrededor de 130 procesos de resistencia que a lo largo y ancho del país se enfrentan a gobiernos, empresas y agentes criminales para defender sus territorios. Estos procesos de conflictividad se caracterizan por antagonizar entre dos visiones, por un lado aquella que supone que la naturaleza es un bien mercantil sujeto a la especulación y en general a las leyes del mercado y por el otro una visión en la que la naturaleza no es un bien que pueda venderse, porque de ella depende la reproducción de las formas de vida de comunidades enteras.

Entre estos conflictos se encuentran: la lucha que ha dado el Pueblo Yaqui por defender su derecho al agua frente a la imposición del acueducto independencia; la negativa de la comunidad de San Salvador Atenco a ser despojados de sus tierras para que se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; los pueblos Mayas que se oponen a la siembra de soya transgénica en Yucatán, la resistencia de la organización “Un salto de vida” contra las empresas que contaminan el río Santiago y la lucha contra la presa El Zapotillo en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ambos en Jalisco; la lucha contra la carretera Naucalpan-Aeropuerto protagonizada por la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México.

Todos estos movimientos reconocen que el territorio es una construcción socio-espacial muy importante para su reproducción identitaria y cultural. La privatización del territorio y su despojo implican entonces el peligro de socavar las bases de reproducción que como pueblos tienen en la tierra y la organización y gestión colectiva.

El conflicto se enfoca entonces no sólo en una disputa por extensiones de tierra, se trata de la lucha por la vida y contra los proyectos que contaminan la tierra, destruyen ecosistemas y afectan gravemente la salud de quienes habitan los pueblos en los que se llevan a cabo. La lucha es por la vida y contra las afectaciones que provocan estos proyectos y por que los pueblos sean quienes decidan sobre el destino de sus territorios.

Este es el eje del Encuentro Nacional Recuperar Nuestro Territorio: “La disputa por el territorio, es la disputa por la nación” que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El Encuentro busca visibilizar las estrategias de defensa, conservación y reproducción de los recursos naturales, sentar las bases para construir un nuevo modelo de desarrollo y unir la gran diversidad de luchas de resistencia, para con ello avanzar hacia un nuevo proyecto de país basado en un modelo de desarrollo diferente y una relación distinta del aprovechamiento de los recursos. Se trata de discutir juntos cómo recuperar el territorio despojado fortaleciendo las luchas en defensa de la vida.


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