La PGR “pierde” primer round contra Javier Duarte


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El pasado 18 de julio, el inefable ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, arribó a México, proveniente de Guatemala, para enfrentar los cargos que se le imputan, derivado de una gestión plagada de irregularidades y corrupción.

A su arribo, las autoridades mexicanas custodiaron al ex mandatario, para trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se llevaría a cabo la primera audiencia de Javier Duarte ante un juez federal.

Sin embargo, durante el transcurso de la audiencia, los Agentes Ministeriales adscritos a la Procuraduría General de la República, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, encargados de presentar y defender las acusaciones formuladas contra Javier Duarte, mismas que sustentaron su extradición y su orden de aprehensión, no pudieron acreditar la totalidad de las imputaciones.


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Con un notorio desconocimiento del caso, los agentes ministeriales -quienes extrañamente no fueron acompañados, como en ocasiones anteriores, por representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda-, sólo pudieron acreditar y explicar el desvío de 38 mdp -que salieron de la Secretaría de Educación-, de los 438 mdp que se le imputan a Javier Duarte; es decir, sólo fueron capaces de explicar de dónde salió menos del 10% de la cantidad que se le imputa a Duarte.

Por si fuera poco, ante cuestionamientos del Juez y de la defensa de Duarte, los agentes ministeriales tardaron una hora en encontrar datos relativos a la compra de 20 parcelas ejidales, atribuida a la red mediante la cual Duarte desviaba y lavaba dinero; por si fuera poco, las respuestas brindadas se dieron entre contradicciones entre lo que los agentes ministeriales argumentaban, y los datos con que contaba el propio Juez, y que sustentaron la solicitud de orden de aprehensión

El desconocimiento del caso era tal, que los agentes ministeriales no sabían cómo se habían pagado, o si siquiera se habían pagado, los departamentos en Ixtapa que se atribuyen a prestanombres Duarte; asimismo, no pudieron explicar cómo fue que, mediante el dinero desviado por Duarte, este adquirió joyas y yates.

La penosa actuación de los agentes ministeriales -como bien narra @arturoangel20 en su cuenta de Twitter-, deja de manifiesto el desinterés de la Procuraduría General de la República por conducir de manera exitosa una investigación de esta magnitud. El desdén por otorgar justicia al Estado de Veracruz y sus habitantes, es tal, que hace sospechar la ridícula actuación de la PGR. Como bien apunta @arturoangel20, esta es la tercera ocasión en la que la PGR envía a fiscales diferentes a las audiencias del caso.

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Con esto se reafirma la posición de académicos y expertos, al señalar que la culpa no es del nuevo Sistema de Justicia Penal en México, como afirman algunos gobernadores, actores y demás; la culpa es de la falta de profesionalismo y de preparación de los fiscales, encargados de investigar y ejercer la acción penal en contra de imputados.

No sorprende que el 85% de los detenidos, y cuyos casos han sido enviados a jueces federales, no han derivado de una investigación profesional y científica previa, sino porque los imputados son detenidos en flagrancia (55% detenido con armas de fuego; 21.5% con drogas; y, 7.6% con combustible robado).

Aún se está a tiempo de salvar las acusaciones contra Javier Duarte; la PGR tiene otra oportunidad el sábado para enmendar la penosa actuación del día de ayer, toda vez que será en dicha fecha se definirá si se vincula a proceso a Duarte, por los cargos federales en su contra, de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, el tiempo y la incompetencia de la PGR juegan en su contra, y en detrimento de todos los mexicanos.

Cabe recordar que el día de hoy, una Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017, y otorgó la medida de suspensión provisional de la dos órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte en Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Será el próximo 26 de julio cuando se defina si se otorga la suspensión definitiva contra dichas órdenes de aprehensión.


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