¿Contrarreforma en telecomunicaciones?

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Fue en diciembre del año pasado cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. El mes siguiente, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La razón era que consideraba que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al IFT la facultad de regular los derechos de las audiencias, invadiendo así las atribuciones que considera corresponden al presidente de la República. El Senado hizo lo propio con respecto a los lineamientos del IFT.

Estas impugnaciones a su vez generaron rechazo entre organizaciones no gubernamentales y radios comunitarias, pues se temía por la afectación directa de los derechos de las audiencias, así como la vulneración del derecho a transmitir y crear contenido en lengua indígena.

Sin embargo este cinco de abril la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados sometió a votación y aprobó dos proyectos de dictamen. Uno fue presentado por José Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano (MC) y el otro por  Federico Döring del Partido Acción Nacional (PAN).

El primero busca “suprimir de los derechos de las audiencias, que se diferencie con claridad la información noticiosa de las opiniones de los comunicadores”. Castañeda considera que la inclusión de este apartado en los lineamientos del IFT podrían generar censura y coartar el derecho de libre expresión. Además carece de “utilidad y viabilidad, y resulta contrario a los principios de libertad de expresión”.

El segundo proyecto abarca varias atribuciones del IFT. Döring considera que el IFT no debería tener atribuciones como la “suspensión precautoria de transmisiones” en caso del incumplimiento del lineamiento. Por otro lado el diputado rechaza que el IFT sea quien apruebe el código de ética y al defensor de las audiencias del concesionario (al igual que darle atribuciones de sanción de esta figura), pues se refrenda el “principio de autorregulación”.
Mientras los diputados argumentan que son errores de la ley que deben corregirse, pues un instituto autónomo no debería tener atribuciones que vayan en contra de la constitución; las organizaciones y especialistas mostraron que no están contentas con ambos proyectos:

Ambos dictámenes ya fueron aprobados por la comisión. El siguiente paso es su votación y aprobación en el pleno de San Lázaro y en tal caso pasaría al Senado. Cabe destacar que los 14 votos a favor de la aprobación de la iniciativa fueron provenientes del PRI, PAN y PVEM. Morena emitió dos votos en contra y uno más de MC; el PRD se abstuvo.

 

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