Policías y seguridad laboral

Una problemática que el Estado mexicano y la ciudadanía enfrentan de manera cotidiana es el déficit de seguridad pública. Con independencia de la postura que quiera asumirse respecto al papel y deberes del Estado lo cierto es que una de sus funciones centrales radica en brindar seguridad a las personas en su vida, sus bienes y en el ejercicio de la libertad. La situación jurídica e institucional de las corporaciones de seguridad pública tiene la mayor importancia, sin embargo en se registra un atraso estructural en aspectos relacionados con las personas que se dedican específicamente a la seguridad pública. Podría exponerse aquí una larga reseña del conjunto de problemas, retrasos, omisiones y abusos se cometen todos los días con las personas policías, sin embargo, quizá uno de los más importantes sea la falta de una verdadera carrera profesional que establezca a nivel nacional condiciones mínimas y efectivas de ingreso, permanencia, promoción y jubilación bajo un claro esquema de ingresos y seguridad social en los tres órdenes de gobierno.

El marco jurídico en que trabajan los policías genera poca seguridad laboral, que repercute en su estabilidad económica y relaciones familiares. La labor policial implica riesgos y enfrentar hechos delictivos a donde muchas veces acuden sin estar lo suficientemente equipados, y en la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales del país tienen salarios que distan de ser adecuados ante la labor que realizan. Prevalece un gran número de corporaciones policíacas, sin existir paridad salarial, esto podría incluso considerarse una discriminación en cuanto al principio de igualdad en el trabajo que indica “A trabajo igual, salario igual”, pero en México, el salario depende de la región geográfica o las condiciones de cada municipio y entidad federativa.

Respecto al Artículo 123, Apartado B, Fracción XIII que indica “Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”;

Es difícil pensar que este texto ofrezca mayores garantías a los policías; por ello y para restablecer el derecho a la estabilidad en el empleo de policías, ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, el que firma estas líneas propuso al H. Congreso de la Unión una iniciativa de decreto de reforma constitucional el martes 6 de diciembre del presente 2016 para que quede del siguiente modo ” “Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.”

Cabe mencionar que el18 de junio de 2008 se realizó una reforma constitucional que integró el siguiente párrafo sobre las condiciones de vida de los policías y enuncia: “Las autoridades del orden federal, estatal y del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social”. Habría que hacer un estudio nacional para conocer a ciencia cierta el estado actual de la seguridad social para más de 356 mil policías preventivos que se desempeñan en diferentes áreas.

Puede concluirse que existe inestabilidad laboral para estas organizaciones y funcionarios públicos directamente responsables de brindar seguridad a la ciudadanía en las calles, pues al término de una administración, frecuentemente son despedidos sin mayores argumentos, historia que se repite de manera sistemática en los municipios de nuestro país.

Estas prácticas ponen a los policías en una situación de vulnerabilidad, viéndose en la necesidad de buscar trabajo en la seguridad privada, y en ocasiones son cooptados por organizaciones criminales. En varias entidades, los gobiernos han buscado formas para revertir esta situación laboral como: Nuevo León, Chihuahua, CDMX y Morelos. En Morelos hace unos días su Congreso aprobó una reforma a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Púbica del estado, para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres que laboran en corporaciones policiales, ahora podrán jubilarse al 100% con 28 años de servicio.

En México no existe un sistema de seguridad pública, ni un sistema de seguridad ciudadana de carácter nacional que sea previsible y estandarizado, en cambio, existen 32 policías estatales diferentes, y más de 900 corporaciones que pueden ser llamadas propiamente policías municipales, donde prevalecen diferencias en equipo, comunicaciones, adiestramiento, infraestructura, y desde laborales. En México tenemos una deuda con proteger a quienes nos protegen.

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