Autoridades indolentes frente a tala ilegal al Sur de la CDMX: Van más de 200 denuncias

La tala ilegal es una alarmante realidad en la Ciudad de México, así lo revela una nota reciente de Esther Serafín Barrientos, publicada en el portal Desinformémonos, en la cual apunta que en los últimos tres años, las comunidades del sur de la Ciudad de México han lanzado un llamado de emergencia debido a la alarmante situación de tala clandestina que ha dejado una devastación de casi 3 mil hectáreas en el bosque de San Miguel Topilejo. Ante esta crítica situación, la comunidad agraria ha presentado más de 200 denuncias ante diversas instancias, incluyendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Dirección General de la Comisión Nacional Forestal y las autoridades locales y federales.

Hasta el pasado mes de junio, las respuestas de las autoridades ambientales han consistido en el envío de oficios y algunas visitas, además de mesas de trabajo y vigilancia por parte de entidades como la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Profepa. Sin embargo, estas acciones no han logrado detener la tala ilegal ni han resultado en la captura de quienes la perpetran, lo que ha causado indignación en la comunidad. Mientras las amenazas y hostigamientos continúan, la tala ilegal persiste y se agrava.

Frente a esta falta de respuesta efectiva, el pasado 16 de junio, la comunidad agraria de Topilejo, en conjunto con otros pueblos solidarios del Bosque de Agua, decidieron manifestarse a través de un bloqueo en la autopista cuota México-Acapulco, a la altura de Topilejo. Tras horas de bloqueo, se logró establecer una mesa de diálogo para abordar el tema.

Según informes de los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México se comprometieron a dar seguimiento a la solicitud de audiencia con el presidente de la República. Asimismo, se acordó la creación de mesas temáticas para abordar los temas de interés para las comunidades afectadas, la implementación de operativos permanentes contra la tala ilegal en zonas críticas del Bosque de Agua, y la realización de reuniones de evaluación.

En un contexto marcado por el desmantelamiento de aserraderos clandestinos en Huitzilac, Morelos, brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR) fueron enviados como apoyo a la Sedena, la Guardia Nacional y la Profepa en un operativo contra la tala clandestina. Sin embargo, alrededor de 40 brigadistas fueron retenidos por individuos involucrados en la tala ilegal, quienes incendiaron vehículos y efectuaron disparos. La angustia de la población y de los familiares de los brigadistas retenidos fue palpable, y algunos expresaron su indignación hacia la directora de CORENADR, Columba López, por poner en riesgo la vida de los brigadistas al involucrarlos en actividades policiales y militares sin la preparación adecuada. Los brigadistas fueron liberados sanos y salvos después del mediodía.

Es relevante destacar que las labores de los brigadistas incluyen la lucha contra incendios, reforestación, limpieza de áreas y apertura de senderos cortafuego, actividades que protegen el bosque. Sin embargo, estas tareas se llevan a cabo en condiciones laborales precarias, ya que, aunque cuentan con equipo y uniformes, estos son insuficientes para las demandantes labores que realizan.

Los acontecimientos en Huitzilac ponen de manifiesto el poder y la impunidad con los que opera el crimen organizado en el Bosque de Topilejo y en la zona del Bosque de Agua en general. Las respuestas audaces y desafiantes por parte de estos grupos sugieren un nivel de protección que resulta alarmante. Aunque hubo detenciones en este incidente, surgen múltiples interrogantes: ¿quién se beneficia realmente de la cadena delictiva de la tala ilegal? Parece que únicamente se menciona a los talamontes, pero ¿quiénes son los beneficiarios finales de la madera obtenida ilegalmente (empresarios, políticos)? Finalmente, sería fundamental que las autoridades involucradas en los operativos en aserraderos clandestinos brinden información transparente a la ciudadanía sobre las acciones que llevan a cabo y el destino de la madera decomisada.