REDAVI: “Hay una estrategia oficial de represión contra defensores del agua en Querétaro”

En conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, este 20 de julio integrantes de la Red de la Defensa del Agua y la Vida de Querétaro (REDAVI), denunciaron la puesta en marcha de una estrategia de represión por parte del gobierno de esta entidad en contra de personas y organizaciones defensoras del agua y del territorio.

Con presencia de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la delegación de la REDAVI -integrada por representantes del barrio de San Francisquito, Festival Agua que Corre, Colectivo Bajo Tierra Museo y el Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlan- exigieron enérgicamente al gobierno del estado de Querétaro, encabezado por el panista Mauricio Kuri, la interrupción inmediata de las actividades de hostigamiento, amenazas y persecución de las que vienen siendo objeto en los últimos meses.

Represión y detenciones a raíz de protestas del 10 de junio

Los y las activistas recapitularon cómo el pasado 10 de junio fueron fuertemente reprimidos por un grupo de 100 elementos de la policía del estado de Querétaro, quienes utilizaron escudos y toletes para agredir a estudiantes, población indígena, feministas, académicos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Agua (CEA).

Durante la jornada de protesta de ese día, cerca de 150 manifestantes solicitaron la presencia de autoridades estatales para el establecimiento de mesas de diálogo ciudadanas a propósito del contenido de la llamada “ley de aguas”, la cual da entrada empresas privadas para el manejo y cobro del servicio público de agua para el consumo de la población.

Ante la falta de respuesta, los y las manifestantes decidieron cerrar uno de los carriles de la avenida 5 de febrero. Al cabo una hora, inició el actuar violento por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Querétaro (SSP), que horas más tarde fue celebrado públicamente por la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía.

El saldo de dicha represión fueron una decena de ciudadanos lesionados físicamente debido a los golpes recibidos por elementos de la policía, además de tres detenidos, quienes aún mantienen carpetas abiertas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

Como compartió Roberto Garrido, uno de los detenidos presentes en la rueda de prensa, ese 10 de junio los elementos de la policía estatal actuaron de forma sumamente violenta durante su detención:

“Los policías nos rodearon y sin decirnos nada […] comenzaron a empujarnos y a golpearnos. A mí me tomaron de las manos y de las piernas, me rasgaron mis pantalones hasta que se cayeron al suelo, me asfixiaron por más de un minuto y me golpearon, sin justificación me privaron de mi libertad junto con otros dos compañeros que fueron igualmente brutalmente maltratados”

De igual manera, también se denunciaron intentos de detención arbitraria por parte de la policía estatal y municipal de Querétaro contra un integrante de la REDAVI y de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito, cuatro días después la marcha del 10 de junio.

Alejandra Sánchez, integrante de la colectiva “tertulias feministas”, denunció que diversas activistas y defensoras del agua en la entidad, vienen siendo objeto de violencia y acoso cibernético, quienes han recibido amenazas desde perfiles falsos de redes sociales, además de que han sido hackeadas sus cuentas de redes sociales. Esta acción, profundiza la violencia política y estructural de género, de la que venían siendo objeto diversas activistas en la entidad.

Criminalización en territorios indígenas contra defensoras del agua

De manera similar, integrantes del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlan-REDAVI, denunciaron numerosos y graves actos violentos de intimidación y hostigamiento por parte de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en su municipio, y del gobierno estatal, entre las que destacan intentos de asesinato, persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas y amenazas, eventos que han tenido lugar en su propio territorio. Esto a raíz de que comenzaran un proceso de defensa de su pozo de agua a mediados del 2021, luego que detectaran la presencia de pipas ajenas a su comunidad sustrayendo agua:

“El 29 de marzo de 2021 se toma el pozo de agua de barrio cuarto, así como una de las pipas que saqueaban el agua potable de la comunidad mientras algunos barrios se encontraban desde hacía tres meses sin abasto. Días posteriores un grupo de choque o paramilitar […] intentan desalojar el pozo de manera violenta”

Señalaron, que luego de intentos de desarticulación de la asamblea en defensa del pozo, grupos de choque armados y policías municipales, coordinados por la entonces auxiliar de delegación municipal Verónica Sánchez, intentaron asesinar a integrantes de la comunidad. Al momento de que estas personas, dos hombres y una mujer, interpusieron las respectivas denuncias en la fiscalía de Amealco por estos acontecimientos, fueron detenidos arbitrariamente y privados de su libertad.

Otros casos altamente preocupantes, refieren a las detenciones de defensores del agua, igualmente durante el año 2021:

“Hubo la desaparición forzada del hijo de una de las defensoras del agua, fue detenido de manera arbitraria sin dar informe de su paradero por varias horas, fue detenido en su domicilio por parte de policías municipales, estatales y por la guardia nacional, sin orden de cateo ni de aprensión”.

Sobre las protestas del 10 de junio y su participación dentro de la REDAVI, denunciaron igualmente el uso excesivo de la fuerza pública en contra de la población indígena, actuar que califican como altamente racista y discriminatorio:

“Ese día fueron arrastradas mujeres indígenas en la calle, también fueron agredidos físicamente adultos mayores con puñetazos por varios granaderos, reflejando un claro acto de racismo, clasismo y discriminación, sin la mínima disposición al dialogo con nuestra comunidad originaria de Santiago Mexquititlan y la REDAVI”.

Uno de los tres detenidos durante esta jornada, es originario de Santiago Mexquititlan e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Al igual que los otros dos activistas, mantiene un proceso legal abierto por las autoridades queretanas.

Exigencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Querétaro

En el cierre de la conferencia de prensa, los y las defensores del agua sostuvieron que el objetivo de esta estrategia de estado es el desmantelamiento de las acciones que vienen realizando las más de 40 organizaciones y colectivos que aglutina la red, las cuales buscan visibilizar y concientizar a la población queretana los efectos privatizantes de la recientemente aprobada ley y sobre los grupos de poder que se benefician de ella.

De acuerdo a Francisco Landa y Claudia Romero, de la organización Bajo Tierra Museo-REDAVI, y Bernardo Romero, titular del área de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO), encabezada por Javier Rascado Pérez, ha sido ineficiente, pues durante las nuevas manifestaciones que ocurrieron luego de la represión del 10 de junio, una comitiva de la REDAVI junto con otras organizaciones ciudadanas, hicieron solicitudes al titular de esta dependencia para que interpusiera recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para promover la inconstitucionalidad de la mencionada ley, toda vez que es violatoria del derecho humano al acceso al agua. No obstante, el día que se cumplía el plazo para que emitiera dicha acción, Rascado se encontraba fuera de la ciudad.

A su vez, Claudia Romero, insistió en el papel que está cumpliendo la DDHQRO al permitir diversas violaciones de derechos humanos en contra de la población queretana en función de la imposición de la ley de aguas. También, por el insuficiente papel que juega esa dependencia en torno a la respuesta violenta por parte del gobierno estatal en contra de la oposición ciudadana:

“Lo que están haciendo estas instituciones es dejar a la población en una situación de indefensión. Los focos rojos que se abren, desde el punto de vista del análisis legal, es de las instituciones capturadas, que no es ajeno a lo que está sucediendo en otros espacios […] lo que estamos viendo, es que no solamente hay una inacción, una omisión, hay una respuesta activa de estas instituciones que está abonando a este clima de violencia de estado, a este clima de impunidad, a este clima de indefensión”

La jornada de la REDAVI en la Ciudad de México, culminó con una entrevista con representantes de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR) y con organizaciones pertenecientes al Concejo Indígena de Gobierno (CIG-EZLN) y al CNI.

Texto de Alejandro Mira | Fotografías de REDAVI y Crece la Voz | Edición del Colectivo Alterius