Ayotzinapa: PGR, Ejército y Marina responsables de manipular las pruebas de la investigación

LOS PUNTOS CLAVE

• Ejército sabía lo que pasaba en tiempo real y no actuó para detener el crimen
• La Marina participó y manipuló el basurero de Cocula
• La PGR, comandada por Murillo Karam, manipuló la investigación para construir la “verdad histórica”
• El GIEI continuará un año con la investigación y requiere acceso a más documentos para fincar responsabilidades de manera concluyente

El tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de Ayotzinapa, ha revelado más información sobre la responsabilidad de las instituciones en la desaparición (asesinato confirmado en algunos casos) de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Específicamente lo más grave es la confirmación de que el Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la noche del crimen y que la Marina si participó en los eventos, incluyendo la manipulación del basurero de Cocula, así como en las detenciones y tortura para la fabricación de culpables. La complicidad de ambas fuerzas armadas, se suma al montaje de la llamada “verdad histórica” por parte de la PGR.

Como señala el portal Desinformémonos “El Ejército y la Marina de México supieron que 43 estudiantes serían secuestrados en 2014 por criminales y ocultaron información clave que podría haber conducido a su ubicación, según el nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).” El comité encargado de hacer una investigación paralela sobre el caso, reveló que la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército mantuvieron en secreto que los estudiantes y los criminales eran vigilados en tiempo real y cuándo los jóvenes fueron atacados por policías y delincuentes.

“Autoridades de seguridad tenían en curso dos procesos de inteligencia, uno en seguimiento a las acciones del crimen organizado en la zona y otro sobre los estudiantes” GIEI

Como explica John Gibler en su libro Ayotzinapa: Una historia oral de la infamia “en el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, el conflicto venía en aumento. En 2007 y 2011 hubo choques con la policía y dos estudiantes asesinados. Por lo que esta represión debe ser pensada en una serie que es índice de un objetivo: atacar la articulación entre educación publica y comunidades indígenas. Eso ocurre en guerrero con los normalistas, y en Oaxaca con la lucha de los maestros atacados en Nochixtlan, pero también en Chiapas.”

Con la trágica noche de Iguala, la violencia de Estado contra las normales cobró dimensiones de terror, poniendo a la PGR, la Policía Municipal de Iguala, al Ejercito y a la Marina en el mismo nivel de las organizaciones criminales. A pesar de la comprensible prudencia del GIEI, por el principio de objetividad en la investigación, quien matice esto, le hace el juego a las instituciones responsables tanto del crimen ejecutado el 26 de Septiembre del 2014, como de la continuidad de la impunidad que mancha al gobierno en turno. Al señalar la responsabilidad del Estado ya no solo debemos centrarnos en lo que sucedió con los normalistas, sino con la tortura sistemática a los familiares de los desaparecidos y asesinados en Iguala, producto del desprecio y la manipulación del caso durante ocho años.

La demanda es clara y contundente, deben procesar y castigar a los responsables. Si la impunidad continúa durante todo este sexenio, aún cuando el mismo López Obrador ha sido clave en la liberación de la evidencia que finca responsabilidades sobre dichas instituciones en tiempos de Peña Nieto, su Gobierno será igualmente responsable de este crimen y de todo el aparato que ha sido montado a nivel nacional para desaparecer, torturar y asesinar a miles de personas, incluyendo estudiantes, activistas, periodistas e integrantes de los pueblos originarios.

A continuación compartimos el sentir de los familiares después del reporte del GIEI¹Originalmente publicado en Desinformémonos.

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años. Las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial en donde se comprometían a entregar toda la información que hubiese sobre el Caso Ayotzinapa. Nos hicieron sacarnos la fotografía con el encargado de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional). ¿Cómo no estar enojado si a tres años salió una información que tuvo que ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si en los momentos en que sabíamos que nada se movía por falta de información, los padres en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, cuestiona Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos hace siete años y medio, durante la conferencia de prensa ofrecida en respuesta al tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en el que se fincan diversas responsabilidades al ejército y a la Marina de México, entre otras instituciones.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, es igual de contundente: “Seguimos viviendo con un gobierno que en palabras dice a todo que sí, pero en los hechos no pasa absolutamente nada. Vamos a tener que seguir batallando porque no es nada fácil. No hay avances, al contrario, hay mucho ocultamiento de información, pero no vamos a rendirnos, como padres y madres, de luchar hasta saber la verdad. Ellos les robaron la juventud”.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, dan su postura luego de que el GIEI ofreció ayer nuevos datos de la investigación sobre el paradero de sus hijos. Entre ellos se confirma que la Sedena siempre tuvo en sus manos toda la información sobre los estudiantes, desde su desplazamiento hasta su desaparición, y que la Marina participó en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula. El espionaje a normalistas de Ayotzinapa, señala el informe, fue ordenado desde el batallón 27 con sede en Iguala desde diez años antes.

“No tenemos verdad ni justicia, tenemos todo lo contrario”, dice don Emiliano, y añade: “viendo el informe del GIEI, llegando al punto del basurero, viendo a la Marina, como padre puedo decir por mis hijos, por los 43, que mirar esas imágenes y ese video me llena de coraje, la sangre se calienta. Mirar con qué maldad el gobierno federal manipuló el lugar para después presentarlo, cómo es posible hacer tanta maldad con jóvenes que pudieron haber sido sus hijos y querer ocultar para siempre su identidad”. Y continúa con preguntas directas: “¿Cómo es posible que la Sedena siempre ocultó información? Teníamos motivos para señalar al ejército mexicano porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos”.

El padre de José Ángel se refiere también al dron que sobrevoló la zona: ”en ese tiempo sólo podía recibir órdenes de dos personas para que despegara, el expresidente y el secretario de la Defensa. Desde el día de hoy queremos decirle a este nuevo gobierno que vea las formas legales para que Peña Nieto sea llamado a declarar y sea investigado qué tanto tuvo que ver en la desaparición de nuestros hijos”, dice Emiliano, quien lamenta que el actual gobierno “obstruye a todas las instituciones que está en su poder. Nunca hicieron caso porque nuestros representantes legales tenían que tocar puertas para llegar a la documentación requerida, cosa que les fue negada. Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo”.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, inicia su participación saludando en su lengua natal, con lo que recuerda que la mayor parte de los 43 es de origen indígena. “Pedimos a AMLO una reunión, porque no hemos tenido una desde septiembre del año pasado. Pedimos que nos dé la fecha para saber cuándo nos va a recibir, porque tenemos muchas cosas que hablar. El informe que nos presentaron es muy importante y debe abrirse una carpeta de investigación al ejército mexicano”, dice quien no ha descansado un segundo en la búsqueda que lleva ya 90 meses.

La primera en participar, luego de la presentación del director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, fue María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindo Guerrero: “Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos todavía información del paradero de nuestros hijos, pero sí reconocemos un avance que nos puede llevar a saber la verdad, se haga justicia y se castigue a los responsables”, dice en su breve mensaje.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, continúa señalando al ejército y a las autoridades del actual gobierno: “No estoy hablando de las instituciones pasadas ni de los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía. ¿Por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video? Señor presidente, le quiero decir que usted tiene toda la voluntad, pero sus instituciones no le hacen caso. Es incongruente que por un lado haya voluntad y por el otro cerrazón. ¿A qué estamos jugando?”.

“Ya estamos enojados, encabronados, decepcionados, cansados de tanta mentira. Nunca nos vamos a vender, nunca se puede vender un hijo, nunca podremos recibir un solo centavo, porque para nosotros la reparación del daño es verdad, justicia y el paradero de los muchachos”, finaliza don Mario.

La conferencia es organizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en coadyuvancia con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fundar y Serapaz. En su intervención, Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, señala que los padres identifican “sobre todo obstáculos respecto de las fuerzas armadas y de la fiscalía en las áreas que deberían apoyar”, y advierte que “la carga de responsabilidad no es tanto de las jueces, sino de las instituciones”.

Medios tradicionales desprecian la información del tercer informe

También resulta interesante que, a pesar de la relevancia de la información, los medios convencionales le dieron poca cobertura. Diarios como MILENIO, El Financiero y Reforma ni siquiera le dieron espacio en sus portadas, mientras que El Universal la ubicó con menor relevancia, respecto a notas como la liberación de Alejandra Cuevas o datos sobre el avión presidencial.

Con información de Desinformémonos, Rompeviento TV, Centro Prodh y Sin Embargo