Texto y fotografías: Edgar Córdova*

En la madrugada del 9 de septiembre de 2020, el campo de refugiados más grande de Europa, llamado Moria y ubicado en la isla griega de Lesbos, ardió literalmente por una serie de incendios que dejaron a casi 13 mil refugiados en una situación de total indigencia. Como actos de resistencia viscerales tras años sobreviviendo en condiciones deplorables y por el rechazo ante un confinamiento aún más severo por parte de las autoridades locales en el marco de la contingencia por COVID-19, esta tragedia es la culminación de una larga lista de incendios, amotinamientos, huelgas de hambre y manifestaciones por parte de los migrantes y refugiados en Lesbos,durante los últimos años, ante el régimen de control fronterizo del gobierno griego bajo el apoyo de la Unión Europea.

Anteriormente un lugar de intenso tránsito migratorio, producto de un acuerdo entre Europa y Turquía desde 2016 –como parte de un proceso histórico de violenta fronterización del Mediterráneo– hizo de esta isla en el Mediterráneo oriental una cárcel para miles de migrantes que han quedado atrapados desde hace cuatro años en un contexto cuyo derecho de asilo fue suspendido desde marzo pasado y donde el Estado griego ha realizado de forma sistemática expulsiones colectivas de miles de migrantes, abandonándolos en el mar en embarcaciones inflables sin motor. Estas prácticas de vigilancia, criminalización, y deportación de poblaciones que ya se encuentran en territorio europeo, sobre todo aquellas no consideradas como merecedoras de protección internacional en términos de raza y nacionalidad, son solo algunas de las múltiples violaciones que se realizan constantemente a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y del derecho internacional en Lesbos.

Tras la destrucción de Moria, el gobierno helénico impuso un estado de emergencia de cuatro meses en Lesbos mientras que elementos del ejército y diversos escuadrones de policías antidisturbios fueron desplegados directamente desde Atenas para imponer un cerco policial y así impedir a los migrantes y refugiados el acceso a Mitilene, la capital de la isla; al tiempo que miles de personas dormían sobre las carreteras y en los bosques circundantes sin ninguna asistencia humanitaria por parte del Estado. Este caso muestra una vez más cómo los migrantes y refugiados son concebidos ante todo como una amenaza y un problema de seguridad para el Estado griego.

De acuerdo al Legal Centre Lesbos, una organización independiente de apoyo legal y solidaria con el libre tránsito migratorio, el gobierno griego – con apoyo financiero de las las instituciones europeas y con el soporte material de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) – ha empezado a construir un nuevo campo en un terreno arrendado por cinco años, donde miles de personas están siendo ya ingresadas bajo un esquema básicamente semi-carcelario y muy similar al de Moria. Así, las personas están obligadas a registrarse con la policía para poder salir durante el día en un contexto de total opacidad y ausencia de información sobre el futuro funcionamiento de este campo y el restablecimiento del Servicio de Asilo para que los solicitantes puedan seguir con sus largos procesos, caracterizados por ser auténticas pesadillas burocráticas. Situado cerca del mar y expuesto a los fuertes vientos de un frío invierno que se aproxima, este nuevo campo, el cual se ha ganado ya el nombre de Moria 2.0, no cuenta con baños, ni con distribución de comida y mucho menos con servicios de apoyo legal y psicosocial. Por ahora, las personas carecen de mantas y ropa abrigadora en estos terrenos enlodados.

Esta nueva estructura ya ha generado muestras de rechazo no solo por parte de las poblaciones desplazadas, sino también por organizaciones independientes de derechos humanos ante un Estado y una Europa que siguen apostando por dar continuidad a la estrategia migratoria deshumanizante y excluyente que justamente condujo a la tragedia del 9 de septiembre pasado.

El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea el pasado 23 de septiembre como un marco común solidario para la gestión migratoria continental, es en realidad un eslabón más que se enmarca en un continuum de violencias coloniales basadas en el control de la movilidad y el racismo.

En esta línea que privilegia las políticas de securitización, se refuerzan agencias como FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y se armonizan aún más los controles de identidad fronterizos a través de EURODAC, la base europea de huellas dactilares para la identificación de solicitantes de asilo y diversas categorías legales de migrantes. Asimismo, se incrementarán las instalaciones de contención migratoria en un contexto de continua militarización del Mediterráneo donde nuevos acuerdos de externalización con países terceros en el norte de África se siguen gestando. Con la intención de exportar la gestión migratoria fuera de sus fronteras, la Unión Europea se centrará en un mecanismo de retorno común como uno de los ejes medulares de este pacto, auspiciando así las deportaciones.

En este contexto insostenible para miles de personas provenientes de distintos países del sur global, Grecia y Europa deben cambiar radicalmente sus políticas fronterizas que han implementado durante años, por lo que es urgente:

• Cerrar todos los campos convertidos en centros de detención bajo esquemas concentratorios donde se imponen violentas prácticas de confinamiento, aislamiento y violencias extremas en condiciones inhumanas. El caso de Moria se ha enmarcado en el llamado enfoque hotspot; una estrategia implementada por parte de la Unión Europea como respuesta de emergencia ante la llamada “crisis de refugiados” en 2015 cuando casi un millón de personas transitaron por Lesbos hacía el norte de Europa. Estas políticas consistieron en la construcción de distintos centros en las islas de Grecia e Italia como puntos de contención de la movilidad con base en excluyentes criterios de nacionalidad y raza.

• Abolir el enfoque excluyente y racista del sistema de asilo griego y europeo caracterizado en los últimos años por su opacidad, lentitud y su falta de apoyo legal a las poblaciones de Lesbos, quienes han sido sometidas a larguísimos y dolorosos procesos de espera con la finalidad de que renuncien voluntariamente a sus derechos. Este sistema ha sido instrumentalizado como productor legal de sujetos ilegalizados posibilitando la detención de miles de personas en centros como Moria así como deportaciones sistemáticas.

• Apostar por políticas hospitalarias y de solidaridad con los migrantes y refugiados ante el ascenso estrepitoso de la xenofobia y el racismo en Grecia donde se registran cotidianamente numerosos ataques y crímenes de odio hacía las poblaciones desplazadas y hostigamiento a distintos proyectos solidarios y anti-racistas. Estas situaciones dan cuenta de una “crisis de Europa” la cual interpela a las izquierdas del continente que no han logrado en estos años concretar un proyecto de unión antirracista de apoyo a los refugiados y de presión a la Unión Europea.

Por último, cabe subrayar que múltiples organizaciones y plataformas solidarias con las poblaciones desplazadas están articulando distintas redes e iniciativas de apoyo en Lesbos y a lo largo del Mediterráneo. Más allá de un cementerio a cielo abierto, este mar también es un escenario de solidaridad y de múltiples luchas fronterizas por la libertad de movilidad y ante un régimen global de fronteras racializante y excluyente. Por lo tanto, estas luchas también nos invitan a politizar las discusiones públicas en torno a las migraciones y sus aliados, quienes también imaginan nuevos órdenes políticos y sociales en el Mediterráneo tales como Migreurop, Watch the Med, W2eu y Legal Centre Lesvos.

*Doctorante en antropología del CIESAS y fotoperiodista.