En México no se garantizan los derechos humanos

México fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 16 y 17 de octubre de 2019. Ante ello un grupo de más de cien organizaciones civiles hemos elaborado un informe conjunto que ya fue presentado ante el Comité y una pequeña delegación de sociedad civil tendrá reuniones con los expertos independientes en el contexto del examen para aclarar dudas sobre el informe presentado y acompañar el informe al Estado mexicano. El 1 de noviembre el Comité presentará sus Observaciones Finales en torno a México.

Cabe destacar que el Comité de Derechos Humanos es un cuerpo de expertos independientes que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados partes del mismo. El mecanismo ordinario de seguimiento a la situación de cada país en el marco de esta pacto son informes presentados por el Estado parte cada cuatro años, ante los cuales la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar informes sombra.

El informe que la sociedad civil mexicana presentó para este periodo de sesiones incluye temas relevantes de nuestra agenda pública como militarización, situación de personas migrantes, temas de acceso a la justicia como la Ley orgánica de la FGR, prisión preventiva Oficiosa, desaparición forzada y a manos de particulares y derechos de las víctimas, entre otros. De la misma forma se abordan aspectos relacionados con el mecanismo de protección a personas defensoras y la consulta pública.

La participación de los militares en tareas policiales ha sido criticada por actores de sociedad civil de manera consistente durante los últimos 12 años y antes. Las OSC afirman en el informe que dicha medida no ha sido eficaz como estrategia de seguridad pública y señalan entre las expresiones del aumento en la violencia en estos años[1], la tasa anual de homicidios ha alcanzado niveles históricos en el periodo cubierto en este informe[2]. Al mismo tiempo señalan que la militarización incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura[3]. Señalan que la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional resulta contraria al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[4]

También pusieron el énfasis en la situación de las personas migrantes y de su acceso a la justicia, señalan que según cifras oficiales, de 2014 a 2016, de 5,824 delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias (0.84%). Esto es una muestra de la falta de acceso a la justicia para esta población en un momento en el que los flujos migratorios se incrementan notablemente.

Pero esta situación no sólo es privativa de las personas migrantes. Desde el año 2016, numerosos actores agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva urgieron al Ejecutivo Federal a garantizar que la transición pactada de Procuraduría a Fiscalía General de la República significara un cambio a un modelo de procuración de justicia que acabe con la impunidad. En ese entonces, se propusieron tres pasos necesarios: una reforma constitucional, una nueva Ley Orgánica integral de la Fiscalía, y un proceso de designación transparente y eficaz del o la titular de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas.

Si bien en la coyuntura creada por el cambio de gobierno en la segunda mitad del 2018, se logró construir un espacio de interlocución para poder construir un espacio abierto y participativo para la creación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), la cual finalmente fue aprobada el 20 de diciembre de 2018[5], los aspectos relacionados con los procesos de designación han dejado mucho que desear.

De esta manera las organizaciones denuncian la persistencia de la violencia impune que ha incrementado gravemente para muchas víctimas y comunidades el fenómeno de desplazamiento forzado interno: las organizaciones documentaron 29 desplazamientos masivos en 2016, impactando en al menos 23,169 personas en 12 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas[6]. Las mujeres y las comunidades indígenas son de los sectores más afectados[7].

Por otra parte, como consecuencia de la negativa o negligencia de las autoridades, es muy común que víctimas, sus familiares o sus representantes realicen sus propias diligencias de investigación, sean revictimizadas, y en muchos casos su integridad se vea en peligro, lo cual ha llevado al asesinato de diversas personas familiares, incluyendo una decena de madres y padres de personas desaparecidas[8].

También ponen el énfasis en la reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana[9] para aumentar la lista (ya existente) de delitos que ameritan “prisión preventiva oficiosa”, es decir, delitos en los que la autoridad judicial no tiene permitido hacer un análisis individualizado del caso, sino que por mandato constitucional está obligada a ordenar automáticamente la prisión preventiva a todas las personas imputadas por dichos delitos. La lista incluye delitos no violentos, así como los delitos más imputados a nivel federal[10]. Los resultados previsibles de esta reforma serán catastróficos, pues implicará el encarcelamiento automático de un sinnúmero víctimas de detenciones arbitrarias, especialmente de personas de escasos recursos económicos

Por otra parte el informe incluye la documentación sobre las 161 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos[11] asesinadas y 2,530 agresiones contra periodistas, incluyendo 47 homicidios[12]. Esta situación continúa incluso en el nuevo gobierno que asumió a partir del 1 de diciembre de 2018. De enero a agosto de 2019, se ha reportado el asesinato de 13 periodistas, y al menos 18 personas defensoras[13]; incluso cuatro de ellas contaban con medidas de protección del Mecanismo Federal para personas defensoras y periodistas[14].

Finalmente, y por tratarse de un tema relacionado con acciones políticas por parte del nuevo gobierno, cobra relevancia el tema de la consulta. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa que la consulta debe realizarse a través de procedimientos adecuados y a través de instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, equiparables y locales. Por su parte, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha establecido que el derecho a la consulta implica la participación efectiva de las comunidades, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio.

La práctica en México dista fuertemente de lo señalado en los tratados internacionales, pues las comunidades indígenas se enfrentan constantemente a la aprobación de leyes que las lesionan y de proyectos que acaban con sus territorios.

Estos y otros temas formaron parte de los cuestionamientos que el grupo de expertos realizó al Estado mexicano la tarde del 16 y mañana del 17 de octubre en Ginebra, Suiza. Estaremos compartiendo los enlaces para seguir estas actividades en línea y a la luz de las observaciones finales del Comité el 1 de noviembre emitiremos un nuevo posicionamiento.

Para mayor información y contacto pueden buscar a:

Quetzalcoatl g. Fontanot
comunicacion@redtdt.org.mx
5517966731

AsiLEGAL – Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A. C

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC (CCTI)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Consorcio Oaxaca

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Red por los Derechos de la infancia en México (REDIM)

Sin Fronteras IAP

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), Situación de derechos humanos en México, p. 11. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf.

[2] Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, Dirección General de Investigación Estratégica (2018) Temas estratégicos 54 Mapas y Tendencias de Homicidios en México, p. 7, Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3833/Reporte54_Homicidios.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[3] CMDPDH (2018), La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar la seguridad pública a través de la creación de una guardia nacional , p. 3-5, Disponible en: www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-propuesta-amlo-militarizacion-con-la-guardia-nacional-completa.pdf. Son los militares los que en su mayoría se encuentran involucrados en graves violaciones a los derechos humano: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH en adelante) ha registrado 185 quejas en contra de la SEDENA y 116 en contra de la SEMAR por desaparición forzada#; 4,604 quejas contra SEDENA y 1,107 contra SEMAR por tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 12 quejas contra SEDENA por ejecución sumaria o extrajudicial.

[4] La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar la seguridad pública a través de la creación de una guardia nacional, http://cmdpdh.org/project/la-propuesta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-de-militarizar-la-seguridad-publica-a-traves-de-lacreacion-de-una-guardia-nacional/

[5] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf

[6] Datos brindados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Estos y más datos sobre el desplazamiento forzado en México están disponibles en http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/.

[7] http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/.

[8] Paris Martínez (2017) Ellas y ellos son las madres y padres asesinados por buscar a sus hijos desaparecidos, Animal Político, 15 de mayo, https://www.animalpolitico.com/2017/05/madres-padres-hijos-desaparecidos/.

[9] CPEUM, art. 19, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf.

[10] Ver, por ejemplo, Poder Judicial de la Federación, Informe anual de labores 2018 (versión ejecutiva), p. 540, http://www.cjf.gob.mx/resources/InformeAnual/2018/Informe_Anual_Labores_2018.pdf.

[11] Red TDT (2018), Desde la memoria, la esperanza, http://laoms.org/informe-memoria-esperanza/.

[12] https://articulo19.org/periodistasasesinados/

[13] Información proporcionada por Propuesta Cívica, A.C, mayor información en: https://propuestacivica.org.mx/

[14] Rubén Pat, 2018, Noé Jiménez Pablo, 2019, Rafael Murúa Manríquez, 2019 y Francisco Romero Díaz, 2019.

Originalmente publicado por la CDH Fray Bartolomé de las Casas.