La transparencia en la 4T: del dicho al hecho

El transitorio segundo del acuerdo tomado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los formatos de declaración patrimonial de intereses, establece lo siguiente:

Se determina que el Formato aprobado mediante el presente Acuerdo, será utilizado por los Servidores Públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses cuando se encuentre operable, esto es, una vez que sea técnicamente posible la interoperabilidad de los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que no podrá exceder del 30 de abril del año 2019.

En ese tenor, a más tardar el 30 de abril, todos los funcionarios públicos del país deberán presentar sus declaraciones, que serán públicas, con la información que establece el mismo Comité Coordinador que será pública y con información reservada sobre los cónyuges, socios, clientes e información que no necesariamente es posesión del funcionario público. Así lo establece el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.”

Hoy nos encontramos frente a dos escenarios: el vigente que establece que los funcionarios pueden decidir qué datos publicar y cuáles no, lo que hace que la publicación de esa información dependa de la voluntad política, y el segundo que nos pone en el futuro donde los funcionarios se someterán a la publicidad de la información que presenten en sus declaraciones.

Es importante analizar el escenario presente porque confronta los discursos frente a la realidad, los dichos frente a los hechos y pone a prueba la voluntad política. En 2003, en una conferencia magistral, la entonces ministra, Olga Sánchez Cordero afirmó que la “legalidad y transparencia son conceptos que se relacionan con otros fundamentales; pero esencialmente, legalidad y transparencia son, y a demostrarlo me abocaré en el desarrollo de esta charla, las formas de inmunizarnos contra el virus más dañino que aqueja a nuestra sociedad: la corrupción.” Tiene razón, pero en los hechos, la hoy Secretaria de Gobernación, decidió no hacer pública ni su información patrimonial ni su declaración de intereses. Evidentemente, del discurso a la realidad hay una brecha enorme.

Andrés Manuel López Obrador declaró que “la regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia y todos van a presentar su declaración de bienes, sin excepción y lo van a hacer por convicción, porque los que convocamos a trabajar son gente honesta”. En sus declaraciones patrimoniales y  de intereses que sí hizo públicas informó que no posee ningún bien ni mueble, ni  inmueble, ni un vehículo y que no tiene ningún conflicto de interés. Sobre su esposa, declaró que tiene 4 propiedades y 4 cuentas bancarias. Afirmó que solo tiene una propiedad que está a nombre de su hijo, lo cual es consistente en su mayoría, con las declaraciones 3 de 3 presentadas en octubre de 2016 ante la plataforma que impulsa Transparencia Mexicana e IMCO.

Comparando la declaración presentada ante la Función Pública y la presentada en 3 de 3 se evidencia una irregularidad sobre los bienes de su esposa. En la presentada en octubre de 2016, en la plataforma 3 de 3 se declara una cuenta bancaria Afirme con un saldo menor o igual a 100 mil pesos y en la presentada en la Secretaría de la Función Pública se declara que su esposa tiene 4 cuentas bancarias, una con un millón 400 mil pesos. Lo que demostraría que la diferencia entre las cuentas bancarias de 2016 y las de 2018 es de un incremento de 1400% si consideramos solo esa cuenta bancaria, lo que habla de una ausencia de voluntad política por ser completamente transparente.

No se trata de una cantidad exorbitante de enriquecimiento, sino de la voluntad política de ser transparente. No de la persona que encabeza el gobierno sino de la totalidad de su gabinete, de las personas que toman decisiones y de sus cercanos. No hay diseño de una política pública nacional de transparencia, que hoy solo está en dichos, ya que los hechos demuestran que no hay voluntad política suficiente para transparentar la totalidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios, además en el ranking nacional de CIMTRA sobre los gobiernos municipales, ningún gobierno ni delegacional ni municipal encabezado por Morena aprueba la evaluación de transparencia. Bien afirmó Olga Sánchez en el 2003, la transparencia nos inmuniza frente a la corrupción, habrá que transferir ese dicho a acciones concretas.