Tres irregularidades del caso Narvarte
Se están por cumplir casi dos años del multifeminicidio y homicidio de la Narvarte. El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas Mile Virginia Martin, Nadia Dominique Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Rubén Espinosa Becerril y Yesenia Atziry Quiroz Alfaro. Las cuatro mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales.
Alejandra llevaba dos días trabajando como empleada doméstica en el departamento donde ocurrió el crimen; Yesenia trabajaba en una boutique y como edecán; Mile era una modelo colombiana que planeaba regresar pronto a Bogotá; mientras que Nadia trabajaba como gestora cultural y estaba involucrada con movilizaciones políticas y proyectos comunitarios. Al igual que el fotoperiodista Rubén habían decidido salir de Veracruz debido al clima de inseguridad dominante y las amenazas constantes y directas.
Hasta el momento el móvil no ha podido ser determinado con certeza, además diversas irregularidades han manchado el caso y obstruido el acceso a la justicia de las víctimas indirectas del caso. Por lo anterior la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que en un plazo que no exceda los 90 días naturales, se presente un plan integral de investigación que tenga por objeto subsanar las omisiones del caso Narvarte.
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Líneas de investigación desechadas
Aunque Nadia y Rubén buscaron refugio en la Ciudad de México por el clima de inseguridad y amenazas directas a su integridad, la línea de investigación que apuntaba como móvil la actividad periodística de Espinosa y la actividad política y de defensa de los derechos humanos de Vera nunca fue agotada.
Por otro lado varios testimonios apuntan a que Negrete Avilés, había recibido amenazas contra su vida, luego de que su expareja fuera asesinada meses antes de lo ocurrido en la colonia Narvarte. Los investigadores no realizaron indagatoria alguna sobre esta pista.
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Escena del crimen contaminada
La escena del crimen del departamento de la Narvarte fue contaminada y alterada. La omisión y negligencia de las autoridades para preservar el lugar de los hechos se vio reflejada cuando, entre las huellas digitales recabadas, aparecieron las del comandante de la Policía de Investigación, Gustavo González Ángeles. Además de que inicialmente no hubo participación de personal médico forense. La poca certeza que se tiene de las pruebas obtenidas en el lugar de los hechos pone en riesgo el derecho a la verdad
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Filtraciones
La CDHDF hace hincapié en que es necesario buscar y castigar a quienes filtraron información personal de las víctimas durante las investigaciones. Durante las primeras semanas de las indagatorias fueron filtradas fotos del crimen, comunicados de prensa con datos personales, así como la presencia de alcohol y drogas en la escena del crimen lo que permitió construir una narrativa de criminalización en los medios de comunicación.
Hasta el momento la Procuraduría no ha podido resolver el caso, sin embargo ha caído en la revictimización, no ha brindado información oportuna y directa a los familiares, ni otorgado apoyo legal. Por último la recomendación de la CDHDF apunta a que todas las irregularidades llevan a que las investigaciones ministeriales no se realizaran de manera adecuada, diligente, integral, oportuna y eficaz toda vez que desde el inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados para cada delito ni hubo una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideren los homicidios fueron producto de alguna de característica de las víctimas como sus actividades laborales, género, nacionalidad , opiniones políticas o cualquier otra.