El nuevo consumo  de marihuana en los Estados Unidos.

El martes 8 de noviembre de 21016, los estadounidenses, además de elegir al próximo presidente que ocupará la Sala Oval en la Casa Blanca, votaron en distintos estados por el uso de la marihuana, ya sea con fines recreativos o medicinales. Los estados donde se hicieron votaciones para aprobar o rechazar tales propuestas fueron: California, Massachusetts, Nevada, Arizona, Maine, Dakota del Norte, Florida, Arkansas y Montana. Quizá en otras circunstancias políticas y sociales esta votación hubiese tenido un mayor posicionamiento público dadas sus implicaciones en materias como la seguridad pública y la seguridad nacional entre ambas naciones, pues pareciera que avanza, por lo menos por una vía, la postura no prohibicionista respecto al consumo de substancias psicotrópicas en aquella nación.

Destaca que los primeros cinco estados proponían legalizar la marihuana en su uso recreacional mientras que los otros cuatro sólo planteaban hacerlo con fines medicinales. En esta ocasión  los resultados fueron los siguientes: California, Massachusetts, Nevada y Maine aprobaron su uso recreacional, Dakota del Norte, Florida Arkansas y Montana la aprobaron para su uso médico; el único estado que votó en contra de su legalización (con fines recreacionales) fue Arizona ya que en ese estado el debate cuestionó los efectos de la legalización y el contrabando de drogas por la frontera con nuestro país.

Con estos resultados, aproximadamente 75 millones de personas habitarán en estados donde el uso de la marihuana será legal, entre otras cosas ahora ya es legal en toda la costa oeste de la Unión Americana. En California, el estado más poblado de la Unión Americana, la quinta economía mundial y donde se aprobó su uso para fines recreativos, se espera que su mercado sea más grande que el de Colorado, Washington, Oregón y Alaska juntos por lo que sus implicaciones para el Estado Mexicano serán de consideración.

Las cosas cambiaron en esta materia de un día para otro, es decir, las condiciones jurídicas que prohibían en diversos sentidos el consumo, trasiego y distribución de esta planta ya no existen en varios estados de la Unión Americana, por tanto habría de analizarse en materia de derecho sustantivo y adjetivo el estatus del delito de narcotráfico, pues a vistas claras, pareciera que quedaría en contrabando, en un asunto fiscal o incluso en un tema de alcances fitosanitarios, lo cual dista de ser una ironía, pero ironía sí es la suma de consecuencias en vidas humanas y materiales que ha tenido para México el combate a la producción y distribución de una planta que por décadas fue prohibida, por la que  Estados Unidos presionó por vía de la cooperación bilateral para su combate y que ahora es simplemente legal.

En este sentido el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo xxi  explica en su Capítulo II “El entorno estratégico de México en el siglo xxi: los desafíos del presente” que, la situación con la frontera norte tiene desafíos a los cuales debe hacer frente, en específico explica que hay flujos de bienes ilícitos como son armas y drogas. Así también en el apartado de “Riesgos y Amenazas” se encuentra por ejemplo que cuando se habla de “Fronteras, mares y flujos migratorios irregulares” que México debe profundizar en el fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte, esto a fin de identificar redes de alto riesgo, así como las vías de tráfico de armas, drogas y dinero.

Por ello, se estableció el Objetivo Estratégico 2 donde se señala que debe asegurarse que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva multidimensional, para conseguir tal objetivo se despliegan tres objetivos específicos, considerando el 2.3 “Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales del Estado Mexicano” asentándose que como potencia emergente es compromiso de la Nación con la preservación de la gobernabilidad, así también establecer iniciativas multilaterales para la resolución de aquellos conflictos que inciden sobre nuestro interés nacional. Para ello la Estrategia 2.3.5. indica que se van a impulsar iniciativas en foros multilaterales para contribuir a la Seguridad Nacional e Internacional desde una perspectiva multidimensional y en la línea de acción 2.3.5.4 expresa como sigue “Fomentar el debate internacional en torno a la definición de una nueva estrategia para hacer frente al problema mundial de las drogas”.

En congruencia el Estado Mexicano genera y participa en distintos foros en la materia, quizá el más importante en los últimos años se dio de enero a abril de 2016 a través de las Secretarías de Gobernación y de Salud, donde se convocó a profesionales en medicina, derecho, psicología así como a integrantes de la sociedad civil al “Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana”. En abril el Presidente de la República presentó una iniciativa para permitir el uso científico y medicinal de esta sustancia, así como aumentar la dosis permitida de 5 a 28 gramos, la propuesta fue dictaminada pero prácticamente sólo se consideró su uso medicinal.

Por el contexto que se vive en Estados Unidos, diversos miembros de organizaciones como Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera de Causa en Común, así como Armando Santacruz miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante han expresado que se debe reabrir el debate y considerar cambios en materia de legislación.

En suma ocurre que en México como en los E.U. se abrió un debate sobre cómo abordar el consumo de sustancias consideradas psicotrópicas o estupefacientes o simplemente drogas, así lo establece nuestra política de seguridad nacional. Lo cierto es que estas sustancias al ser prohibidas generan una economía ilegal, que alimenta organizaciones criminales con altas posibilidades de corromper el aparato institucional, de comprar armas en la frontera norte en la mayoría de los casos, y de infiltrarse en la vida política. Este conjunto de factores ha supuesto una tensión con el vecino país dada su insistencia en mantener un enfoque de confrontación ante el consumo de drogas de su población mediante las presiones a México, basta recordar los tiempos de la certificación en el combate a las drogas que se derivó de la  Ley contra el Abuso de Drogas de 1986 y sus significados, en la práctica, intervencionistas denunciados en repetidas ocasiones por la comunidad internacional.

Una situación por lo menos paradójica es que mientras al interior de los E.U. se promueven iniciativas para permitir el uso legal de esta droga ocurre que desde su política de seguridad nacional y regional se insiste en una postura tendente a incrementar la cooperación para confrontar por cualquier medio el narcotráfico, donde la mariguana es un tema clave. Ante el cambio en la situación jurídica que quizá habrá de alcanzar a la Ley sobre Sustancias Controladas de ese país, habría de establecerse un visión por lo menos más clara sobre si en lo sucesivo se considerará materia de seguridad regional el tráfico de mariguana en la frontera norte o si lo tratará como un tema comercial o fiscal, en ese marco, también habría de esclarecer si este camino también se ampliará para el consumo de cocaína y opio.

Nuevamente reaparecerá el debate relativo a si en los estados en que se aprobó el uso recreativo y medicinal de la planta se permitirá su importación, y en el caso mexicano se insistirá en ponderar si en alguna forma o medio se podrá participar en este mercado a través de su producción y comercialización legal, pues de otra forma se tendría un mercado protegido en aquella nación que a su vez establecería una situación por demás compleja: un país que produce, distribuye y consume mariguana de manera legal, que tendría tensiones en materia de seguridad regional con otra nación que prohíbe la producción y el consumo de esta planta pero que ante el mercado existente es fuente de una economía ilegal que alimentaría el mercado norteamericano sin pagar impuestos y sin sujetarse a la serie de restricciones que previó la propia iniciativa para su uso medicinal y recreativo.

La comercialización de la mariguana es parcialmente legal para fines recreativos allá  y totalmente ilegal aquí, y quizá se insista en que siga siendo ilegal aquí, y en particular su comercialización, lo cual se percibe como un tema prácticamente de comercio internacional dado que hay una serie amplia de sustancias con alto potencial psicotrópico que se venden en el orden mundial aunque su consuMo sea sólo medicinal, la pregunta que flota hace tiempo en el ambiente, es si México podría por alguna vía legal vender a los E.U. mariguana para fines médicos y de investigación e incluso recreativos.

En todo caso, en el fondo de las cosas el debate es ético. Las posturas tendentes a prohibir el consumo de drogas en nombre de la salubridad general del Estado han mantenido un debate con las que sostienen que el individuo es libre de elegir lo que quiere o no consumir y que el Estado no puede erigirse en un decisor de las preferencias precisamente individuales. Lo cierto es que a la mitad de este debate y sus consecuencias jurídicas, políticas y económicas están finalmente las posiciones en materia de seguridad nacional de ambas naciones, a que en el caso mexicano las prioridades estén en el narcotráfico y el terrorismo, y a que día con día las mafias del crimen lastimen el tejido social con recursos de procedencia ilícita que provienen en su mayor parte de la venta de drogas al vecino país.

Este debate tiene la mayor trascendencia pues México destina miles de millones de pesos, y compromete las vidas de miles de militares y civiles cada año para combatir el narcotráfico, recursos que debieran destinarse a otras esferas como la educación, la salud, y la seguridad social, e incluso un capítulo de la cooperación internacional –Iniciativa Mérida- tiene por destino prioritario este combate a las drogas. México ha hecho bien en asumir este debate  en que desde nuestra soberanía habríamos de decidir lo mejor para la nación.