Nuestra aún pendiente “Tercera Vía”

El término “tercera vía” se hizo usual en las ciencias sociales cuando Anthony Giddens, quien fuera asesor del ex primer ministro Tony Blair lo ocupó para referirse a la renovación de las socialdemocracias. Aunque el concepto no es exclusivo del teórico británico sí tuvo impacto en el replanteamiento de esta postura política ante los grandes problemas que se registran en diversos países tras el surgimiento de orden económico mundial asentado en la economía de la calidad, la globalización de los capitales, y la revolución de las comunicaciones.

Por ello, la llamada “tercera vía” analiza las transiciones que se dieron a finales del siglo xx, considerando la época: el desarrollo tecnológico, así como el declive en el consenso de bienestar, el descrédito del marxismo ocurrido a en la última década del siglo pasado, así como la crítica hacia el neoliberalismo en especial por su dinámica interna tendente a la exclusión y la desigualdad social. En este contexto es que se propone la tercera vía como nuevo mecanismo que contemple el paradigma de la globalización y ampliación de los mercados a la par que busque una sociedad más justa y redistributiva.

Justamente este último concepto ha llevado a la teoría social en personalidades como John Rawls y su libro Teoría de la Justicia así como en épocas más recientes con Amartya Sen con La Idea de la Justicia, quienes explican que la sociedad contemporánea requiere mecanismos para evitar las grandes inequidades que la caracterizan. Para ello Rawls indica de qué manera se debe redistribuir la riqueza de forma más equitativa.

Que México sea en términos sociales y económicos profundamente desigual refleja un problemática multidimensional que parte del arreglo institucional actual

A partir del entendimiento de la tercera vía, en donde ni el neoliberalismo ni las posturas marxistas permitían el desarrollo de la población en su conjunto y con los trabajos de Rawls y Sen sobre justicia, Naciones Unidas elaboró los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, mejor conocidos como Objetivos del Milenio, donde se plantea: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) lograr la enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, 4) reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Estos objetivos están diseñados para ayudar a los más pobres del mundo pero en evidencia requiere un cambio en el orden de las instituciones, y ello supone que los partidos políticos lleven propuestas de gobierno que se propongan precisamente una transformación de las instituciones a través de la construcción de consensos racionales donde la distribución de la riqueza genere cambios en el orden del acceso a los derechos, pero que sobre todo garantice un piso básico de derechos para todos.

El caso mexicano o si se quiere la circunstancia mexicana bien podría considerar estos debates, puesto que debido a los resultados expuestos por el coeficiente Gini, que se aboca a medir la desigualdad,  nuestro país tiene un coeficiente de 0.441 cuando el promedio es de 0.373. Es decir, México tiene mucha más desigualdad que el promedio de los países que se tomaron como muestra, dicho en otros términos México tiene el lugar 87 en nivel de desigualdad de 113 países muestreados.

Que México sea en términos sociales y económicos profundamente desigual refleja un problemática multidimensional que parte del arreglo institucional actual, en otras palabras, nuestras leyes y nuestras instituciones generan desigualdad social, y esto es así, porque las mejores expresiones de nuestras normas tendentes a la igualdad y la inclusión no se manifiestan en la capacidad actual del Estado mexicano para lograr que sean eficaces, y la eficacia se expresa en el modo concreto en que viven las personas, las familias y las comunidades.

Los datos antes señalados sobre los alcances de la desigualdad en México los confirma el Dr. Alejandro Tuirán Gutiérrez en el texto La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México quien explica que  uno de los problemas de México es la creciente desigualdad en la distribución del ingreso, es un fenómeno que persiste en el tiempo y se ha convertido en uno de los rasgos más característicos de nuestra economía y sociedad. México es un país de contrastes, quizá sea nuestra cotidianidad, pero no debiera ser así, porque las corrientes históricas que han definido el mosaico de nuestro deber ser como nación son equidistantes de la evidencia de cada día. Por ello, es que necesitamos un nuevo arreglo institucional,  recuperar la vocación transformadora en la acción del Estado, y construir políticas auténticamente públicas que sumen las capacidades del Gobierno y de la sociedad civil.

Otra de las vías para percibir los alcances de la desigualdad se expresa en el modo precisamente en que se distribuye la riqueza que nuestro país produce, en tanto que si bien hay crecimiento ocurre que a la par la desigualdad persiste, el tema no es más o menos pobres, el tema es si disponemos de las instituciones, de las leyes   y de los acuerdos que permitan reducir sistemáticamente la marginación social, llámese pobreza extrema, intermedia o baja.

En efecto, si bien México presenta un crecimiento positivo de su PIB, de acuerdo con datos del Banco Mundial, en este sentido se tienen las siguientes cifras: 1) 2010 creció 5.11, 2) 2011 fue 4.04, 3) 2012 fue de 4.01, 4) 2013 de 1.34, 5) 2014 de 2.25 y 6) 2015 de 2.54;  no se han reducido en la forma esperada los índices de pobreza, por ello habría que pensar en nuevas formas de redistribuir el ingreso para que tenga la cualidad de ser redistribuido entre la ciudadanía, considerándose además que esta distribución no significa sólo repartir dinero, sino potenciar la inversión social logrando formar nuevas capacidades que permitan a personas y comunidades recuperar su autonomía.

Continuar una política social que hace a las personas dependientes del gobierno no pareciera ser la mejor opción a vistas de los resultados de los programas sociales que los partidos políticos de todo signo han promovido durante casi tres décadas.

Sí necesitamos un cambio de mentalidad, pero no se trata de una forma específica de pensar, sino de una forma de construir en común, sólo tenemos una nación y el estado que guarda no  es el mejor, nuestros arreglos  institucionales generan desigualdad, la marginación social no cede, y el descrédito de la política se incrementa a vistas de la incapacidad por traducir en evidencias lo que dictan nuestra leyes. México precisa un nuevo pacto social que nos acerque, que nos permita ser en nuestras diferencias, y que fracture las dinámicas de desigualdad. Nuestra tercera vía aún está a la espera, y no tenemos mucho tiempo para diseñarla, acordarla y sobre construirla.