El presupuesto federal ante la cámara de diputados
De acuerdo con las Naciones Unidas en el documento Situación y Perspectivas para la Economía Mundial se proyectó que para 2016 y 2017 habría una leve mejora del crecimiento económico a escala global, esto planteado en cifras implica que para estos años se proyecta que el crecimiento se dará entre 2.9% y 3.2% respectivamente. Sin embargo, el mismo reporte explica que a pesar de esta situación, a los gobernantes les ha sido complicado y continúan teniendo dificultades para estimular la inversión y reavivar el crecimiento en sus entidades.
La OCDE prevé un menor crecimiento esto debido al alza en las tasas en Estados Unidos y reveló que la estimación de crecimiento de la nación mexicana será de 3 por ciento para el año 2017. Los principales problemas que nuestro país enfrentó en este año 2016 fue una debilidad de la demanda mundial y caída en la producción de petróleo.
En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México (Banxico) correspondientes a julio de este año identificaron como problemáticos para la economía mexicana la debilidad del mercado externo y la inestabilidad financiera internacional como los principales factores contra el crecimiento del país.
El 24 de agosto de 2016 la calificadora Moody’s aseguró que para que México no pierda la calificación soberana debe mantener la prudencia fiscal lo cual implica que el gobierno tenga la capacidad de controlar y reducir sus gastos con lo que se pueda estabilizar la cifra de la deuda, así como poner en orden a Pemex ya que la institución petrolera se encuentra con problemas y su estructura financiera pesa sobre sus acreedores.
Así también Stándar & Poor’s también cambió la calificación para México, en específico modificó de “estable” a “negativa” la perspectiva de sus notas para CFE y PEMEX, argumentando que hay un bajo crecimiento de la economía, así como que nuestra nación es vulnerable a problemas externos y a una deuda pública importante. Esta misma agencia anunció que la economía mexicana crecerá este año 2% y cerca del 3% entre 2017 y 2019.
Para que México no pierda la calificación soberana debe mantener la prudencia fiscal lo cual implica que el gobierno tenga la capacidad de controlar y reducir sus gastos con lo que se pueda estabilizar la cifra de la deuda
El contexto internacional no ayuda a mejorar esta situación, de acuerdo con el investigador Miguel Ángel Díaz Carreño en su documentoPerspectivas del crecimiento Económico de México en 2015-2016, existe una fuerte inestabilidad debida a la Recesión Económica Mundial que se presentó de los años 2007 al 2009 y que impactó en México; recientemente, señala el mismo investigador durante el año 2015 se presentó una desaceleración económica que podría mantenerse durante los siguientes dos años de acuerdo con las perspectivas del FMI y de la OCDE.
Bajo estos análisis se aprecia un contexto internacional de bajo crecimiento, donde la economía mexicana podría estar exenta, más aún si se considera que de acuerdo con datos del INEGI en 2015 el crecimiento del PIB se incrementó en un 2.6%.
En realidad hace ya veinte años que la economía a escala global crece poco, que las crisis financieras son recurrentes, que la especulación campea afectando con severidad a las economías más débiles y que los nuevos factores de poder internacional presionan sobre el mapa de decisiones de los países con menor capacidades y recursos, lo anterior al seno de una tendencia ominosa en que la desigualdad mundial y al interior de las naciones se profundiza. En suma, en el actual modelo de creación de riqueza los costos se socializan mientras que los beneficios se privatizan.
Otra serie de datos nacionales de especial complejidad son la caída de los ingresos prevenientes de las exportaciones petroleras, el costo de la deuda interna, los pasivos laborales en las instituciones de seguridad social, un nivel de recaudación que sigue atrapado en la inacción de las administraciones locales donde los municipios se muestran histórica y tendencialmente renuentes a cobrar impuestos, en especial, el predial; y considerar a su vez la necesidad de mantener las inversiones en infraestructura, educación, salud, vivienda, desarrollo regional, programas contra la pobreza e infraestructura social básica.
Los recursos fiscales están limitados por este conjunto de factores, y cada año las presiones aumentan en rubros sustantivos como los sistemas de seguridad social, el costo financiero de la deuda externa e interna, y la necesidad de estabilidad macroeconómica ante la especulación financiera internacional. México es una nación de sobra vinculada a la economía norteamericana a la que le vendemos ocho de cada diez pesos, con la que compartimos la frontera más grande del mundo, y donde el factor Donald Trump aún no puede descartarse.
Habrá que pensar en las próximas semanas no en cómo gastar más sino en cómo puede haber mayor equidad en lo que cada persona aporta al pago de impuestos, lo cual es por demás difícil cuando estamos en escenarios políticos que privilegia el escándalo, la denostación y la estridencia. La racionalidad en el ejercicio del gasto debe verse en función de lo que se necesita y sus resultados, pues mantener disponibilidad financieras para programas de gobierno cuyo sello distintivo es el subejercicio se convierte en un despropósito público cuando se tienen necesidades reales y efectivas en el área social y de inversión pública.
Finalmente, más tarde o temprano habrá de analizarse, y esperemos sea al seno de un diálogo nacional abierto y plural, el papel de los programas sociales para revertir la pobreza, a la fecha de invierten miles de millones de pesos en transferencias de recursos a los sectores más desprotegidos que a la vuelta de más de veinte años no se aprecia que hayan reducido de manera significativa los niveles de pobreza y menos aún de desigualdad social. El presupuesto frente al Congreso es un tema que también debiera dejar de analizarse cada fin de año y a veces hasta al límite del tiempo constitucionalmente establecido, en cambio se requiere un diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con mayores niveles de eficiencia y eficacia para responder a los retos internos y externos que enfrenta nuestra nación, como también se requiere de mayor responsabilidad en todos los niveles de gobierno para que la ciudadanía conozca cabalmente en qué y como se ejercen los recursos provenientes de los impuestos que todos pagamos.