Sistema Anticorrupción y de Transparencia, por un cambio institucional en el país.

La autora es Fabiola Garibaldi analista política de COPARMEX Jalisco

Nos encontramos ante oportunidades cruciales de cambio institucional en nuestro país.

Una de ellas la representa el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos elementos de prevención, investigación y sanción en los casos de impunidad y corrupción, así como de fiscalización y control de los recursos públicos, son necesarios para erradicar las malas prácticas de corrupción que aquejan todos los sectores de nuestra sociedad, además de reestructurar el papel de las instituciones y la confianza de la sociedad hacia las mismas.

Para que el sistema nacional cuente con las herramientas de control y regulación de las acciones de combate a corrupción, son claves la inclusión de los ciudadanos en la reglamentación y la definición de sus leyes secundarias. Durante algunos días, el Senado de la República en conjunto con representantes de sociedad civil discutieron y propusieron cada una de las leyes que contemplan la reglamentación del sistema, y lamentablemente, hasta ahora no se han llegado a los acuerdos requeridos. Sin embargo, al parecer los equipos técnicos de las Comisiones dictaminadoras están agrupando los documentos que podrían ser producto finalmente de consensos grupales, aunque sin ejercer ya un mecanismo de parlamento abierto.

Otra de estas oportunidades implica consolidar a la transparencia como un pilar de los asuntos públicos del país, integrándola de manera homogénea en todas las dependencias y sujetos que ejerzan recursos públicos y haciendo valer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, esto es el Sistema Nacional de Transparencia.

El Sistema Nacional de Transparencia surge en la Ley General de Transparencia, aprobada en abril de 2015, dentro de una gama de mejoras en las practicas de transparencia en el país. Producto de ello, dos meses después se creó el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, quien es el órgano encargado de coordinar el sistema y está integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Organismos garantes de la transparencia en los estados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A pesar de que este consejo ya está integrado, la operación del Sistema ha implicado pasos lentos, la armonización de las leyes en materia de transparencia y protección de datos en los estados no ha tenido la suficiente voluntad, aún faltan 22 estados y el plazo vence el próximo 5 de mayo, y se contempla que en esa fecha arranque de manera oficial la implementación del Sistema Nacional de Transparencia.

Es importante que en el sistema se trabaje por coordinar los diferentes esfuerzos y labores en materia de transparencia que se hacen diariamente desde instituciones y sociedad civil, es esencial que se apliquen sanciones firmes a quienes no atiendan la Plataforma Nacional de Transparencia (también creada a raíz del Sistema) y se homologuen los criterios y mejores prácticas de acceso a la información en el país.

Sin duda, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Nacional de Transparencia enfrentan retos importantes en definición y operación, ambos necesitan ser robustos y suficientemente eficaces para representar un cambio real. Y de su articulación dependen bastante las transformaciones que puedan partir desde nuestro marco normativo hacia el sistema político e institucional.

Siendo positiva, se avecinan importantes avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y todo ello, a razón del aumento de la participación ciudadana en los asuntos públicos.