Nuevo León vanguardia del Nuevo Sistema de Justicia.

La nueva justicia penal en nuestro país representa el resultado de una de las reformas constitucionales más ambiciosas en  la historia jurídica de México, se trata de lo que de forma común se conoce como reforma integral porque impacta todas las áreas o instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia, en otras palabras, ahora policías, ministerios públicos, jueces, peritos y facilitadores,  entre otros funcionarios públicos tendrán que trabajar con nuevos principios, con otras funciones y de una manera completamente diferente a como lo venían haciendo en el llamado sistema tradicional. Dejamos atrás la era de los juicios donde sólo unos cuantos sabían lo que pasaba, de los expedientes interminables que se medían por tomos o por kilos, y de procesos penales que en el mejor de los casos podían durar años. 

Algunas de las innovaciones jurídicas que trae la reforma penal en México y en Nuevo León son las siguientes, y el lector disculpará la forma simple de exponerlas pero también es cierto que la nueva justicia penal apuesta por una justicia que se entienda. Por ejemplo antes la víctima del delito ni existía en los procesos penales ahora es parte activa y tiene derechos entre estos, el de hablar directamente al juez; antes en los juicios, pocas veces el juez se aparecía por ahí, ahora en todas las audiencias el juez debe estar presente; antes había un solo juez para todo, ahora hay un juez que determina en una audiencia inicial si una persona debe estar o no en la cárcel para llevar su proceso, otro juez, tiene la tarea de llevar los juicios orales; y otro tiene la responsabilidad de la ejecución de las sentencias; antes los juicios eran de papel que sólo los iniciados entendían, ahora los juicios son públicos, además se graban y pueden estar presentes todos los involucrados, con algunas excepciones todas justificadas. La lista podría seguir, pero lo cierto es que en Nuevo León conocemos estos cambios, porque en cuanto a la implementación de esta reforma somos uno de los estados más avanzados en el país, quizá el segundo a nivel nacional, y estamos en este nivel por el esfuerzo de la sociedad, de los tres poderes públicos, de las universidades y  de los medios de comunicación.

Ha de subrayarse que transformar una cultura en que todo era cárcel, no es sencillo, porque el nuevo sistema prevé que en delitos que no son graves es posible resolver las controversias entre víctima e imputados a través de la justicia alternativa, donde con un facilitador se llegan a acuerdos para resolver los problemas. Se trata entonces de reparar los daños causados a las víctimas y de lograr que las personas se responsabilicen de sus actos antes de recluirlas por delitos que no ameritan la pérdida de la libertad, obvio es decir, que los delitos graves se van derechito a proceso penal y que no existen estos mecanismos, aunque si existen los que permiten que un imputado reconozca el delito que cometió para abreviar el proceso y no llegar a juicio y reciba su penalidad con algunos beneficios, claro que de todos modos tendrá que reparar el daño. 

El nuevo sistema de justicia penal que inició ya en Nuevo León para todos los delitos, nació de las exigencias, demandas y movilizaciones de la sociedad civil, empero, es un desafío sacarlo adelante porque para empezar es un sistema que requiere trabajar, que exige conocimientos, que implica usar las tecnologías de la información, y que precisa de instalaciones dignas y adecuadas, en todo esto, hemos avanzado de forma contundente en Nuevo León, y lo seguiremos haciendo porque así lo establece la ley, una ley que nació de la gente, de la demanda de una justicia pronta, y de una justicia que escuche a las víctimas del delito.  

Sin embargo, en las últimas cuatro semanas se ha generado un exiguo y triste debate sobre el nuevo sistema de justicia penal. Se dice exiguo porque lejos está de ser un debate real al estar fundado en percepciones antes que en evidencias, y se dice triste porque ocurre que algunos actores políticos e institucionales encontraron que politizar la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia puede generar dividendos ante una ciudadanía que reclama más y mejor seguridad, sin embargo, los costos de este actuar pueden ser mayores si se piensa con seriedad que construimos un nuevo sistema de justicia penal que pone a México y a Nuevo León en una ruta de modernización institucional.

Hace un mes un juez penal de Nuevo León dejó en libertad a cuatro personas sentenciadas que cumplían condenas que iban desde los 55 a los 90 años por el delito de secuestro, la razón jurídica consistió en faltas al debido proceso, esto despertó las más acres críticas en diferentes sectores sociales, y dentro de estas aparecieron las que cuestionan, desde hace tiempo la nueva justicia penal; el detalle del asunto, es que este proceso de los sentenciados acusados de secuestro se dio con lo que se conoce como sistema tradicional, es decir justo el que estamos dejando atrás; sin embargo las cosas no quedaron ahí porque el Gobernador del estado declaró sobre este caso que propondría modificar la ley del nuevo sistema de justicia penal porque consideró que era un error la reforma constitucional, y “que los diputados se equivocaron implementar un sistema de primer mundo en un país de tercer mundo”. Para cerrar anunció que, durante su próxima participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), propondría reformar el Sistema de Justicia que en Nuevo León fue implementado en su totalidad apenas en junio de 2015 para los delitos del fuero común, y que el 29 de febrero de este año entró en operación con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos federales.

Hasta ahí las cosas, ya se veían complicadas, porque cuestionar la nueva justicia penal por un caso juzgado con el anterior sistema muestra necesidad de mayor información, sin embargo unos días después el Gobernador habló sobre una propuesta de ley para evitar el supuesto de capturar delincuentes para que luego sean liberados por los jueces. Estas declaraciones nacieron de las criticas que lanzaron algunos presidentes municipales al Poder Judicial, lo más extraño del asunto es que pareciera que se piensa que volver al pasado o dejar las cosas que no funcionan como están, podría ser la solución a un problema que demanda visión hacia futuro, trabajo en equipo y decisiones conjuntas.

Resultó que los alcaldes metropolitanos junto con el Gobernador declararon que mandarían un exhorto al Poder Judicial del Estado para que publique los criterios del nuevo sistema. Aunado al impulso de una eventual iniciativa de reforma a la Ley, el exhorto buscaría que los jueces publiquen los criterios que usan “para liberar a acusados de diferentes delitos”, además de exigir al Poder Judicial a involucrarse en el tema y ayude a las autoridades ejecutivas a combatir las deficiencias que presuntamente se traduce en delincuentes sueltos.  Sin duda, se trata de una forma peculiar de pedir la colaboración del Poder Judicial, más aún si se piensa que el Gobernador, reconoció la falta de capacitación de las policías. 

El ejecutivo estatal dijo a los medios de comunicación que habló con el director de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)– la CONAGO no tiene un Director– para analizar los errores que a su dicho existen en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y en base a estos esperar para su implementación “Es una reforma constitucional que no es tan simple, tan sencilla de entenderla en toda la percepción, tuvimos ocho años para capacitar a la policía y no lo hicimos, y nuestro principal problema hoy es la capacitación,” lo más extraño quizá de las declaraciones del Gobernador sea la siguiente “una posible alternativa sería ampliar los tiempos de implementación de la reforma penal, que debe instrumentarse en su totalidad el próximo mes de junio” el caso es que en Nuevo León la reforma ya funciona en su totalidad en el ámbito local y federal, es decir, cubre a todos los habitantes del estado, en todo el territorio y en todos los delitos, aquí el tema del Poder Ejecutivo no es la materia de debate, ni la información jurídica, sino al parecer el dominio del calendario.

Quizá sea tiempo de dejar declaraciones generales y transitar hacia cómo continuar el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia penal acusatorio y cómo fortalecer el diálogo y la colaboración entre poderes. Si hay problemas con una de las mejores policías del país, que es la que tenemos en Nuevo León, hay que resolverlos, si se necesita diálogo entre poderes existen conversatorios donde los funcionarios de las instituciones del gobierno del estado y del poder judicial llegan a acuerdos sobre cómo mejorar el funcionamiento del sistema. La colaboración nos hace falta, no la estridencia que fractura, necesitamos trabajar con base en indicadores y en problemas bien localizados para que en Nuevo León todos tengamos acceso a una justicia fundada en el debido proceso.