De la elección ciudadana al gobierno ciudadano

En Nuevo León se dio la circunstancia de que un candidato ciudadano o independiente obtuvo el triunfo electoral para la Gubernatura, la elección en sí misma representa un desafío aún para el análisis político, para la sociología política y hasta para los teóricos de la alternancia en el poder. Mucho se ha escrito ya sobre las motivaciones e intencionalidades relativas a la elección popular que arrojó este resultado, pero lo cierto es que la ciudadanía de Nuevo León se decidió por una opción distinta que no pasara por un candidato que representase el emblema de un partido político, ese sólo hecho, ya es sintomático de la compleja situación que atraviesan los partidos políticos en México y en el mundo, en tanto instancias de representación y mediación racional en la lucha por el poder político y en su capacidad para procesar los objetivos nacionales, demandas y aspiraciones sociales.

Sin embargo, y del mismo modo en que se reconoce que la ciudadanía optó por un candidato no adscrito a una filiación partidista, lo cierto es que los partidos políticos existen y que sectores de la ciudadanía también confiaron en otros actores políticos para que los representen. También es cierto que los partidos son instituciones de interés público y que más allá de la coyuntura continúan realizando sus respectivas agendas de trabajo al seno de la vida social,  la cual tiene en el Congreso del Estado la síntesis y expresión de la pluralidad que nos define como sociedad democrática y diversa; y en ese marco, también existen organizaciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones educativas y ciudadanos que actúan política o en su caso socialmente y que esperan resultados concretos del gobierno, sea de donde sea y provenga de donde provenga.

En este contexto y a unos meses de las elecciones en Nuevo León que arrojaron la actual estructura de poder y representación política se han dado una serie de coyunturas sucesivas que en diferentes tonos e intensidades arrojan un saldo de desencuentros entre los poderes del Estado y en especial una especie de tensiones constantes ante los medios de comunicación por cargos y descargos relativos a responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas derivados de los problemas cotidianos que se presentan en la entidad.

La exhibición mediática de estas posturas sólo es la expresión pública de las diferencias que prevalecen al interior del Gobierno del estado, y de una serie de problemas que a falta de un procesamiento interior se ventilan en los medios, empero esta situación trasciende el debate por tener razón ante la opinión pública, el desafío radica en construir condiciones políticas para la gobernabilidad del estado de Nuevo León, porque de esa gobernabilidad dependen en importante medida la estabilidad política y el desarrollo social y económico.

Todo gobierno tiene la responsabilidad de trabajar para la consecución de los objetivos e intereses nacionales, para establecer un Plan de Gobierno, y para desplegar las políticas públicas concretas que den una orientación al esfuerzo colectivo para alcanzar el bienestar y el desarrollo. Sobra decir, que un gobierno que vive en medio de tensiones, de crisis sucesivas y de falta de acuerdos sobre qué hacer y cómo hacerlo representa un alto costo público donde todos pierden, en especial y de forma directa la ciudadanía.

En varios sentidos la arquitectura jurídica de nuestro país ha previsto una circunstancia  política similar. Por ejemplo el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral XVII indica que entre las facultades del Ejecutivo se encuentra “En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. […] El gobierno de coalición se regulará por el convenio y los programas respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.” Si bien diversas definiciones prevén los gobiernos de coalición orientadas hacia gobiernos de corte parlamentario, y si bien la Constitución de Nuevo León muestra un déficit en este sentido, lo cierto es que en el caso mexicano, que es de corte presidencial, se trata de lograr que en el ejercicio del poder se establezcan alianzas con otros grupos. Esto significa que los grupos que se coaligan estarían a favor del trabajo común con metas en que actuarían en consonancia. La idea es que para que un gobierno funcione requiere acuerdos y negociaciones entre partidos y distintos actores, con lo cual se fortalece la democracia y se evita la parálisis legislativa y también ejecutiva.

Otra ruta que se muestra como una alternativa o ruta de salida a lo que acontece en Nuevo León es la que siguió el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto al generar un Pacto en que se establecieron acuerdos comunes entre las principales fuerzas políticas nacionales, privilegiándose los intereses y agendas coincidentes para avanzar en una ruta de reformas por décadas detenidas precisamente por falta de acuerdos, por problemas poselectorales, o bien por desencuentros sucesivos derivados de actos de gobierno que poco abonaron a la modernización del Estado mexicano.  El Pacto por México significó un punto de inflexión que generó un nuevo momento político nacional donde reformas trascendentes para la ciudadanía como es el caso de la educativa pudieron realizarse en beneficio de las niñas, los niños y los maestros del país.

Si se considerara que la idea de un Pacto por Nuevo León no es transitable, puede optarse por la figura de Acuerdos de corte programático para la cooperación entre los poderes del Estado, donde las fuerzas políticas y representaciones sociales tengan un lugar en la construcción de un gobierno coordinado y plural. Lo cierto es que el estado actual de la hacienda pública, el deterioro en la calidad de algunos servicios públicos, las necesidades crecientes de la población, y sobre todo el imperativo de establecer un rumbo colectivo, requieren un ejercicio de imaginación política para generar un gobierno coordinado, activo e inteligente que le sirva a la ciudadanía.

Un gobierno ciudadano reconoce a los partidos y sus representaciones, un gobierno ciudadano trabaja con todos en lo que es eminentemente público y de beneficio colectivo, sin prescindir de sus ideas y proyectos. Esta misma responsabilidad le toca al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los partidos y a las organizaciones políticas o no políticas para construir un gobierno en que todos tengan un lugar en lo que hay que hacer y en el cómo hacerlo.

La división es un despropósito y una pérdida mayor de capacidades y recursos en un momento donde lo que necesitamos es superar retos; se requiere mesura, diálogo y acuerdos concretos para dejar atrás las estridencias sin soslayar las responsabilidades que existan en el marco de la ley. Nuevo León es un gran estado y requiere un gran gobierno, nada se pierde por trabajar bajo una agenda común en que nadie tenga que claudicar a sus principios e ideas, pero eso sí, todos tenemos que ceder para tener algo que nos sirva a todos, de eso se trata la política. La diversidad que trajo la alternancia en el poder debe ser procesada con imaginación política, inclusión ciudadana, y capacidad de acuerdos, para dejar de una buena vez atrás lo que nos separa y nos divide.