Madres, jefas de hogar y criminalizadas: La población penal femenina en Chile aumenta un 56%

Chile es solo el segundo lugar en Latinoamérica con mayor tasa de mujeres privadas de libertad. En la mayoría de los casos, estas mujeres son madres, jefas de hogar y el único sustento económico de sus familias.

Según datos del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el 59,3% de las mujeres cumplen condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas, frente al caso de los hombres que la cifra representa un 24%. Este incremento sostenido se produjo entre 2020 y 2022, muchas veces involucrándose debido a situaciones de extrema necesidad económica, vulnerabilidad o coerción.

Actualmente, ese porcentaje de mujeres cumple condena por microtráfico, la venta de pequeñas cantidades de droga. Como la mayoría de las reclusas son jefas de hogar y el único sustento económico de sus familias, optan por la venta de droga a pequeña escala desde el hogar o plazas locales, ya que es una forma rápida de generar ingresos sin abandonar las labores de cuidado doméstico.

En 2005, cuando la Ley 20.000 fue promulgada, las penas para el microtráfico se endurecieron  y a la par, disparó el encarcelamiento femenino. Existe un abuso recurrente de la prisión preventiva en casos de microtráfico, donde las mujeres pasan largos períodos (hasta 18 meses o más) privadas de libertad a la espera de un juicio o condena.

Una investigación publicada en El Desconcierto, analiza el impacto del narcotráfico y la persecución penal en las mujeres en Chile y plantea una interrogante crucial: si el narcotráfico va en aumento y las mujeres privadas de libertad también han aumentado, ¿de verdad son las mujeres responsables?

Otro reportaje del mismo medio revela que las mujeres no participan en el tráfico a gran escala ni en liderazgos, sino que se ubican en la base y en los escalones más vulnerables de las redes criminales. Además, su participación en el delito suele ser pasiva y no violenta.

Estos datos también traen a la luz una realidad invisibilizada: el abandono familiar de las mujeres privadas de su libertad. 

Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo y académica de la Facultad de Comunicaciones UC, explica que la experiencia carcelaria es muy solitaria. “Estas mujeres nos contaban que se demoraron meses en saber qué había pasado con sus hijos. Les perdieron el rastro porque es ilegal tener teléfonos adentro del penal”, explica. A eso se le suman las precariedades cotidianas, ya que los baños suelen estar en malas condiciones, pueden haber insumos básicos insuficientes y viven en dormitorios compartidos de unas 20 personas, careciendo de privacidad.

Muchos especialistas señalan que el discurso punitivo y el encarcelamiento sistemático no resuelven los problemas de seguridad. Además, generan un daño profundo en las familias y en la vida de miles de mujeres. Para ello, proponen evaluar la gravedad de las infracciones considerando el contexto socioeconómico y de cuidados, erradicar el uso excesivo de prisión preventiva en delitos de microtráfico y modificar los marcos legales que endurecieron las penas por venta a pequeña escala para permitir penas sustitutivas, como la libertad vigilada.

También señalan la importancia de prevenir la marginalidad con la protección educativa desde la infancia y la promoción del empleo formal orientadas a mujeres, así como la implementación de programas sociales efectivos y un sistema de cuidados para niños y adultos mayores apoyado por el Estado, para que ninguna otra mujer tenga que asumir las responsabilidades solas.