La ‘Patrulla Espiritual’ opera sin regulación y vulnera los derechos de la comunidad LGBTQ+, denuncian organizaciones y colectivos

La Patrulla Espiritual es un grupo vinculado al centro de rehabilitación Jireh en Tijuana, Baja California. Esta organización se dedica a recorrer las calles en camionetas buscando a personas en situación de calle o con problemas de adicción, con el objetivo de internarlas en sus centros de tratamiento. Sin embargo, sus buenas intenciones no siempre se traducen en respeto e igualdad, principalmente para las personas LGBTQ+.

¿Qué sucedió?

En un video que circuló en las redes sociales del proyecto Patrulla Espiritual, se identificó a una mujer trans siendo interceptada, subida a la fuerza a la camioneta contra su voluntad y sometida a actos degradantes, como ser obligada a reconocerse como hombre, cortar su cabello y ser vestida con ropa masculina.

Este tipo de prácticas, como el traslado sin consentimiento, la exposición pública en redes, la malgenerización y la imposición de códigos de género, es conocido como esfuerzos para “corregir” la orientación sexual o identidad de género de una persona, los cuales ocurren bajo el nombre de terapias de conversión, conocidos como ECOSIG.

En México, los ECOSIG están prohibidos y sancionados legalmente tanto a nivel federal como en Baja California. Sin embargo, estos pueden ocurrir bajo discursos de salud mental, rehabilitación, disciplina, acompañamiento espiritual o corrección conductual. Tal como sucedió en este caso. 

¿Cómo opera la Patrulla Espiritual?

Esta agrupación, liderada por Jesús Ignacio Osuna Torres, se dedican a realizar recorridos en diversas zonas de la ciudad para identificar a personas en situación de vulnerabilidad, concretamente con problemas de alcoholismo o drogadicción. De esa manera, trasladarlas a centros de rehabilitación donde permanecen por semanas o hasta meses. 

Todas estas intervenciones son grabadas y publicadas en plataformas como TikTok y Facebook, lo que les ha otorgado una gran visibilidad viral, pero también críticas por la exposición pública de las personas vulnerables. Además, estos videos a menudo son editados a forma de burla o de manera sensacionalista. 

Denuncias por parte de colectivos LGBTQ+ y organizaciones

De acuerdo con organizaciones como Fundación Arcoíris, Coalición Mexicana LGBTTTIQANB+ y Red Solidaria Trans, estos hechos representan actos de violencia dirigidos específicamente contra la identidad y expresión de género de la víctima.

Además, señalaron que la constante burla e insultos sexuales fomentan la violencia psicológica. “La Patrulla Espiritual opera sin regulación, realiza levantamientos de personas vulnerables y promueve la violencia digital al exhibir a la persona solo por entretenimiento”, agregó el comité Orgullo Mexicali.

De igual manera, exigieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía para iniciar una investigación por tortura y delitos de odio, así como identificar a los responsables y se clausure el centro de rehabilitación Jireh. 

La fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que ya existe una denuncia penal formal y que las investigaciones se encuentran en curso. La investigación contempla el análisis del material audiovisual, entrevistas y solicitudes de información a diversas autoridades para establecer si se cometieron delitos adicionales.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, informó que el organismo abrió un expediente de oficio por una presunta violación a los derechos humanos de la mujer trans.

Al momento, ya lograron comunicarse con la víctima y confirmaron que se encuentra en buen estado. Sin embargo, todavía no cuentan con información completa sobre las condiciones del espacio donde permanece, cómo está siendo atendida y cuáles son sus condiciones médicas.

Hasta el momento, Patrulla Espiritual no ha emitido ningún posicionamiento sobre las acusaciones ni la investigación iniciada por las autoridades. Mientras tanto, colectivos y activistas continúan exigiendo una investigación exhaustiva, así como supervisión permanente de los centros de rehabilitación que operan en Baja California.