Axe Ceremonia: Fiscalía investiga omisiones fatales de 4 empresas por muerte de fotoperiodistas

A casi tres semanas del colapso de una grúa en el festival Axe Ceremonia que cobró la vida de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha intensificado su investigación sobre las cuatro empresas presuntamente responsables de las omisiones que derivaron en la tragedia.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la indagatoria ha entrado en una etapa crucial. El Ministerio Público ha realizado más de 35 entrevistas y más de 20 peritajes técnicos, incluyendo peritajes en seguridad industrial, criminalística, medicina forense y química. Los resultados preliminares apuntan a una cadena de responsabilidades compartidas entre compañías organizadoras, concesionarias y subcontratistas.

Las empresas bajo investigación son:

• La empresa encargada de presentar y supervisar el Plan de Protección Civil, cuyo plan fue aprobado sin considerar las grúas.
  
• Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, concesionaria del Parque Bicentenario.
  
• Grupo Eco, organizadora del festival y responsable del montaje.
  
• La subcontratista encargada de colocar las grúas, instaladas el mismo día del evento, sin registro previo ante la alcaldía.
  

De acuerdo con la Fiscalía, las grúas no formaban parte del plan presentado ante la alcaldía Miguel Hidalgo, y fueron colocadas el sábado 5 de abril, fuera de los márgenes de legalidad y supervisión. La estructura colapsó durante el festival, provocando el fallecimiento inmediato de los dos reporteros gráficos.

La fiscal Alcalde confirmó que en los próximos días se definirán las imputaciones penales contra los probables responsables. Las familias de Berenice y Miguel Ángel serán las primeras en conocer los cargos formales, en un intento por garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte, funcionarios públicos también han sido citados a declarar: al menos cuatro de la alcaldía Miguel Hidalgo y dos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya han rendido testimonio. La alcaldía, encabezada por Mauricio Tabe, ha rechazado cualquier responsabilidad, argumentando que durante la inspección del 4 de abril —un día antes del festival— no existía la estructura que causó el accidente.

En un mensaje grabado, Tabe aseguró que “todo estaba en orden” y reiteró que la instalación posterior fue una decisión unilateral de los organizadores, deslindando a la autoridad local de omisión alguna. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre posibles faltas en la supervisión y en la validación de los planes de seguridad, lo que podría derivar en sanciones tanto para particulares como para servidores públicos.

Esta actualización marca un paso importante en un caso que ha generado indignación por el nivel de descuido operativo y opacidad institucional. Lo que comenzó como una celebración musical, terminó revelando las grietas de un sistema donde los planes de protección civil parecen más trámite que blindaje, y donde las empresas operan en la frontera de la legalidad sin consecuencias claras.

La definición de imputaciones será clave para evaluar si la justicia realmente alcanza a todos los actores involucrados o si, como suele ocurrir en México, el colapso más grave no fue el de la grúa, sino el de la responsabilidad compartida.